Contraloría hizo noticia la semana pasada por dar a conocer inconsistencias por más de $15.914 millones en los estados financieros de 73 entidades públicas entre 2020 y 2024. 21 de ellas eran municipalidades, que en conjunto sumaron más de $1.476 millones objetados.
De las comunas cuestionadas, la que tuvo más dinero observado fue Pudahuel en 2022, con $621.600.780, superando en 232% a Lo Barnechea en 2019, que es la que sigue en la lista (ver abajo) y acumulando 42% del total de todas las municipalidades revisadas. Los hallazgos de inconsistencias de Contraloría en Pudahuel son llamativos, pues incluye una variedad de depósitos y bienes “fantasmas”, es decir, que existiendo, no estaban debidamente registrados en la contabilidad. Adicionalmente, se detectó una millonaria falta de recuperación en licencias médicas y de patentes municipales vencidas, mientras que se tomaba en cuenta el cobro a empresas que ya no existen, entre otras inconsistencias.
La municipalidad está liderada desde 2021 por el alcalde Ítalo Bravo, quien en su primer mandato postuló por el Partido Igualdad, mientras que en 2024 repostuló como independiente en cupo del Partido Comunista. El informe de Contraloría General de la República (CGR) revisó la contabilidad de todo el año 2022, instruyó un sumario y pidió subsanar varios aspectos. El Líbero consultó a la Municipalidad de Pudahuel sobre el resultado del sumario, las causas de las inconsistencias y las medidas que tomó la casa comunal para enmendar los errores, sin embargo, prefirieron no despejar esas consultas a este medio ni referirse al tema.
Hay que tener presente que Contraloría observó en su informe un volumen de dinero de inconsistencias mucho mayor al monto específicamente objetado en Pudahuel ($621 millones) porque se refiere a montos involucrados. Sin embargo, no todos los errores fueron considerados brechas financieras críticas para la gestión municipal. Esto es parte de lo que consignó la auditoría.
Más de $760 millones depositados, pero no reconocidos
Según la auditoría de Contraloría, en 2022 se detectaron $ 760.319.019 en depósitos bancarios, los cuales no estaban registrados en la contabilidad del municipio. Eso sí, databan incluso desde 2020, cuando el alcalde era Johnny Carrasco.
Del total, $ 477 millones correspondían a depósitos del Servicio de Salud Metropolitano Occidente y de la Subsecretaría de Salud, los que debieron haber ingresado al presupuesto municipal para luego pasar a la Corporación Municipal y Social de Pudahuel (Codep), pero que según Contraloría, se quedaron en el proceso de conciliación bancaria.
También se detectaron millonarios ingresos y egresos no registrados en las cuentas corrientes del municipio y una diferencia total entre los saldos de $692 millones que según Contraloría, no fue identificada ni aclarada por la municipalidad. Posteriormente, Pudahuel respondió que reconoció los casos de $151 millones y que estaba contabilizando abonos, pero como faltaba bastante para corregir las inconsistencias, Contraloría les ordenó hacer un sumario administrativo, cuyo desarrollo o resultado la municipalidad no quiso dar a conocer.
“Desconocer la trazabilidad y el destino de los recursos utilizados, expone a la entidad a un riesgo de fraude debido a posibles pérdidas, extravío y/o sustracción de fondos, no detectados oportunamente”; concluyó la CGR al respecto.
Cobros a empresas que no existen y falta de cobro a las que sí existen
El desorden detectado por Contraloría llegó al punto de que reveló que la municipalidad registró los supuestos futuros ingresos que recibiría por el pago de 256 patentes municipales de contribuyentes, pero en realidad esos contribuyentes ya habían terminado su giro en el SII, es decir, ya no estaban funcionando ($132 millones).
Esto ya había sucedido, pues la auditoría consigna que Pudahuel ya había ajustado los ingresos por concepto de patentes municipales y que no se lo había comunicado: “La situación observada, afecta la razonabilidad de los saldos presentados en los Estados Financieros, considerando que la cuenta de ingresos se encuentra sobrevalorada, al registrar ingresos que no serán percibidos, dado que las entidades se encuentran con término de giro. Además, devengar ingresos presupuestarios que no son reales, incide en que la municipalidad pueda generar un déficit presupuestario, al disponer de recursos que no serán recaudados”.
No obstante, Contraloría también calculó en $5.619.335.851 el monto total de patentes municipales morosas en la Municipalidad de Pudahuel y que tenían una antigüedad superior a cinco años. Esto, pese a que los estados financieros de 2022 indicaban que no había cobros por cobrar superiores a un año.
La municipalidad se defendió explicando que en enero y febrero de 2023 se iniciaron acciones de cobro y que lograron recuperar 16% de lo adeudado, pero como no adjuntaron documentos que lo acreditara, Contraloría mantuvo la observación.
Siempre en el tema de cobro de patentes e impuestos, Contraloría detectó ingresos superiores a los que registraba la contabilidad del municipio ($106 millones en patentes municipales y $66 millones de permisos de circulación), situación que se repitió respecto de gastos devengados, por el Fondo Común Municipal y derechos de aseo.
Junto con criticar la falta de control, el ente fiscalizador dijo que la situación “expone a la municipalidad al riesgo de que los ingresos devengados no sean reales y, por tanto, no sean recuperables lo que incide en que la municipalidad mantenga cuentas por cobrar abultadas pudiendo generar déficit en el saldo inicial de caja generando que no existan los recursos suficientes para dar continuidad a la función pública que le corresponde realizar al municipio”.
En general, la CGR advirtió inconsistencias en varias cuentas municipales e importantes diferencias entre las deudas que reconocían los proveedores y las que consignaba Pudahuel.
Licencias médicas no recuperadas
Otro “hoyo negro” financiero se detectó respecto a la recuperación de licencias médicas rechazadas, que según Contraloría alcanzaron los $1.028 millones, por reposos que se dieron desde 2015 en adelante, aunque el año que más acumuló casos pendientes fue 2021, con 355 casos (los años anteriores fueron de máximo 72).
Incluso, la auditoría registra que las licencias pagadas por isapres fueron de un monto superior ($52 millones) a lo que registró la municipalidad y que esta no hacía una adecuada trazabilidad de las licencias aceptadas, rechazadas o reducidas por funcionario.
Además, se detectaron 10 personas que habían sido desvinculadas de la municipalidad, pero que seguían teniendo cuentas en sistemas computacionales del lugar.
Vehículos e inmuebles sin registrar
Otra inconsistencia es que Contraloría comprobó que había 14 vehículos (incluyendo ambulancias y camiones) valorizados en más de $390 millones, que figuraban en el Registro Civil como propiedad de la Municipalidad de Pudahuel, pero que no estaban considerados en la contabilidad municipal ni mucho menos se había registrado su depreciación por uso.
Algo similar pasaba con 31 propiedades: en el Conservador de Bienes Raíces figuraba que la municipalidad tenía 149 inmuebles, mientras que la Dirección Jurídica contabilizaba 180. También se detectaron 14 propiedades en comodato que tampoco fueron contabilizadas en la municipalidad. Entre ellas, un cuerpo de Bomberos, juntas de vecinos y el Cementerio Municipal.
«No poseer control ni tener certeza de los bienes muebles e inmuebles expone al municipio a que estos puedan ser utilizados por terceros para fines distintos de los cuales fueron adquiridos. O bien, pueden no encontrarse disponibles físicamente debido al mal uso de los recursos públicos, robo o pérdida o ventas no reconocidas de dichos bienes”, sostuvo la CGR.
Los montos que Contraloría objetó en las otras municipalidades
- Lo Barnechea: se auditó el año 2019*, cuando era alcalde Felipe Guevara (RN). El monto cuestionado fue de $187.379.785. Contraloría no instruyó ningún tipo de sumario.
- Calama: se revisaron los estados financieros de 2019 y de 2022, cuando los alcaldes eran Eliecer Chamorro (FREVS) y Daniel Agusto (RN). Los montos observados fueron $152.790.425 y $98.234.901, respectivamente. Contraloría solicitó un sumario administrativo en el primer caso.
- La Reina: fue auditada en 2022, bajo el mandato del alcalde José Manuel Palacios (UDI) y Contraloría objetó $82.173.782.
- El Bosque: se revisó en 2019, cuando el alcalde era Sadi Melo (PS). Se objetaron $64.134.649.
- Copiapó: auditada en 2018, con el alcalde Marcos López Rivera (PS), se le objetaron $50.261.286
- Melipilla: fue el caso más mediático de la semana pasada. Contraloría revisó sus cuentas durante 2022, cuando la alcaldesa era Lorena Olavarría Baeza (Convergencia Social) y aunque el monto objetado fue menor que las municipalidades anteriores ($43.066.617), la CGR no sólo instruyó un sumario administrativo, sino que también envió el informe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) ante la sospecha de estar frente a delitos.
- Concón: liderada por el independiente Freddy Ramírez, fue examinada en 2022. Se observaron $39.145.527 y se pidió un sumario administrativo para determinar las responsabilidades en las inconsistencias encontradas.
- Castro: se objetaron $22.149.668 del periodo 2022, cuando el alcalde era Juan Eduardo Vera (UDI). Se solicitó sumario.
- Conchalí: fue auditada en 2022 con el actual alcalde René de la Vega (IND) y se cuestionaron $19.082.171.
- Pucón: se objetaron $15.425.032 de 2022 y se ordenó sumario. El alcalde era Carlos Barra (RN).
- Collipulli: fue revisada en 2018 cuando el alcalde era Manuel Macaya (RN). ¿El dinero cuestionado? $13.894.794.
- Taltal: fue la auditoría más reciente (2023). Se objetaron $13.856.557 y se inició un procedimiento disciplinario a cargo de Contraloría. El alcalde era el independiente Guillermo Hidalgo.
- Canela: se revisó en 2021, se objetaron $7.737.483 y no se iniciaron acciones. El alcalde era Bernard Leyton (PC).
- Primavera: se objetaron $7.137.809 de 2021, bajo el mandato del alcalde Blagomir Brztilo (DC).
- Quintero: se ordenó el inicio de un sumario administrativo por las inconsistencias halladas en 2021. Se cuestionaron$ 6.131.639 y el alcalde era el independiente Mauricio Carrasco.
- Putre: se objetaron $6.112.284. La alcaldesa era Maricel Gutiérrez (Ind).
- Pozo Almonte: se objetaron $5.956.640 en 2022. El alcalde era Richard Godoy (DC).
- Paihuano: en 2022 se le cuestionaron $4.139.655. El alcalde era Hernán Ahumada (RN).
- Palmilla: fue auditada en 2018 y se objetaron $2.873.950 bajo el mandato de la alcaldesa Gloria Paredes (DC).
- María Elena: se examinó el periodo de 2021 detectándose inconsistencias por $2.759.275. Se instruyó un sumario y el alcalde era Omar Norambuena (Ind- CHV).
*Pese a que Contraloría informó que la revisión contable iba de 2020 a 2024, hay 22 entidades auditadas antes de ese periodo. Siete corresponden a municipalidades.
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