Publicado el 21 de junio, 2020

Isidro Solis: “En Chile hay un bajo compromiso político con la actividad de Inteligencia del Estado”

Autor:

Sofía Del Río

El ex ministro de Justicia de Bachelet I y ex director de Seguridad Pública e Informaciones, a mediados de los 90, analiza el proyecto de ley que busca modernizar el Sistema de Inteligencia. “La ANI no ha sido capaz de jugar el rol que se esperaba de ella básicamente por falta de atribuciones y medios, por lo tanto, el sentido de esta ley es justamente solucionar esos dos ámbitos”. Y agrega: “El objetivo de la inteligencia tiene que ser custodiar la estabilidad del régimen democrático y las formas de gobierno que están consagradas en la Constitución”.

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Sofía Del Río

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“Tengo la impresión que el sistema de inteligencia en el país todavía es deficitario”, comienza señalando Isidro Solís, ex ministro de Justicia del primer gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet; ex subsecretario de la administración de Ricardo Lagos, y figura emblemática del Partido Radical, donde ha ocupado diversos cargos a El Líbero. Además, a mediados de los 90, cuando estuvo a cargo de la Dirección de Seguridad Pública, tuvo un rol en desarticulación de los movimientos subversivos.

Solís analiza el proyecto de ley que busca modernizar el Sistema de Inteligencia, enviado al Congreso por el Presidente Sebastián Piñera el 2018 al Congreso, y actualmente se encuentra se su segundo trámite legislativo. “Tiende a asociarse la actividad de inteligencia con mecanismos represivos, y eso no es así. Mi impresión es que la gente que se opone a la existencia de este este tipo de servicios, todavía está condicionada por el trauma que dejó el gobierno de Pinochet”

-¿Cómo encuentra que es el Sistema de Inteligencia actualmente en el país?

-Tengo la impresión que el sistema de inteligencia en el país todavía es deficitario, claramente eso se expresa en los resultados que hemos tenido, por lo tanto, la existencia de este proyecto de Ley hay que entenderlo como una oportunidad para mejorar. 

-¿Qué le parece el  proyecto de ley que moderniza el Sistema de Inteligencia que se encuentra en segundo trámite legislativo?

-En mi opinión entre el proyecto del Ejecutivo y algunas de las modificaciones que le introdujo el Senado antes de su aprobación, hay algunas cosas que claramente son un avance, y hay otras que las considero un retroceso. Tengo la impresión de que, por ejemplo, la definición que hace el texto aprobado por el Senado cuando agrega a las labores de la Inteligencia algunos verbos muy sustantivos como la “búsqueda, obtención, y recolección de información de inteligencia”, por primera vez asume que la actividad de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), es una actividad que tiene una gestión operativa bastante importante, y eso finalmente soluciona una anormalidad que ha tenido que ser suplida, entre otras cosas, o con creatividad o con pura voluntad de las personas que han ejercido ese cargo, porque el marco legal era muy inadecuado, muy insuficiente.

Yo creo que la ANI no ha sido capaz de jugar el rol que se esperaba de ella básicamente por falta de atribuciones y medios, y por lo tanto el sentido de esta ley es justamente solucionar esos dos ámbitos, y por lo tanto es obvio que tiene mayor cantidad de atribuciones”.

-¿Había vacíos legales en esa materia?

-Es una vieja discusión respecto si primero la Dirección de Información y Seguridad tenía facultades operativas, se la privó de algunas de las facultades que hoy día se le están dando, y que por lo tanto la hacían depender única y exclusivamente de información ajena, y la gente que trabaja en esa área sabe que lo único peor a no tener información es depender de información ajena que uno no puede contrastar ni verificar porque en ese caso lo más probable es que se termine en un terreno de desinformación, extremadamente peligroso.

Entonces el tema de la información usted lo calificaría como algo positivo…
-Yo creo que en el texto aprobado por el Senado claramente hay un avance.

-¿Y en qué punto discrepa del texto aprobado por el Senado?

-Hay otros puntos que, con mi experiencia, francamente creo que son un retroceso. Cuando en el artículo octavo del proyecto del Ejecutivo era una propuesto de funcionamiento bastante amplio, y que el Senado recorta todas las facultades de la Agencia en cuanto a proponer normas y procedimientos, todo lo que era requerir información.

-¿Y cómo calificaría usted las distintas críticas que se le han realizado al proyecto, como que por ejemplo que le otorga “más poder al Presidente” o “El Estado no sabe lo que espera de la ANI”?

-Si la opinión viene de alguien que no valore o tenga una opinión negativa de las competencias de un organismo como la Agencia Nacional de Inteligencia, es perfectamente razonable que diga eso, yo tengo la posición absolutamente contraria. Yo creo que la ANI no ha sido capaz de jugar el rol que se esperaba de ella básicamente por falta de atribuciones y medios, y por lo tanto el sentido de esta ley es justamente solucionar esos dos ámbitos, y por lo tanto es obvio que tiene mayor cantidad de atribuciones. Hay cosas que son perfectamente razonables y discutibles, yo comparto la postura de algunos que ante una actividad tan crítica del Estado, la posibilidad de que el director fuera de designación del Presidente de la República con el acuerdo del Senado, me parece perfectamente razonable.

¿Que no esté relacionado mayormente al ministerio del Interior?

-Yo tengo la impresión de que ahí finalmente también en esta ley debería corregirse una distorsión. A mí me tocó ser el primer director de la Dirección de Información en Seguridad Pública, la antecesora inmediata de la ANI, en la práctica, la ley que regula la Agencia Nacional de Inteligencia es el texto de lo que fue la Dirección de Informaciones con muy pocas correcciones, incluso su estructura funcionaria en la práctica sigue siendo la misma que tuvimos hace 26 años atrás.  De acuerdo a lo que se vivía en ese momento la estructura que se le dio a la ANI de reportar al Presidente de la República a través del ministro del Interior. En ese momento puede haber sido una forma correcta, pero que desde mi punto de vista este proyecto no debería volver a cometer el mismo error, tengo la impresión que las líneas de doble dependencia nunca son buenas.

Una democracia responsable es la que dentro del marco de la ley desarrolla o despliega todos los mecanismos que permiten defender y custodiar la convivencia tranquila de todos los ciudadanos, y por lo tanto, la inteligencia es una herramienta más”.

-¿Entonces cómo lo materializaría usted?

-O depende del ministro del Interior y pasa a ser parte de todo lo que es el sistema de seguridad del Estado, o es un organismo que está fuera de esa línea de dependencia y reporta directamente al Presidente.

-Este proyecto está desde el 2018 en la Cámara, ¿por qué cree que ha tenido tanta resistencia en el Congreso? Teniendo el 18 de octubre como antecedente y frecuentemente focos de violencia en la Araucanía…

-Tengo la impresión de que todavía en Chile vivimos del trauma que nos dejó respecto de la actividad de inteligencia lo que fueron los servicios de seguridad de la dictadura militar. Hay una confusión en Chile no solamente en lo que debe ser la función de inteligencia, sino que también en los métodos de funcionamiento y también respecto del producto de su trabajo, y tiende asociarse a la actividad de inteligencia con mecanismos represivos y eso no es así y no debería ser así en un país democrático. Por lo tanto, mi impresión es que la gente que se opone a la existencia de este este tipo de servicios, todavía está condicionada por el trauma que dejó el gobierno de Pinochet.

-¿Y qué mensaje transmitiría usted para que se puede acelerar la tramitación del mensaje presidencial en el Congreso?

-La actividad de inteligencia es fundamental para todos los Estados, y la necesidad aparece dictada básicamente porque hay niveles de conflicto dentro de todas las sociedades que necesitan ser previstos, anticipados y neutralizados, y son niveles de conflictos que no dicen relación -normalmente- con lo que es la delincuencia, sino que van derechamente a la gente que quiere atacar o destruir la institucionalidad estatal, enfrentar a el Estado en sí mismo por mecanismos que están fuera de la ley. Yo personalmente no creo en las democracias desarmadas, yo creo que una democracia responsable es la que dentro del marco de la ley desarrolla o despliega todos los mecanismos que permiten defender y custodiar la convivencia tranquila de todos los ciudadanos, y por lo tanto, la inteligencia es una herramienta más.

La actividad de inteligencia es fundamental para todos los Estados, y la necesidad aparece dictada básicamente porque hay niveles de conflicto dentro de todas las sociedades que necesitan ser previstos, anticipados y neutralizados”.

Lo segundo que yo diría para poder despejar mucha de estas visiones críticas, es que hay que hacer una distinción muy clara entre lo que es la actividad de inteligencia, la actividad de seguridad y la actividad meramente policial, y dentro de las actividades de inteligencia uno tiene que distinguir los tipos de inteligencia que se desarrollan, porque existe por un lado la inteligencia militar que sigue teniendo un campo de acción y una realidad funcional que es totalmente distinta a todas las otras, y deberíamos aprovechar la oportunidad para especificar todavía más el marco legal dentro del cual se mueve. Luego está la inteligencia civil que se dirige básicamente a prevenir las amenazas contra el Estado democrático, y luego está la inteligencia policial que lo que hace es en el cumplimiento de las funciones de las policías como agentes auxiliares de la administración de justicia, la persecución criminal por un lado y la obtención de elementos o piezas de convicción que le permitan al Estado la persecución judicial de los delitos. Todas tienen especificidades distintas, todas funcionan en momentos distintos, todas tienen objetivos distintos y lógicas de trabajo diferente y, por lo tanto, no debería confundirse en este proyecto como si esta ley se le fuera aplicar de una manera igualitaria y pareja a todas. Es el momento de distinguir dentro de la ley cada uno de los ámbitos de la inteligencia del Estado para que cada uno de ellos tenga un ámbito de aplicación que tenga por un lado certeza jurídica para los ciudadanos y, por otro, también elementos de protección para los funcionarios que trabajan en esas áreas.

-¿Y cuál ha sido su experiencia personal con esta materia?

-Mi experiencia personal es que en Chile hay un bajo compromiso político con la actividad de Inteligencia del Estado, en que la gente que vive en el mundo de la política la entiende más bien como un estorbo o como un peligro o como una molestia, y que en general a menos que se planteen, o conflictos muy grandes o desastres con los cuales el sistema deba responder ante la ciudadanía, en general hay largos períodos de tiempo en que nadie quiere escuchar hablar de inteligencia, y esa es una debilidad que tenemos como país.

-¿Con lo que pasó en octubre quedó en evidencia lo ineficiente que es nuestro Sistema de Inteligencia?

-Yo creo que la crisis social de octubre lo único que demostró es que en general el Estado chileno tiene poca capacidad de anticipación a los conflictos, pero al mismo tiempo creo que sería muy nefasto para la actividad de inteligencia, vincular la tramitación de una ley como esta a los conflictos sociales. La gente tiene que entender que la actividad de inteligencia no está destinada a intervenir en los conflictos sociales, no está destinada a reprimir conflictos sociales, y por eso en el proyecto echo de menos una definición más estricta de cuáles son los bienes jurídicos protegidos. Es cierto que algo dice en el artículo cuarto, pero también por una lectura sistemática creo que en el primer artículo de la ley debería estar muy definido cuál es el objetivo de la inteligencia, y el objetivo de la inteligencia tiene que ser básicamente, custodiar la estabilidad del régimen democrático y las formas de gobierno que están consagradas en la Constitución, eso es.

-Respecto al tema del narcotráfico y su influencia, ¿fortaleciendo el sistema de inteligencia, se pueden desestabilizar organizaciones como esas?

-El problema del narcotráfico debería ser básicamente un ámbito de desarrollo de la actividad policial. El narcotráfico es un delito que está estregado su persecución, entre otra cosas, al Ministerio Público como tutelar de la acción penal en Chile, a los tribunales de justicia, y las policías. Ellos tienen que proveer de información y piezas de convicción suficiente para perseguir, individualizar, encausar y castigar a los responsables. En el ámbito de la inteligencia, el narcotráfico entra única y exclusivamente cuando se transforma en una amenaza global para los Estados. Desde ese punto de vista, la definición genérica de que uno debe desarrollar capacidades para prever en el campo de la delincuencia organizada del narcotráfico, el terrorismo, todas son ámbitos que entran en la actividad de inteligencia básicamente como una respuesta a peligros para la integridad o la supervivencia del Estado. Hay muchos países que se han transformado derechamente en Estados fallidos, y otros que han estado al borde de en transformarse en Estados fallidos producto de que el narcotráfico ha logrado una relevancia que ha sobrepasado toda la actividad policial y judicial y se transforma derechamente en un problema para el Estado, en ese caso la inteligencia debería funcionar.

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