La Contraloría General de la República hizo una auditoría sobre los créditos con garantía prendaria otorgados a empeñantes, por parte de la Dirección General de Crédito Prendario (DICREP), más conocido como ‘Tía Rica’ y determinó un débil control respecto de sus operaciones. En concreto, se constató que durante 2023 y 2024, hubo 1.681 empeñantes con antecedentes penales que realizaron operaciones en forma recurrente por un monto total de $ 1.507.026.380, y no retiraron posteriormente las prendas empeñadas.
Asimismo, también hallaron que existen personas que recurrieron al servicio hasta 230 veces en un año.
El informe N° 400 de 2025 detalla que, según los sistemas del servicio, en 2023 hubo 4.769 usuarios con transacciones recurrentes, entre 10 y 229 operaciones por persona, por un total de $7.139 millones. En 2024, la cifra subió a 4.895 usuarios, con operaciones que alcanzaron los $7.290 millones, y una frecuencia de hasta 230 empeños por persona.
La auditoría consideró la administración, custodia, liquidación, renovación y pago de excedentes por remates de prendas de pólizas vencidas, por parte de la unidad de crédito Casa Matriz –Sucursal San Pablo–, de la DICREP, en 2023 y 2024, y se determinó que el organismo no presenta procedimientos y controles mínimos sobre la verificación de datos personales de los empeñantes; sobre la generación de alertas u otros mecanismos sobre la reiteración de entregas de especies en prenda por las mismas personas y de la procedencia lícita de los bienes recepcionados.
En consecuencia, «se constató que la entidad auditada no solicitó ningún antecedente sobre la procedencia y pertenencia de los bienes que fueron entregados en prenda, como tampoco existieron validaciones de los datos personales entregados por los usuarios, considerando, además, la recurrencia de los empeños de joyas y alhajas por las mismas personas».
Personas con antecedentes
En el caso de los empeñantes con antecedentes penales, la Contraloría encontró que aunque estos posteriormente, no recuperaron las especies empeñadas, la DICREP no realizó denuncias penales ni entregó antecedentes a los organismos competentes.
Por lo tanto, «se advierte una falencia en el proceso de identificación y análisis de riesgos relevantes», así como «una debilidad de control de las operaciones que realiza la entidad».
«Se observa que la DICREP no ha adoptado medidas para efectos de verificar los datos de los empeñantes; que los bienes que recibe en garantía tengan un origen legítimo y que las operaciones de mutuo en que interviene se enmarcan en la legalidad», concluye Contraloría.
La Contraloría también determinó que no existe un sistema de alertas para operaciones reiteradas ni coordinación con organismos policiales, aun cuando las especies empeñadas incluyen características útiles para investigaciones, como número de serie, modelo y estado.
Como consecuencia, el ente contralor instruyó que la ‘Tía Rica’ deberá elaborar y aprobar un manual de procedimientos y/o instructivo que establezca formalmente los controles necesarios para velar por la legalidad en la procedencia de los bienes recibidos en prenda, así como la verificación y registro adecuados de la identidad y datos personales de quienes los entregan, incluyendo mecanismos para asegurar la integridad y confidencialidad de la información, especialmente en casos con antecedentes penales.
Además, deberán establecer un sistema de controles y alertas tempranas que permita el control, gestión y reportabilidad a los organismos competentes.
No obstante, Contraloría instruirá un procedimiento disciplinario con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas y remitió el informe al Ministerio Público. Además, ordenó a la DICREP fortalecer sus controles, lo que será revisado en un próximo seguimiento, así como establecer mecanismos de coordinación con las instituciones policiales pertinentes, con el fin de velar por la trazabilidad integral de las distintas especies entregadas en prenda y de sus empeñantes.
Lo logico seria que antes de rematar esas especies no recuperadas, se pudiera dar la posibilidad de recuperacion de las mismas por parte de los afectados por los robos.