El proyecto de ley sobre integridad municipal fue aprobado en general por el Senado en enero de 2024 y desde entonces permanece en segundo trámite constitucional en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización de la Cámara Alta, pese a que ha tenido múltiples urgencias para su discusión en 2024 y 2025. El pasado 4 de diciembre, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, llamó al Congreso a avanzar en la discusión de la iniciativa presentada en 2021 por diputados de izquierda. “Ha demorado demasiado la legislación de integridad municipal en salir del Congreso. Así es que hay un llamado también a las autoridades parlamentarias para que esto se pueda agilizar”, dijo la contralora en un seminario organizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y Chile Transparente.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados en diciembre de 2023. De acuerdo con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se propone “prevenir la corrupción en la función de alcaldes y concejales. Además, establece la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión municipal, aumenta los estándares de transparencia y rendición de cuentas y aumenta las facultades de fiscalización del concejo municipal” y forma parte de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, impulsada por el Gobierno.
Pérez, por su parte, destacó que “estas herramientas son esenciales para prevenir la corrupción. Nos llevan a un escenario de cumplimiento de integridad mayor”.
Y es que tan solo en el segundo semestre de 2025, la Contraloría ha emitido varios informes de investigaciones en las que ha detectado irregularidades en distintos municipios del país.
Por ejemplo, en la Municipalidad de Calera de Tango encontró inmuebles en Áreas de Preservación Ecológica; también hizo una auditoría al proceso de asignación, control, ejecución y pago de horas extraordinarias al personal de la Municipalidad de La Florida y de la Municipalidad de Santiago; detectó irregularidades en las remuneraciones pagadas a directores de establecimientos educacionales de la Municipalidad de Independencia y a su directora de Administración de Educación Municipal; detectó transferencias indebidas al exdirector de la Corporación Municipal de Cultura y Deportes de Recoleta, halló irregularidades en la adquisición de 85 giftcards de vestuarios para funcionarios municipales de Putaendo y cuestionó el viaje injustificado de tres concejales de la comuna de Fresia a Perú, entre otros asuntos.
Putaendo: el escándalo de las giftcards
En Putaendo (Región de Valparaíso), el ente contralor revisó todos los movimientos financieros de 2024 (por más de $2.560 millones) e instruyó procedimientos disciplinarios respecto de 20 observaciones mayores. Se encontró que en esta municipalidad las conciliaciones bancarias se realizan manualmente en planillas Excel, lo que conlleva un alto riesgo de error y fraude.
La auditoría incluye detalles sobre la irregularidad de los $21 millones de las 113 giftcards que se entregaron, 85 para funcionarios municipales y 28 para integrantes del Departamento de Administración de la Educación Municipal (DAEM).
Según la auditoría de Contraloría, el 99% de los funcionarios compró 452 productos expresamente prohibidos por el instructivo que define el vestuario corporativo, detectándose compra de calcetines, boxers, pijamas y ropa interior femenina, entre otras, todo avaluado en $9.047.440. En el informe se exigió a la municipalidad el reintegro de estos recursos en un plazo de 90 días desde la recepción del informe.
La auditoría hecha en la Municipalidad de Putaendo, y dada a conocer el 29 de septiembre, además alude a los costos del Carnaval de la Chaya, que se celebró en la Plaza Prat de Putaendo entre el 9 y el 17 de febrero del año pasado. El evento costó $309.519.731, monto que se imputó al presupuesto municipal y que, según el informe, implicó una sobre ejecución de $131.454.700 en «Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos» y otra de $13.999.999 en «arriendo de mobiliario y otros».
Para cubrir este exceso de gasto, el alcalde aprobó una modificación presupuestaria unilateral, que disminuyó en $138.200.000 el presupuesto para el «Servicio de mantenimiento de alumbrado público». En el documento se indica, sin embargo, que según el municipio, el servicio se prestó de igual manera, pero que no fue registrado en la contabilidad, subvaluando la deuda flotante.
El alcalde de Putaendo, Mauricio Quiroz, señala a El Líbero que, tras el informe de Contraloría, “se le notificó a cada uno de los funcionarios para que procedan a restituir al municipio los recursos mal gastados”. Quiroz especifica que el plazo para la devolución del dinero de las giftcard vence el 29 de diciembre.
En cuanto al Carnaval de la Chaya argumenta que “lo que señala la Contraloría es que eso no debió haberse realizado de la forma en la que se hizo, por lo tanto obliga a hacer una modificación presupuestaria que considere esos recursos y los pueda ingresar al presupuesto 2025, cuestión que también vamos a hacer”. En cuanto a si fue advertido sobre que no podía hacer tal modificación presupuestaria para hacer el festival, responde: “No, por supuesto que no”.
Fresia: El viaje a Perú de tres concejales sin justificación
La Contraloría desarrolló una investigación especial en la Municipalidad de Fresia (Región de Los Lagos), hecha a partir de una denuncia ingresada bajo reserva de identidad, y se constató que tres concejales fueron a Perú a participar de un curso denominado “Proyectos municipales de impacto comunal (recuperación de espacios públicos, mega parques, seguridad pública, turismo, otros) e intercambio de gestión municipal”, realizado entre los días 30 de octubre y 3 de noviembre de 2023.
Los resultados de la investigación se dieron a conocer el 14 de octubre y allí Contraloría cuestiona que “en los documentos que respaldaron dicho gasto y el consiguiente pago al proveedor contratado vía trato directo, no se señalaron las razones por las cuales se definió su asistencia (de los concejales) a dicha capacitación”.
La asistencia de los concejales a la actividad incluyó el pago de la inscripción, pasajes aéreos y viáticos, lo que implicó el desembolso de recursos municipales por $10.859.5023. En principio eran cuatro los concejales que asistirían y en la sesión del Concejo Municipal en la que se aprobó el viaje, los cuatro votaron a favor.
Sin embargo, Contraloría advierte que por ley ningún concejal puede tomar parte en la discusión y votación de asuntos en que él o sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, estén interesados. Por tanto, los concejales no podrían haber participado en la discusión ni haber votado en la sesión.
Asimismo, el ente contralor cuestiona que en la orden de compra asociada al decreto mediante la cual se cursó el pago no se expresan las razones por las cuales se definió la asistencia de esos ediles en particular, “en desmedro de otra autoridad o de funcionarios de una unidad municipal”, ni tampoco el fundamento que justifique la participación de estos en dicha capacitación. De la cual, además, no se advierte vinculación entre las materias abordadas y las obligaciones que competen a los ediles. Agregan que “no se tiene conocimiento que los concejales hayan aplicado o creado iniciativas que tengan relación con los conocimientos adquiridos en la señalada capacitación”.
En ese sentido, Contraloría concluye que la municipalidad, dirigida por el alcalde José Miguel Cárdenas, debe emprender todas las acciones para la restitución de los recursos públicos involucrados en el viaje objetado, de parte de los respectivos concejales.
El Líbero consultó a la Municipalidad de Fresia sobre las acciones que han tomado a partir de la resolución de Contraloría e informaron que están en elaboración de la respuesta que será cargada a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. En dicho documento quedarán asentadas las instrucciones a seguir, que son determinadas por el área jurídica de la municipalidad, lo cual incluye acciones para lograr la restitución de los fondos.
Independencia se querelló por fraude al fisco tras informe de Contraloría
La Municipalidad de Independencia presentó una querella por el delito de fraude al fisco en contra de Claudia Carrillo, exjefa del Departamento de Administración de Educación Municipal de la comuna.
El recurso se introdujo ante el 3º Juzgado de Garantía de Santiago después de que la Contraloría presentara un informe de investigación especial, el 5 de septiembre, por irregularidades en las remuneraciones pagadas a directores de establecimientos educacionales de la municipalidad y a su entonces directora de Administración de Educación Municipal, entre el 1 enero de 2022 y 30 de abril de 2024, cuando ejercía como alcalde Gonzalo Durán, actual delegado presidencial de la Región Metropolitana.
Según Contraloría, Carrillo percibió durante el periodo examinado remuneraciones improcedentes por la suma de $80.496.991. Asimismo, se comprobó el pago indebido de remuneraciones a 17 directores de establecimientos educacionales de la comuna de Independencia por la suma de $121.051.929.
En la querella, la municipalidad ahora encabezada por Agustín Iglesias, explica que desde febrero de 2024 la Dirección de Control envió memorándums y reportes, de forma mensual, al alcalde de la época, Gonzalo Durán, pues habían detectado excesos de hasta 200% en los bonos recibidos por la jefa del DAEM, Claudia Carrillo, y al menos 12 funcionarios más.
Cuando Durán renuncia para irse como delegado presidencial, asumió como alcaldesa Carola Rivero, quien ordenó una auditoría y con esos antecedentes se presentaron en el municipio fiscalizadores de la Contraloría. El 19 de marzo de 2025, con el preinforme del ente contralor, Carrillo fue suspendida del cargo y se inició un sumario administrativo.
La querella se presenta pues Carrillo, “contratada por Alta Dirección Pública, procedió a imputarse, a sabiendas, diversas asignaciones que no le correspondían. De esta forma, procedió a enriquecerse y a percibir de forma ilícita diversos dineros en perjuicio directo del erario municipal”.
La investigación detectó la existencia de pagos indebidos por asignación de responsabilidad directiva, pagos retroactivos sin respaldo, pagos de asignación de administración de educación municipal por sobre el tope legal, pago improcedente de asignación de incentivo profesional de gestión directiva, pagos en exceso de remuneración por planilla suplementaria y pago no acreditado de asignación de bonificación de reconocimiento profesional por concepto de mención.
La querella fue admitida por el tribunal el 3 de octubre y, desde entonces, no ha habido movimiento en el caso.
Contactados por El Líbero, desde la Municipalidad de Independencia señalan que «se mantiene activo un sumario respecto de la jefatura del DAEM, también orientado a asegurar total claridad y responsabilidad en los hechos observados».
En cuanto a las acciones tomadas a partir de las instrucciones de Contraloría, indican que dispusieron todas las medidas instruidas en los plazos establecidos. «En relación con el requerimiento de fortalecer los controles internos del proceso de remuneraciones dentro de la Dirección de Educación Municipal (DAEM), la entidad solicitó formalmente una ampliación de plazo, la cual fue otorgada por el organismo contralor. Actualmente, el municipio continúa trabajando de manera rigurosa en la implementación de dichas medidas correctivas, encontrándose dentro del plazo vigente para su cumplimiento».
Desde la municipalidad agregan que, «conforme a lo instruido por la CGR, el municipio ya inició un procedimiento disciplinario con el fin de esclarecer eventuales responsabilidades administrativas. Este proceso fue instruido el 22 de octubre de 2025, en el marco del sumario solicitado por la Contraloría General de la República».
Recoleta también se querelló: denuncian malversación de caudales públicos y administración desleal
La Municipalidad de Recoleta también presentó una querella tras una fiscalización de Contraloría. En su caso se trató de un examen de cuentas a las remuneraciones del entonces director de la Corporación de Cultura y Deportes, Juan Carrasco Contreras.
La investigación de Contraloría, publicada el 9 de julio de 2025, constató que Carrasco “realizó diversas transferencias bancarias a su cuenta personal y giros de recursos a través de cheques durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, por la suma total de $17.375.798, de los cuales, $14.865.868 no habían sido reintegrados por aquel, al momento del término de su contrato de trabajo”.
Carrasco, exalcalde de Quilicura, fue contratado por la Corporación el 1 de diciembre de 2021 y Contraloría no solo objeta las transferencias a su cuenta personal, también que “no fue posible acreditar si el prestador dio cumplimiento íntegro a su jornada de trabajo… prestando especial atención al hecho que era, además, candidato a alcalde de la Municipalidad de Quilicura y el período de campaña relacionado con dicho proceso comenzó el 27 de agosto de esa misma anualidad” (2024).
De acuerdo con Contraloría, Carrasco “en su calidad de director gerente y como trabajador, firmó en los años 2023 y 2024, sus propios anexos de contrato, los cuales modificaron, entre otros, el monto de su remuneración, sin que exista evidencia de una aprobación o revisión por una contraparte”. En cuanto a las transferencias se señala que “dichas operaciones carecen de antecedentes de respaldo que permitan acreditar el uso y destino de aquellos fondos”.
Y también se menciona que el funcionario “rindió la suma de $509.930, como gasto de representación, cuyo respaldo consiste en la boleta N° 1484860, del Bar Liguria Ltda., de fecha 11 de junio de 2024, el cual correspondería a la ‘Actividad Concierto Ismael Serrano’, no obstante, dicho gasto no se encuentra previsto en los estatutos de esas entidades corporativas y, en consecuencia, no se aviene con sus objetivos”.
Por tanto, Contraloría formuló reparos por la suma total de $15.375.798.
El 29 de noviembre de 2024, el alcalde de Recoleta, Fares Jadue, notificó a Carrasco del término de su contrato de trabajo como director gerente a contar del 31 de diciembre de ese año, sin embargo el finiquito no se firmó de inmediato, al considerar que Carrasco debía a la municipalidad $1.833.469, derivado de transferencias que él se realizó. “No obstante, conforme se expuso en el punto precedente, dicha cifra ascendería a $15.375.798”, aclara Contraloría, que además solicitó a la Corporación regularizar el término del contrato “y considerar respecto del eventual pago por concepto de indemnización, los montos que el exdirector gerente se asignó sin autorización por la cifra total de $15.375.798, lo cual deberá informar a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe”.
La querella presentada por la Municipalidad de Recoleta es por los delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal.
Desde la Corporación Municipal de Cultura y Deportes de Recoleta dicen a El Líbero que en cumplimiento de lo indicado por la Contraloría “se ha implementado un nuevo Reglamento de Rendición de Cuentas y Control de Gestión, instruido por el alcalde, Fares Jadue Leiva, al Director Ejecutivo. Esta medida busca fortalecer la transparencia y garantizar el uso responsable de los recursos públicos administrados por la Corporación”.
Dicho reglamento está vigente desde el 4 de noviembre de 2025 y “establece exigencias más estrictas en materia de control interno, comenzando por la obligación del Director Ejecutivo de presentar informes mensuales de gestión, mantener un registro actualizado de las actas del Directorio y someterse a un sistema formal de seguimiento de acuerdos. Estas disposiciones aseguran una supervisión continua y documentada de su labor directiva”.
El reglamento, explican, también prohíbe expresamente las transferencias o asignaciones personales que no cuenten con autorización formal del Directorio, se establece que ninguna autoridad podrá firmar sus propios anexos de contrato o mejoras laborales y está previsto informar a la Contraloría el avance en la implementación de las medidas instruidas.
Tras darse a conocer el informe de Contraloría, Carrasco publicó un comunicado en sus redes sociales, en el que señala que “mi desvinculación como Director General de dichas corporaciones, justificada formalmente por ‘necesidades de la empresa’, no se ajusta a la realidad… El cargo que desempeñaba sigue vigente, por lo que no hubo supresión ni reestructuración alguna que justifique la decisión adoptada. Han transcurrido ya diez meses y aún no se ha concretado el pago de mi finiquito ni de las indemnizaciones correspondientes a mis años de servicio”. Y afirma: “Cabe señalar que los errores administrativos detectados no son de mi responsabilidad”.
“Mi único objetivo es llegar a un acuerdo justo, acceder a lo que me corresponde por derecho y cerrar de manera transparente un proceso que ha puesto en entredicho mi integridad”, dice el exalcalde de Quilicura.
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