Una de las últimas propuestas legislativas del gobierno del Presidente Sebastián Piñera es el proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU), cuya aprobación ha sido puesta en entredicho ya que la oposición acusa fallas en su sustento económico y tributario.

Para el coordinador macroeconómico de Clapes UC, Hermann González, «este es un tema que involucra aspectos económicos y aspectos políticos, por lo que cuesta diferenciar cuánto de la crítica a una iniciativa del gobierno tiene de económico y de real preocupación por la sustentabilidad de la financiación pública y cuánto de eso es crítica política«.

En el programa radial Mirada Líbero en Agricultura, González señala que esta es una reforma que cuesta del orden de 3 mil millones de dólares anuales. «Me parece bien que tengamos la discusión para tener claridad sobre el financiamiento de éstas iniciativas, porque así se aísla el componente político».

El integrante del Consejo Fiscal Autónomo explica que este financiamiento se compone de tres partes: uno que tiene que ver con la reducción de exenciones que aún no está en discusión, otra fuente de financiamiento que tiene que ver con un menor aporte al fondo de reserva de pensiones, y otro con un aporte grande relacionado con provisiones que están en el presupuesto de 2o22, «o sea gastos que se asumían que se iban a tener. Y es ahí donde se basan las críticas».

González aclara que en el pasado había proyectos que sí se han financiado de esta forma, y por eso el Gobierno dice que sí están los recursos para financiar la Pensión Garantizada Universal, pero «a la oposición le gustaría tener, por un tema de preferencia, un financiamiento distinto, probablemente con mayores impuestos, menores exenciones y ahí básicamente está el juego democrático, donde el gobierno pone su planteamiento y el Congreso deberá decidir si lo apoya o no».

La iniciativa fue aprobada este miércoles por la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados y busca beneficiar a 2,3 millones de personas que pertenezcan al 90% más vulnerable de la población, llegando al monto de 185 mil pesos mensuales.

Sin embargo, las críticas partieron desde el comando de Gabriel Boric, con su coordinador político, Giorgio Jackson, quien calificó como complejo el probable apoyo del nuevo gobierno al proyecto, catalogándolo como «fiscalmente irresponsable», mientras que la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, acusó al presidente Piñera de instalar una «trampa» al querer impulsar la medida sin financiamiento.

Además, los asesores económicos del programa de Boric enviaron una carta a El Mercurio en la que apuntan errores en materia de financiación del proyecto.

Al respecto, González afirma que el Consejo Fiscal Autónomo se va a pronunciar públicamente en estos días para dar una opinión colegiada respecto a los aspectos económicos y relacionados a la sustentabilidad fiscal, básicamente para tratar de entregar antecedentes objetivos a la discusión que puedan aportar a la decisión.

«La preocupación por la finanzas públicas, por la sustentabilidad fiscal, debiera ser permanente, es un tema que nos va a seguir acompañando en los próximos años y me parece que todos los técnicos que puedan aportar en esta dimensión, es válido que lo hagan, aunque lo difícil es separar el componente político», porque «en este caso hay asesores directos del presidente electo y siempre hay algunos que quieren que el proyecto se apruebe en el próximo gobierno y no en este. En eso se basa un poco la discusión, lo que le quita objetividad».

Las proyecciones económicas

La llegada a La Moneda del nuevo presidente electo, Gabriel Boric, traerá nuevas proyecciones económicas al país. Según el coordinador macroeconómico de Clapes UC, las cifras de este año muestran que Chile se recuperó muy rápido de la pandemia del Covid-19: «Hubo impulso fiscal, impulso monetario y retiro de los fondos previsionales que finalmente van a hacer que este año terminemos creciendo cerca del 12%, después de haber caído 5,8% el año anterior».

La rápida recuperación de la economía, afirma González, trajo elementos positivos que permitieron recuperar la pérdida de empleos, pero por otro lado «tenemos una inflación que está cerca de 7% y que probablemente va a seguir subiendo durante el primer semestre, al menos del próximo año».

«La economía de nuestro país en los próximos años puede crecer entre 2% y 3%, que es un poco más de su capacidad de crecimiento potencial, pero con una composición que debiera ser con un primer semestre relativamente bueno y con un segundo semestre donde podríamos ver cifras de crecimiento negativo», advierte.

González asevera que el próximo año con la nueva administración se va a partir bien el semestre porque van a haber platas disponibles, además de tasas de crecimiento positivas, pero advierte que «hacia el final de año va a ser mucho más difícil sostener ese crecimiento. Aquí el problema es la capacidad de crecimiento de la economía que se ha ido reduciendo de forma significativa, entonces cuesta ver que el país sea capaz de crecer a tasas superiores al 2%».

En este sentido, ciertas políticas económicas que incluye Gabriel Boric en su programa, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el impuesto al patrimonio y el Royalty Minero, generan un factor de incertidumbre en la futura inversión del país. «Estamos pensando, quizás sin tomarle el peso, una reforma tributaria que apunta a subir significativamente la carga tributaria, a subir prácticamente todos los impuestos».

Reforma tributaria que apunta a recaudar ocho puntos del PIB, y «recordemos que durante Bachelet II, se dio una reforma muy grande que apuntaba a recaudar tres puntos del PIB que generó entre cosas cuatro años de una caída de inversión», lamenta.

Anticipa que la economía se va a encontrar con menos impulso externo, con menores estímulos y con una incertidumbre política y económica interna muy grande, y por lo tanto «no es de extrañar que tengamos no solo un año como plantea el Banco Central, sino que más de un año de caída de la inversión», lo que sería lamentable para las proyecciones económicas que hace el economista, porque la recuperación de empleos aún está pendiente.

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