Publicado el 23 mayo, 2021

La crisis migratoria en España y el silencio de Michelle Bachelet

Autor:

Maolis Castro

Miles de marroquíes entraron de manera irregular a territorio español. La reacción del Gobierno de Pedro Sánchez fue realizar masivas expulsiones. Procedimientos que no tuvieron un pronunciamiento de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. que sí criticó en febrero las deportaciones del Estado chileno, aunque el país no es firmante del Pacto de Marrakech y España sí.

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Maolis Castro

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A las costas de Ceuta y Melilla, al sur de España, llegaron cerca de 8 mil migrantes entre el lunes y el martes vía marítima. La inédita situación evidenció debilidades para manejar la acogida de miles de personas, entre ellos 1.500 menores de edad, conllevando a una militarización de fronteras y la expulsión de cientos de personas por el Gobierno de Pedro Sánchez. 

España apeló a la expulsión de los miles de marroquís que ingresaron vía marítima. Este mecanismo, generalmente, es cuestionado por Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin embargo, la ex Presidenta esta vez optó por el silencio frente a la decisión del Mandatario y secretario general del Partido Socialista Obrero de España (PSOE).

En febrero no fue así. Bachelet criticó a Chile por expulsar a decenas de migrantes que ingresaron por pasos no habilitados al país. Acusó que el procedimiento se hizo “sin la debida evaluación de su vulnerabilidad o necesidades de protección“.

A diferencia del Presidente Sebastián Piñera que decidió abstenerse de firmar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado en Marrakech, Marruecos, en diciembre de 2018, y por “razones muy profundas” al considerar que “contradice algunos de los principios de nuestra propia política de migración”, España sí respaldó este acuerdo, adquiriendo compromisos con la ONU en este aspecto. Con este acuerdo, por ejemplo, los Gobiernos prometieron garantizar un regreso “seguro y digno” a los inmigrantes deportados, y no expulsar a quienes se enfrentan a un “riesgo real y previsible” de muerte, tortura u otros tratos inhumanos.

El viernes, el diario El País, informó que más de la mitad de las personas que ingresaron por Ceuta fueron regresadas a Marruecos, según el Ministerio del Interior, que no ofreció “detalles del procedimiento que ampararía esas devoluciones”. La prensa española apunta a que algunos fueron devueltos de manera forzosa por las autoridades españolas y otros por decisión propia; pero que decenas de menores permanecen en España en una especie de limbo.  

Los miembros de Migreurop, una red europea a favor de los derechos de los extranjeros, exigieron “un cambio radical en la política migratoria española y europea facilitando vías regulares y seguras con un enfoque de derechos”.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunció que el Estado español está devolviendo a Marruecos a personas que llegaron a Ceuta “sin el procedimiento que establece la ley” y que no existían datos oficiales de cuántos fueron obligados por la policía y cuántos por su propia voluntad. “Seguramente, la semana que viene la situación en Ceuta ya no estará en las portadas, pero nuestra situación como país fronterizo de la Unión Europea no habrá desaparecido. Es urgente afrontar las migraciones desde otra óptica”, indicó la organización.

Tensión diplomática

La crisis fue un sacudón para el gobierno socialista con eco en Europa. Sánchez viajó hasta la ciudad autónoma hace unos días, y afirmó: “Mi prioridad en este momento es devolver la normalidad a Ceuta. Sus ciudadanos y ciudadanas deben saber que cuentan con el apoyo absoluto del Gobierno de España y la máxima firmeza para velar por su seguridad y defender su integridad como parte del país ante cualquier desafío“.

La crisis migratoria de la península Ibérica es más compleja y, en este caso, no está claro su origen y hasta podría estar relacionado con un castigo de Marruecos, un aliado clave en controles fronterizos para Madrid, contra el Gobierno de Sánchez por permitir el ingreso y la hospitalización en territorio español de Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, en abril.

Karima Benyaich, la embajadora marroquí en España, fue llamada a consulta por Rabat, y según el ministro marroquí de Exteriores, Naser Bourita, “no regresará mientras dure la crisis, y la crisis durará mientras continúe su verdadera causa”, que atribuyen a la entrada del líder del Frente Polisario al país ibérico por “condiciones indignas para un Estado de derecho” y no comparecer ante la Justicia española, según la agencia EFE. Para la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, se trata de un “chantaje” y prometió usar “todos los medios necesarios para garantizar la integridad territorial”.

En tanto, Estados Unidos pidió a ambos países trabajar en una “resolución” conjunta de la situación; lo mismo exigió el portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric. No obstante, el jueves el flujo migratorio comenzó a reducirse, asomando un aparente control fronterizo; aunque no todavía de las fisuras diplomáticas.

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