Una agenda contra la violencia virtual. Es lo que vienen pidiendo desde el estallido del 18 de octubre del año pasado, parlamentarios de Chile Vamos. Una de la principal razón ha sido el aumento de amenazas de muerte a distintas autoridades a través de medios digitales.

Han insistido en esta materia tanto con el Ministerio de Interior como con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres). La idea es que la iniciativa tenga origen en el Ejecutivo puesto que implicaría gasto público.

Distintos han sido los políticos que se han enfrentado a situaciones de violencia virtual. Por ejemplo, en conversación reciente con El Líbero, el diputado de RN Diego Schalper señaló que «en la víspera del plebiscito recibí durante dos días llamadas de ataques y amenazas cada 10 minutos, que partieron a las 2 de la mañana. Eso sin contar las más de veinte amenazas de muerte que yo e incluso mi familia hemos recibido».

Pero Schalper no ha sido el único. Por ejemplo, el 30 de octubre, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio (UDI), recibió amenazas de muerte en su contra por lo que la Fiscalía y la PDI tuvieron que abrir una investigación. Pero esta no es la primera vez: cuando el actual ministro era diputado, también sufrió una situación parecida, por lo que estuvo 70 días, por orden de la fiscalía, con medidas de protección tras recibir amenazas. “Sufrí amenazas y la divulgación de mis datos personales que llegaron a raíz de una votación para ver la admisibilidad del proyecto de retiro de fondos de las AFP. Esta fue una campaña organizada” señaló en aquella ocasión Bellolio a La Tercera.

La jefa de bancada de la UDI, María José Hoffman, el 8 de septiembre presentó una querella por injuria en redes sociales. La parlamentaria recibió numerosos mensajes de hostigamiento difundidos a través de redes sociales. El viernes, en entrevista con La Mirada Líbero en Radio Agricultura, la diputada señaló «hay miedo, y hay que reconocerlo y muchos parlamentarios andan con un funcionario de la PDI porque estamos con amenazas de muertes, con funas».

Pero este fenómeno es transversal, no solo afecta a parlamentarios de Chile Vamos. Por ejemplo, el diputado Matías Walker (DC) y Jaime Mulet (FRSV) también han vivido situaciones similares. Según informó T13.cl en septiembre, el jefe de la brigada del Cibercrimen de la PDI, el subprefecto Luis Orellana, señaló «desde enero a septiembre se han investigado 38 tipos de denuncias por amenaza a través de las redes sociales».

Las votaciones del primero y el segundo retiro de 10% del fondo de pensiones han estado marcadas por este fenómeno. De hecho, en julio, con el primer proyecto en el Congreso, al menos tres senadores y ocho diputados habían recibido amenazas en las semanas previas.

Este ha sido el contexto para que diputados oficialistas le plantearan al gobierno legislar sobre una agenda virtual.  Schalper es uno de los impulsores de esta idea. «Debemos mirar la experiencia en otros países porque nos parece que las redes sociales pueden ser una herramienta muy útil, pero también muy perjudicial para la democracia», señala el diputado a El Líbero.

Desde Chile Vamos señalan que en vez de «ponerse creativos», es mejor mirar la experiencia internacional, «quienes ya se han realizado las mismas preguntas que nosotros». Comentan que este tema lo han venido proponiendo desde el 18 de octubre del año pasado, argumentando que si no se regulaba «iba a ser la práctica que se iba a empezar a utilizar». A la fecha, señalan que «no se ha avanzado nada».

Señalan que han hablado con autoridades de La Moneda respecto a este asunto pues sostiene que debería ser un proyecto de ley impulsado desde el Presidente, porque significaría distintas materias exclusivas del Ejecutivo como alterar las funciones de Carabineros y gasto fiscal. Agregan que también podría introducirse como una moción que busque una modificación al Código Penal, pero que «no sacamos nada poniendo un delito que después nadie lo persigue».

Una de las objeciones que desde Interior les habrían realizado para avanzar con el proyecto es que puede ser visto como una especie de «censura a la libertad de expresión». Sin embargo, los impulsores de esta agenda contra la violencia virtual se preguntan si existe la libertad de expresión para amenazar a gente de muerte. «Si en Chile es posible acoger como libertad de expresión amenazar de muerte a la gente, entonces quiere decir que ya perdimos el sentido común a un nivel superior», cuentan.

El Líbero se contactó tanto con Interior como con la Segpres para saber su versión, sin embargo no dieron versión oficial. Solo señalaron que «es un tema que los preocupa y que se apoyará a Diego Schalper». Y que el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, y el subsecretario de la Segpres, Juan Jossé Ossa han conversado sobre el tema y han estudiado modelos extranjeros para ver otras experiencias.

Reservada minuta de Interior

El Líbero tuvo acceso a una minuta elaborada por el Ministerio de Interior la que, según cuentan los diputados de Chile Vamos, fue realizada después de varias insistencias de parte de ellos. En el documento se aborda las fake news y las amenazas en medios digitales.

Sobre el primer caso, fake news, se destaca el caso de Alemania donde el año 2017 entró en vigencia la ley que prevé multas de hasta 50 millones de euros a las redes sociales que no eliminen contenidos difamatorios, mensajes de odio y noticias falsas. En el caso de Francia, posee una ley sobre la manipulación de la información con el fin de luchar contra la proliferación de noticias falsas a lo largo del periodo electoral. En Italia, se ha presentado una propuesta de ley para prevenir la manipulación de la información online, garantizar la transparencia en la web e incentivar la alfabetización mediática que incluye sanciones civiles y penales para quienes difundan noticias exageradas o tendenciosas que incluyan datos o hechos manifiestamente infundados en falsos.

En cuanto a las sanciones especiales para amenazas de muerte en medios digitales, la minuta elaborada por Interior, señala que «los ordenamientos jurídicos similares al chileno, no distinguen al medio por el cual se profieren las amenazas».

Por ejemplo, «en España no cuenta con una tipificación especial para el delito de amenazas realizadas mediante medios digitales, se aplica, al igual que en Chile, el tipo penal común de amenazas». Y plantean que una situación similar ocurre en Argentina.

«En Estados Unidos -se lee en la minuta- respecto de las amenazas realizadas a través de Internet, como se trata de un medio de comercio interestatal, es posible aplicar la ley federal, por lo que las penas son más altas que cuando es una amenaza por otro medio».

En Alemania, si bien no diferencia el medio por donde se realiza la amenaza, la minuta del gobierno destaca que «existe en la actualidad un proyecto de reforma a la Network Enforcement Act alemana que busca obligar a redes sociales como Twitter y Facebook, no solo censurar y bloquear, sino también denunciar a la Oficina Federal de Investigación Criminal», a quienes incurran en discursos de odio, amenazas de muerte y violación, entre otros mensajes.

En Francia también se ha optado por tramitar una ley que obliga a las plataformas digitales a bajar contenido ilícito dentro de las 24 horas desde que se reporta. «Esto incluye todo tipo de crímenes y ofensas (como las amenazas de muerte) que se consideren ilícitas en la legislación francesa, con multas a las plataformas digitales en caso de incomplimiento».

 

Para leer la minuta completa:

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