Este lunes, en la Comisión de Salud de la Cámara, se retomó la discusión por la ley corta de Isapres, que busca viabilizar el fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y a restituir los cobros en exceso -cuyo plazo vence el 12 de mayo-, aunque aún no hay acuerdo entre sectores de la oposición y el oficialismo respecto al monto de la deuda, y al mecanismo que utilizarán para restituirle los montos a sus afiliados.
Así, en cuatro sesiones la comisión de Salud debe votar en particular este proyecto, para despacharlo a Sala el próximo martes. Esto, con las indicaciones del Ejecutivo sobre la mesa, las cuales no incluyeron la mutualización, que se ha dicho, sería clave para la subsistencia de las Isapres.
En Mirada Líbero, el ex ministro Jaime Mañalich aborda la discusión en la Cámara y asegura que hay un sector radical del oficialismo que no quiere que esta ley sea aprobada.
«La intención del gobierno es estatizar completamente la forma de financiamiento de la salud»
«No hay que perder de vista que la intención del gobierno es estatizar completamente la forma de aseguramiento y financiamiento de la salud. El Ejecutivo no ha dejado de lado la idea de marchar a un sistema de seguro único estatal, un súper Fonasa, que reciba todas las cotizaciones de salud y los impuestos generales de la nación», plantea Mañalich.
«En ese contexto, lo que ha ocurrido en los últimos meses es ir fundamentando con más fuerza que ese es el camino que tiene el Ejecutivo y que lo más probable es que persista», dice, aunque advierte que «hay algunas autoridades de salud y diferentes actores que tienen una enorme preocupación, porque la caída de las Isapres significa un riesgo enorme para el sistema de atención de salud en su conjunto«.
Así, afirma que «lo que tiene en juego el gobierno es que no se produzca una crisis sanitaria gravísima, producto de que por la caída de las Isapres se resienta el sistema de atención de salud y aumenten listas de espera«.
Y que «me parece que la ministra de Salud está consciente del riesgo sanitario que ocurriría con una caída de varios prestadores de salud privados (…). Ella ha ayudado a morigerar lo que al principio era una postura muy radical, expresada en el proyecto constitucional del año 2022, que era terminar completamente y de inmediato con las Isapres».
«El sector más radical del oficialismo tiene la expectativa de que las Isapres lleguen a una situación insostenible»
Sobre la discusión en la Comisión de Salud, el ex ministro explica que «que se presentaron 166 indicaciones, 11 de ellas del Ejecutivo. Y para tramitar esta ley y tenerla publicada en el diario oficial faltan 40 días. Porque si el 12 de mayo esta ley corta no existe, lo que ocurre es que el Superintendente de Salud tiene que decir que se devuelva el dinero en un máximo de un año y medio. O sea hasta fines del año 2025, cada Isapre va a tener que haber devuelto entre 200 a 400 millones de dólares».
En esa misma línea, explica que «hay voces en el Ejecutivo a las que no les interesa que salga la ley corta, porque el camino ya está expedito para terminar con el sistema de Isapres, simplemente por la obligación que tiene el Superintendente de implementar el fallo de la Corte Suprema, que lo obliga a él a que instruya a las Isapres el mecanismo de devolver el dinero en un plazo máximo de un año y medio».
Así, enfatiza que «el sector más radical del oficialismo tiene aquí una expectativa, que es que a través de la no promulgación de la ley corta, efectivamente las Isapres lleguen a una situación insostenible«.
Pero, de acuerdo con Mañalich, «políticamente el gobierno, el comité político, la ministra de Salud, el Presidente, han llegado a un acuerdo de que eso no es una buena idea, porque significaría una crisis sanitaria y política de tal magnitud que el gobierno no quiere ni puede asumir».
Así, sostiene que «hay una presión del Ejecutivo por sacar esta ley con estas medidas de estabilización del sistema a como dé lugar antes del 12 de mayo. Se le ha pedido y así ha respondido la Cámara de Diputados, la Comisión de Salud y su presidenta, la diputada Ana María Gazmuri, para acelerar el tranco, y que pase a sala la próxima semana».
«Creo que lo más probable es que se llegue un acuerdo para sacar adelante esta ley, a pesar de todas las dificultades, y lograr un poquito de alivio, con el pago de la deuda en 10 años», agrega.
De todas maneras, Mañalich dice que «el futuro de las Isapres no está asegurado» y que «si se sigue con la dinámica actual el futuro de las aseguradoras no existe».
«Salvar a todas las isapres es imposible»
Mañalich dice, además, que «salvar a todas las Isapres es imposible (…). Hay dos o tres que, evidentemente, tienen como destino desaparecer».
Aunque afirma que «el Ejecutivo, la ministra de Salud, ha dado señales, que son pequeñas, pero que tienden a buscar, de alguna manera, una estabilización del sistema de Isapres por un tiempo».
«Una que ya existe, que ya es ley de reajuste del sector público, que permitió que las Isapres ajustaran su precio base, empezando ahora en el mes de abril, en un 4,4% promedio» y que «por una vez se va a poder, en el mes de octubre, ajustar el precio total de la cotización, como un ajuste de urgencia, dándole un alza de la cotización completa, no sólo del precio de base, hasta del 10%».
Sin embargo, el ex ministro advierte que sobre la mutualización que «se quedó fuera. El Tribunal Constitucional dijo que era imposible, y, por lo tanto, la mutualización es una palabra que no tiene valor alguno hoy. No se puede ni siquiera discutir, no están en las indicaciones de nuevo, el gobierno no lo puso en las indicaciones».
Además, plantea que «las isapres deberían adherirse a la posibilidad de que la devolución del monto sea a 10 años plazo, dándole a cada cotizante una suerte de cuenta corriente en UF para que pueda usar ese dinero que se le debe como excedentes de salud, para pagar copagos, para pagar medicamentos, durante un periodo de 10 años».
Esto, porque «si no se aprueba la ley corta tienen máximo un año y medio para devolver en efectivo del orden de 1.700 millones de dólares». Por lo tanto, sostiene que esta «es la indicación más relevante para las Isapres en este momento, para que algunas de ellas puedan mantener su giro, y a la cual habría que apurarse en aprobar antes del 12 de mayo, que es el plazo fatal».