El Mandatario de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra en Chile. Llega en un momento complicado para el Ejecutivo chileno, pues el Presidente Gabriel Boric este fin de semana debió aceptar la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y de su jefe de gabinete Matías Meza-Lopehandía, debido a las “desprolijidades” que hubo en el otorgamiento de 13 indultos. Lo que además llevó a Boric a un peak de desaprobación de 70%, de acuerdo con Cadem.
El tema de los indultos no le es ajeno a Petro, pues antes de finalizar el año él mismo también cumplió con una promesa de campaña y permitió la salida de prisión de dos “primera línea” colombianos. Éstos se enfrentaron a la policía en protestas ocurridas en 2021 contra la presidencia de Iván Duque.
En campaña, Petro les prometió que si ganaba serían liberados y el compromiso debía ser cumplido en los primeros 100 días de Gobierno.
Primero, Petro intentó tramitar un indulto o una amnistía a través de la ley de Paz de Total, pero fracasó. Finalmente, logró cumplir con su promesa vía decreto; aún en el primer tiempo de su gobierno, cuando todavía no se cumplían los cinco meses de gestión. En cambio, Boric lo hizo pasada su luna de miel, a casi diez meses de haber llegado a La Moneda.
A principios de diciembre, el colombiano anunció que los detenidos durante los disturbios ocurridos en el contexto de un Paro Nacional serían liberados antes de Navidad. “Este es el Gobierno del cambio y este lugar debe ser re dignificado, por ello anuncio que centenares de jóvenes detenidos por participar en protesta serán declarados gestores de paz antes de noche buena en Colombia”, afirmó en un acto llevado a cabo el 3 de diciembre.
El perdón de Petro en Colombia no es gratis
Medios colombianos reportaron entonces que podrían ser más de 200 los beneficiados. Sin embargo, hasta ahora son siete los nombres conocidos, de los cuales solo dos estaban libres antes de Nochebuena: Santiago Márquez Charris y Adriana Esperanza Bermeo Súa.
La noche del domingo 11 de diciembre, el Gobierno de Colombia hizo público el decreto que preveía que solo recobrarían su libertada las personas “sindicadas”, es decir, acusadas, por lo que los condenados seguirán pagando sus penas.
El decreto fue firmado el 9 de diciembre por el ministro del Interior, Alfonso Prada; el de Defensa, Iván Velásquez, y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano. Y junto con la libertad se establecían ciertas condiciones para los beneficiarios, como por ejemplo que deberán acompañar procesos de reconciliación en los territorios y serán supervisados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
El ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, explicó entonces que esta medida no significa un “perdón judicial”: “Acá no existe amnistía, indulto o perdón judicial. Todos los procesos judiciales de quienes hayan sido judicializados en medio de las protestas continuarán en manos de los jueces (…) Es una medida transitoria que nos permitirá utilizar de la mejor manera posible a los líderes juveniles que en medio de la protesta tuvieron un comportamiento que fue censurado por la justicia”.
El decreto también establecía la conformación de una Comisión Intersectorial para la Paz, que será la encargada de determinar quienes entre los 230 posibles casos podrían optar a convertirse en “voceros de paz”.
Entre las condiciones que fijó el Gobierno de Colombia también están que los beneficiados deben firmar un compromiso ante la Oficina del Alto Comisionado de Paz, en el que aceptan ser parte de la iniciativa y se comprometen a no cometer ningún tipo de delito o, de lo contrario, perderán los beneficios.
Además, se comprometen a “recibir atención psicosocial”, “rendir informes mensuales ante el Alto Comisionado para la Paz”, “certificarse en el diplomado virtual en Construcción de Paz y Gestión de Conflictos Sociales y Políticos” y “estudiar y trabajar”.
Los primeros en quedar en libertad
Si bien el Mandatario colombiano Gustavo Petro en principio dijo que la medida sería para “centenares” de detenidos; en la práctica hasta ahora han sido dos los beneficiados: un hombre y una mujer. La liberación de ambos se confirmó la noche del 21 de diciembre.
De acuerdo con la Fiscalía colombiana, Adriana Esperanza Bermeo Súa -quien se encontraba en el establecimiento de reclusión del Pedregal, Medellín, en condición de procesada- es investigada por el delito de empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos.
“Hay abundante material de prueba, videos, fotografías, audios y mensajes de que ella y las otras 12 personas elaboraron bombas incendiarias y otros artefactos para enfrentar a la Fuerza Pública. También, según el ente acusador, intimidaban a la comunidad y habrían exigido dinero para permitir el paso de motocicletas y vehículos durante las protestas”, indicó el ente persecutor, citado por los diarios colombianos.
Mientras, Santiago Márquez Charris estaba en el Centro penitenciario de alta y mediana seguridad de Girón, Santander, y también se sigue un proceso en su contra por supuesto empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos en Bogotá.
En su caso, el propio Petro compartió una foto del reencuentro de Márquez con su familia.
El 30 de diciembre, mismo día en que se informó que el Presidente Gabriel Boric indultaba a 13 personas -un exfrentista que ya había sido indultado antes y otros 12 condenados por delitos como saqueos, incendio y homicidio frustrado-, la Comisión Interinstitucional entregó a Petro una nómina conformada por 17 personas, procesadas por violencia en las marchas, para que el Jefe de Estado de Colombia defina si también los nombra “voceros de paz”.
El Gobierno del país cafetalero explicó, según el diario El Tiempo que “a los elegidos se les otorga la libertad condicional con el objetivo de que cumplan la misión de ‘desescalar la conflictividad social en el país, promover la reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica en el marco de la paz total’”.
Hasta el momento, se conocen los nombres de los siete primeros voceros de paz: Adriana Esperanza Bermeo Súa, Santiago Márquez Charris, Arles Andrés Bolaños Zemanate, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano Correa, Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza.
“Desprolijidades” aquí y allá
Al igual que en Chile, donde el perdón presidencial terminó con la salida de la ministra de Justicia y del jefe de gabinete del Presidente; en Colombia la decisión de Petro también ha tenido coletazos.
En ese país la Procuraduría General de la Nación denunció por presunto prevaricato por acción a la jueza que visó el procedimiento. Según el ente de control, debía ser un juez de control de garantías y no Lilyan Bastidas, coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá, quien firmara las órdenes de libertad.
“La denuncia fue radicada ante la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, al considerar que la funcionaria no tenía competencia para librar las boletas de libertad, y por el contrario se abrogó el conocimiento de la actuación sin dar traslado a uno de los jueces de garantías que se encontraban de turno, tal como lo indican las reglas de reparto establecidas”, declararon desde la Procuraduría colombiana.
Además, entre otras desprolijidades, señalan que la juez coordinadora “pasó por alto que las resoluciones remitidas por el Alto Comisionado para la Paz no dispusieron la suspensión de la detención preventiva, sino de las órdenes de captura”; y advierten que no quedó constancia de la norma que la facultaba para decretar su libertad.
En paralelo, un juez se negó a firmar las medidas de libertad condicional para otros dos jóvenes que fueron designados como voceros de paz. Se trata de Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza, vinculados al movimiento social «Los Sin Techo», según reportes del diario El Colombiano. El medio explica que el juez tomó la determinación ya que ambos jóvenes eran procesados por el delito de “avasallamiento”, relacionado con unas invasiones o tomas, que ocurrieron en 2022 y no durante el estallido social colombiano en 2021.
En Chile, la ministra vocera Camila Vallejo admitió que en el proceso de indultos no se cumplió con los criterios que impuso el Presidente, en particular en el caso de Luis Castillo. “Efectivamente si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta”, reconoció Vallejo. El caso también llevó a la renuncia del jefe de gabinete del Presidente Matías Meza-Lopehandía, quien debió hacer “el último filtro” en el tema de los indultos, y evitar que el beneficio fuese recibido por quienes tuviesen antecedentes complejos previos al estallido.
“Enmendar las injusticias”
Otro aspecto en común con Chile, de acuerdo con un comunicado publicado por el senador Humberto de la Calle, que lideró los diálogos de paz del Gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, es que “algunos voceros del gobierno, además, en defensa de la intención de concederles la libertad, llegaron a utilizar un argumento inaceptable: que el gobierno debía enmendar las injusticias de los jueces. Con razón, esta expresión fue rechazada por el Presidente del Tribunal de Bogotá”.
En el caso chileno fue el propio Presidente quien cuestionó al Poder Judicial en el caso de Jorge Mateluna, al asegurar “tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge” y “yo tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”. Fue entonces que la Corte Suprema le recordó al Mandatario chileno que la facultad de conocer de las causas civiles o criminales «pertenece exclusivamente a los tribunales» y que no le corresponde al Presidente ni al Congreso revisar o revivir procesos fenecidos.
Al igual que las críticas que recibió Boric en Chile, Humberto de la Calle señala que “una cosa es que las otras ramas puedan incidir en decisiones judiciales por razones de conveniencia o perdón (indulto por ejemplo) y otra es permitir que el Ejecutivo ‘enmiende’ supuestos errores que, de existir, solo corresponde a la propia justicia enderezar. Si prosperara esa tesis sería la negación del estado de derecho”.