Publicado el 07 de enero, 2020

La estrategia de Maduro para deslegitimar la Asamblea Nacional: compra de votos, corrupción y persecución a diputados

Autor:

Emily Avendaño

El domingo el régimen de Nicolás Maduro procuró que se eligiera una junta directiva del Parlamento venezolano a su medida. El acto ha sido calificado como un “golpe de Estado”. El Presidente encargado Juan Guaidó logró ratificarse en una sesión fuera de la sede del Legislativo. No obstante, los intentos del chavismo por acabar con la Asamblea Nacional, único Poder Público que se les opone, han existido desde el mismo momento de su elección en 2015: el Tribunal Supremo ha dictado 113 sentencias para “boicotear” al Legislativo, 90 parlamentarios han sufrido algún tipo de persecución política y en 2019 se denunció compra de votos en contra de Guaidó. 

Autor:

Emily Avendaño

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Hoy está llamada a sesionar la Asamblea Nacional de Venezuela -el Congreso- con un único punto en el orden del día: “rechazo de la toma y asalto militar al Palacio Federal Legislativo, impidiendo el acceso a diputados, en violación a la Constitución Nacional”. Juan Guaidó ratificado el domingo, con 100 votos, como presidente del Poder Legislativo venezolano y encargado del Poder Ejecutivo, al aplicar el artículo 233 de la Carta Magna de ese país reiteró ayer en una conferencia de prensa que en su país hubo un “golpe al Parlamento” y un “golpe de Estado”. 

“Militarizaron el Palacio Federal Legislativo y el Secretario accidental era un teniente coronel (de la Guardia Nacional) que decía quién ingresaba y quién no. Fue un asalto cruel y asesino en complicidad con los órganos represivos”, afirmó.

No obstante, esa “toma violenta del Parlamento”, como indicó el legislador venezolano, se venía fraguando desde el propio momento en que la oposición se hizo con el control de la Asamblea Nacional y se convirtió así en el único poder del Estado que no responde a los intereses de Nicolás Maduro, además, es el único Poder Público considerado legítimo en Venezuela por las 56 naciones que reconocen a Guaidó como Presidente encargado de ese país. 

El 5 de enero, además de impedir la entrada de Guaidó al Palacio Federal Legislativo, se autoproclamó como Presidente de la Asamblea Nacional Luis Parra en una sesión que no tuvo quórum, debate o votación. Ayer, Parra, quien se dirigió a los medios de comunicación desde el atril de oradores de la Asamblea, tuvo que admitir que no tenía la lista de diputados que votaron por él, la cual estarían solicitando a la Secretaría, que en la sesión del domingo estuvo ejercida por el el chavista Héctor Agüero, alegando que este era el diputado de mayor edad. Esto solo corresponde hacerlo durante el primer año de vigencia del Parlamento, en el resto debe hacerlo la directiva saliente. 

El mismo domingo en horas de la tarde en la sesión extramuros convocada por Guaidó para poder ratificarse en la Presidencia del Legislativo, el diputado Stalin González, que fungió como secretario accidental esta vez sí atendiendo al Reglamento Interior y de Debates, señaló que el acto de la mañana no tuvo validez al impedir el acceso al presidente de la junta inmediatamente anterior -Guaidó- a quien correspondía actuar como director de debates.

“No se pudo concretar la sesión en la sede del Poder Legislativo ya que fue militarizado. Había 127 diputados en el Palacio, ese era el quórum, solo faltaba el director de debate para instalar la sesión y ocurrió lo que ya conocemos: que algunos diputados tomaron eso por asalto e instalaron a unos diputados sin que hubiese una elección. No dejaron entrar al director de debate porque sabían lo que iba a ocurrir”, dijo González.

Parra recientemente fue expulsado del partido opositor Primero Justicia acusado de formar parte de un entramado de corrupción en torno a un programa de subsidios de comida CLAP -Comités Locales de Abastecimiento y Producción-. Era un diputado que no destacaba, y que formaba parte de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea. En diciembre, el portal de periodismo de investigación Armando.info develó que este formó parte de un grupo de parlamentarios encargados de hacer lobby para limpiar la imagen del empresario Carlos Lizcano, a cargo de las llamadas Tiendas CLAP y socio del colombiano Álex Saab, proveedor directo de este plan gubernamental, y sancionado por Estados Unidos acusado de enriquecerse “personalmente a través del incremento artificial del valor de contratos, lo que incluye el programa de subsidios para alimentos”.

De acuerdo con la investigación, los parlamentarios involucrados -varios de ellos relacionados con la Comisión de Contraloría- “conformaron una comisión oficiosa para hacer gestiones informales ante organismos como la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro de EE.UU. Como parte de esas gestiones, emitían cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negocios en torno a las importaciones para los combos CLAP”. Estas irregularidades llevaron a que la opinión pública bautizara a los implicados como la “Fracción CLAP” de la Asamblea.

De hecho, quien propone a Parra para presidir el Parlamento y hacer una junta directiva a la medida de Nicolás Maduro es otro de los diputados vinculados a esta trama: José Brito.

“Los diputados José Gregorio Noriega, Luis Parra, José Brito, Adolfo Superlano y Conrado Pérez (principales), Leandro Domínguez y Jesús Gabriel Peña (suplentes) han decidido traicionar la causa de la libertad de nuestra patria y la prosperidad de nuestro pueblo”, decía un comunicado de la Asamblea Nacional el 20 de diciembre, dando por veraz la investigación de Armando.info. 

El resto de la directiva nombrada por el oficialismo la completan Franklin Duarte, de Copei; José Gregorio Noriega, expulsado de Voluntad Popular; y Negal Morales de Acción Democrática, este partido reafirmó su respaldo a Guaidó y subrayó “que cualquier militante que actúe de manera distinta estará automáticamente excluido de conformidad con nuestros estatutos”.

Un millón de dólares a cambio de un diputado

Después de que los diputados finalmente lograran sesionar en la instancia convocada por Guaidó, la parlamentaria Delsa Solórzano afirmó: “Hemos visto lanzar maletines llenos de sangre, sí de sangre, no de dólares. Un millón 200 mil dólares le pagaron a los diputados que se vendieron este domingo”.

Desde noviembre comenzaron a circular las denuncias de que el régimen de Nicolás Maduro intentaba comprar los votos de los parlamentarios para evitar la reelección de Guaidó. El diputado en el exilio José Guerra escribió en su cuenta de Twitter: “Denuncio la Operación Maletín Verde. Un grupo de operadores financieros del régimen con maletines llenos de dólares para tratar de comprar nuestros diputados y que perdamos la mayoría calificada. Entre esos operadores están un traficante de Bolsas Clap y un ex gobernador”. 

Otros conocían esta jugada como la “operación alacrán”, así fue denunciada por los legisladores Ismael León y Luis Stefanelli, quienes además señalaron a Parra como su cabecilla. “Que deje de ser cobarde, que salga a la calle y diga que él ha estado llamando a los diputados a la Asamblea Nacional; que no me diga que no. No es que me pidan pruebas a mí, es que él sabe quiénes son los diputados a los que ha tocado. Él sabe que lo ha hecho, él sabe con quiénes lo ha hecho y que ha llamado por teléfono. Tengo las pruebas. Cuando llegue el momento en el que él acepte, nos sentaremos cara a cara”, dijo León en un conferencia de prensa el 16 de diciembre. 

Las sumas que se manejaban iban desde 50 mil euros hasta 500 mil dólares. El 20 de diciembre la directiva del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) anunció la expulsión de la diputada Kelly Perfecto, por haber recibido dinero del régimen de Maduro para que no votara a favor de la reelección de Guaidó en el Parlamento. Según los dirigentes de la colectividad, Perfecto vendió su voto en contra por 50 mil euros. En total serían 14 diputados de partidos de oposición los que se habrían prestado para esta operación. 

Sin embargo, esto aún no permite que Parra haya obtenido los votos necesarios para hacerse con la dirigencia del Legislativo. Guaidó fue ratificado en el cargo con 100 votos de 167, los cuales sí están debidamente acreditados. Incluso los integrantes de la fracción «16 de Julio», que estaban reacios a reeligir a Guaidó e iban a abstenerse anunciaron que cambiaron de postura. 

“La fracción 16-J está presente en esta sesión, consciente de las terribles circunstancias que han acaecido. Se ha pretendido dar un golpe legislativo, un asalto al Palacio. Aunque la fracción tenía decidido abstenerse en esta votación, hemos decidido de manera unánime respaldar la democracia y respaldar la institucionalidad”, dijo durante la sesión el diputado Omar González. 

Persecución a opositores

Cuando la Asamblea Nacional renovó sus escaños el 6 de diciembre de 2015 votaron casi 14 millones de ciudadanos y por primera vez desde la llegada del chavismo en 1998, el Parlamento era de mayoría opositora. Este sector ganó 112 escaños, que le otorgaron la mayoría calificada. No obstante, esto se convirtió en el punto de partida para que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “boicoteara las actuaciones del Poder Legislativo bajo una falsa tesis de desacato”, explica la ONG Acceso a la Justicia. La organización registra hasta el 26 de noviembre de 2019 113 sentencias contra el Poder Legislativo, lo que se traduce en que “el TSJ fabrica un fallo contra el Parlamento cada 15 días”.

Además la máxima instancia del Poder Judicial también se ha hecho cómplice de la persecución a diputados opositores. Entre el 28 de diciembre de 2015 y el 16 de diciembre de 2019, “90 parlamentarios de oposición o disidentes del chavismo, tanto principales como suplentes, han sufrido algún tipo de persecución política, ya sea acoso de grupos irregulares y órganos de seguridad (59); enjuiciamiento por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sin respeto de su inmunidad parlamentaria (29); violación de su derecho a la identidad y circulación (14); suspensión de la Asamblea Nacional (AN) por el TSJ (6); inhabilitaciones sin juicio por parte de la Contraloría General de la República (CGR); detención arbitraria, desaparición forzosa y cárcel (3); y excarcelación con medidas sustitutivas (2). Esa persecución ha dado lugar a que  27 diputados hayan tenido que exiliarse”, detalla Acceso a la Justicia.

En la última de estas decisiones, uno de los legisladores afectados fue Jorge Millán, quien sonaba para ser el primer vicepresidente para la junta directiva 2020. El TSJ actúa en concordancia con la Asamblea Nacional Constituyente, otra instancia hecha a la medida de Maduro en 2017 con la intención de reformar la Constitución, instalada sin que para ello mediara un plebiscito previo de aprobación o rechazo de estos cambios, y que después de más de dos años de existencia aún no ha mostrado ningún avance. 

Desde la Asamblea Nacional incluso intentaron introducir una reforma al Reglamento de Interior y Debate para permitir que los diputados en el exilio pudiesen participar y votar en las sesiones, cambio que fue refutado por el TSJ en 24 horas, cuando la Sala Constitucional declaró su nulidad. 

Hoy ambas directivas llamaron a sesión. Venezuela está a la expectativa de lo que suceda, aunque no se descarta que el ambiente siga caldeado pues anoche la Policía Nacional acudió a las instalaciones del Hotel Paseo Las Mercedes donde estaban hospedados 96 diputados -lo mismo que hicieron la madrugada del 5 de enero alegando, como han hecho antes, la existencia de una amenaza de bomba en el edificio-. “Debemos alertar a la comunidad internacional que la dictadura ha secuestrado el Palacio Federal, sede del Poder Legislativo de acuerdo a la constitución a través de un grupo de diputados, que se encuentran bajo investigación por actos de corrupción, en complicidad con los diputados del partido del régimen de Maduro y miembros de la Fuerza Armada Nacional”, indicó la Asamblea Nacional en un comunicado.

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