El 28 de junio de 2023, a 12 días de que el medio Timeline hiciera públicos los millonarios convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, vinculada a Revolución Democrática, el ministro Carlos Montes se reunió con el fiscal jefe (s) de la segunda región, Cristian Aguilar, y le entregó tres archivadores con antecedentes del caso.
“Le hemos entregado toda la información necesaria, la han tomado como un apoyo y quedamos con una línea directa para nuevas informaciones”, dijo el secretario de Estado tras la reunión.
Lo que no se sabía es que esa “línea directa” el ministro la inauguró sólo 24 horas después, cuando le envió al fiscal el oficio reservado N°263.
“Complementando los antecedentes acompañados a esa Fiscalía el día 28 de junio recién pasado, se remite a Usted, denuncia anónima recibida por quien suscribe, relacionada con los hechos que investiga el organismo a su cargo”, escribía Montes en el documento al que accedió El Líbero.
La denuncia anónima con teorías conspirativas
“Esta modalidad de otorgar fondos a través de ese servicio se hace en base a lo establecido por el siguiente decreto, dictado durante el gobierno de S. Piñera II: DECRETO 27, REGLAMENTA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRIOS, MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. Promulgación: 29-JUL-2016 / Publicación: 10-FEB-2018/ Versión: Última Versión – 19-FEB-2019”, decía en el primer párrafo la denuncia anónima remitida por el ministro PS a la fiscalía.
En seguida, venían 17 páginas de pantallazos de prensa, de oficios y párrafos en donde el denunciante incógnito elucubraba teorías para responsabilizar al gobierno anterior por dejar abierta la puerta para que sucediera lo de Democracia Viva. Asimismo, acusaba a dirigentes de un partido de Chile Vamos por crear un supuesto “mecanismo”.
Específicamente hacía referencia a figuras de RN, como la entonces diputada Paulina Núñez, hoy senadora; su esposo Cristián Monckeberg, entonces ministro de Vivienda; al ex director del Serviu y luego intendente de la segunda región, Rodrigo Saavedra; y a quien asumió en su reemplazo en el Serviu, Sonya Jiménez.
Lo compara con una serie de Netflix
“Da realmente la impresión de que acá había un ‘plan’ claramente establecido, la instalación de una mecánica para luego quizás aplicarla de manera más ‘macro’. Se puede vislumbrar, en el caso de Antofagasta, una especie de mecanismo para ‘sacar’ fondos públicos a través la presentación de proyectos al Serviu de Antofagasta, un sistema no tan burdo como colocar a su pareja a la cabeza de una fundación que gana proyectos, sino que colocar a personas en puestos claves que responden a las directivas que se les indica, para permitir así la distribución de recursos. Cada pieza clave de ese plausible engranaje había sido meticulosamente seleccionada (…), algo idéntico a lo que denuncia la serie “O Mecanismo” en Netflix, que dramatiza una investigación de corrupción -conocida como Lava Jato, o Autolavado- que ha sacudido a la política brasileña en la década pasada, y que vio tres presidentes involucrados”, señalaba el denunciante anónimo.
“Más allá de lo absolutamente condenable del actuar de la diputada Catalina Pérez y del hecho revelado últimamente a la prensa, es fundamental destacar y denunciar que ‘la mecánica’ que permite ese tipo de hechos ya estaba instalada antes de la llegada del nuevo gobierno y la instalación de nuevos caciques políticos regionales, lo que siempre sucede cuando existen cambios de oficialismo”, agregaba el denunciante, que calificaba el caso de Democracia Viva como “antiético”.
Montes ocupó esta teoría en su exposición ante la comisión del Senado
La tesis planteada en esta denuncia anónima no quedó sólo en el papel. Tanto el ministro Montes como distintas figuras del oficialismo utilizaron esos argumentos en los días posteriores, transformándose en el libreto del gobierno para tratar de contrarrestar su responsabilidad en el asunto y deslindar responsabilidades en el gobierno anterior.
El 4 de julio, en la comisión de Vivienda del Senado, Montes señaló que los montos y programas cuestionados habían sido aprobados durante el gobierno anterior.
“El gobierno anterior dejó totalmente programado el 2022, todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior (…). En el caso del 2022, para esta institución que está en cuestión que es Democracia Viva, no aparecía como tal, aparecía el proyecto y el monto del proyecto. ¿Cuándo empieza el actual gobierno a dar delegación? Recién el primero de enero de 2023”, explicó Montes en la oportunidad, sin establecer con claridad que quienes escogieron a la fundación dirigida por la entonces pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), Daniel Andrade -hoy en prisión preventiva-, fueron autoridades del actual gobierno.
Desde 2016 los seremis podían asignar recursos
La respuesta desde Chile Vamos no se hizo esperar, recordándole que la facultad de entregar estos dineros de forma directa a fundaciones desde la Seremi venía desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y no desde 2019.
“Malas declaraciones del ministro Montes. El Caso Convenios afecta a su gobierno. Sus seremis firmaron convenios con fundaciones cuestionadas. Y la facultad viene de 2016, no de 2019. No hay problema en delegar cuando se delega en autoridades honestas. Ahí la diferencia”, apuntó el ex ministro de Vivienda, Felipe Ward.
En tanto, su antecesor en el cargo, Cristián Monckeberg, sostuvo que “es una mala decisión tratar de responsabilizar a gobiernos anteriores, vinculándolos con decisiones de sinvergüenzas que permitieron ilegalidades en la actual administración y que hoy tienen que responder ante la justicia”.
Montes tuvo que recular en su ofensiva: “No está en duda que los hechos investigados ocurrieron durante este gobierno (…). Respecto del gobierno anterior, nosotros no hemos mencionado ninguna irregularidad, lo que hemos mencionado es que el método viene de antes, el sistema a través del cual se aplicaba esto era desde antes”.
Lo cierto es que fue el 11 de marzo de 2016, en el gobierno de Bachelet, con la firma de la Resolución Exenta N°1572 del Minvu por parte de la entonces ministra Paulina Saball -que hasta junio de este año trabajó como delegada presidencial de la reconstrucción por los incendios forestales-, que se dio luz verde a los seremis para firmar directamente los convenios en su región.
Increíble la mentira burda de Montes de una “denuncia anónima” preparada por ellos mismos culpando al gobierno de Piñera de “dejar abierta la puerta” cuando esa norma venía de 2016 en el segundo gobierno de Bachelet. Entre que se roban las cajas fuertes, los archivos, los computadores y se roban el dinero destinado a los más pobres, estos tipos son delincuentes de bajo calibre. Desde el presidente para abajo están todos involucrados . Nada más burdo e inverosímil.
Montes ha demostrado ser un tipo bastante liviano, aparte de bueno para las volteretas como su jefe directo. Recordemos su explicación de la propagación de los incendios el año pasado, que era culpa de los conejos!! La izquierda y algunos de la derecha muestran aún admiración por este personaje que, aparte de haber vivido a costa del Estado toda su vida, ha demostrado ser un absoluto incompetente e irresponsable.