Publicado el 08 de agosto, 2020

Germán Concha: «Pareciera que estamos en presencia de ‘abolicionistas penales’, personas que creen que no se deben aplicar sanciones»

Autor:

Sofía Del Río

El abogado y docente de la Universidad Católica, se refiere a las distintas dimensiones legales del Caso Ámbar, apuntando que «es lógico que alguien que no cree que deben existir sanciones trate de buscar las fórmulas para evitar que ellas se apliquen. Lo que no parece razonable, es que esa persona sea juez en materia criminal». A raíz de esto, también hace referencia al 18-O y al tema de La Araucanía. «Desde que se iniciaron los hechos de violencia en octubre, se puso en igualdad de condiciones la violencia con el uso legítimo de la fuerza orientado a resguardar el orden público».

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El caso Ámbar ha conmocionado al país, pero también ha puesto en el tapete una serie de aristas relacionadas al Poder Judicial y su funcionamiento. En conversación con El Líbero, el abogado y docente de Derecho Constitucional en la PUC, Germán Concha, analiza los distintos aspectos involucrados en la situación.

Concha se refiere a los jueces «garantistas», o más bien, «abolicionistas», como los define, quienes creen que el Estado no puede castigar. Respecto a esto, afirma: «Es lógico que alguien que no cree que deban existir sanciones trate de buscar las fórmulas para evitar que ellas se apliquen. Lo que no parece razonable, es que esa persona sea juez en materia criminal».

Pero esta idea no solo se evidencia en el dramático caso de la joven Ámbar Cornejo, sino que el abogado lo extrapola al 18-O y a la situación de violencia que se vive en la región de La Araucanía. Señala que «la lógica que subyace es que el Estado no tiene derecho de usar la fuerza en contra de los delincuentes, porque la culpa es de la sociedad y no se puede castigar».

-Hugo Bustamante, imputado por la muerte de Ámbar, quedó libre en 2016 por decisión de una comisión que presidió la jueza Silvana Donoso cuando se veía la libertad condicional como un derecho y no como beneficio. Este concepto fue cambiado el año 2019 en una ley promulgada por el Presidente Piñera. ¿Es necesario cambiarla de nuevo?

-La experiencia enseña que, en general, no es recomendable legislar inmediatamente ocurrido un caso muy grave, porque, como es natural, la atención se tiende a centrar en los aspectos más fuertes o dramáticos, y el análisis deja de considerar todos los elementos involucrados, lo que dificulta hacer algo racional, equilibrado, que es, precisamente, lo que debe interesar al Legislador. Aunque sea difícil, es importante tratar de ir más allá de la presión emocional del momento.

-¿Y cómo ve el tema de los jueces a nivel nacional? ¿Es efectivo que hay algunos más garantistas que otros?

Creo que el problema radica en que si se atiende a sus declaraciones, pareciera que estamos en presencia de “abolicionistas penales”, es decir, personas que creen que no se deben aplicar sanciones, pues ellas son siempre injustas. Eso va mucho más allá de proteger las garantías de las personas en materia penal, y tiene que ver con una visión ideológica que asume que todo castigo es injusto.

Es un contrasentido que una persona que es ‘abolicionista penal’, sea juez en materia criminal. No parece razonable que cumpla esa tarea alguien que está convencido que toda sanción es injusta y que el sistema penal no debiera existir».

-¿Entonces está fallando el sistema?

-Me parece que es un contrasentido que una persona que es “abolicionista penal” sea juez en materia criminal. No parece razonable que cumpla esa tarea alguien que está convencido que toda sanción es injusta y que el sistema penal no debiera existir.

-La misma jueza, durante el estallido, le prohibió a los Carabineros lanzar bombas lacrimógenas para resguardar el orden público en Valparaíso.

-Uno de los fenómenos más preocupantes que se produjeron desde que se iniciaron los hechos de violencia en octubre del año pasado, es que se puso en igualdad de condiciones la violencia (ilegítima, por definición), con el uso legítimo de la fuerza orientado a resguardar el orden público. Más allá del deber de controlar el modo en que actúa la fuerza pública, lo que no puede pasar es que el violentista esté en la misma posición ante el Derecho que el policía.

-Y otro punto importante a tocar es el respeto a la ley…

-Sí, por supuesto. El Estado de Derecho supone, precisamente, el respeto a la ley. Una de las garantías más importantes que todos tenemos es saber que nuestro comportamiento será juzgado conforme a reglas objetivas (las leyes), y no según el querer subjetivo de alguien o la opinión dominante en un momento determinado.

-En el caso de Bustamante, había un informe de Gendarmería donde se señalaba que él no tenía los requisitos para acceder a la libertad condicional…

-Volvemos al punto del “abolicionismo penal”. Es lógico que alguien que no cree que deben existir sanciones trate de buscar las fórmulas para evitar que ellas se apliquen. Lo que no parece razonable, es que esa persona sea juez en materia criminal. Eso es muy distinto, y es fundamental tenerlo claro, con los derechos que todas las personas tenemos en materia penal y que deben ser respetados con independencia de la gravedad del crimen que se esté investigando.

-¿Es relevante conservar el concepto de presunción de inocencia en nuestro sistema?

-Exactamente. Parte fundamental de la civilización occidental son esos derechos. Sin presunción de inocencia y sin derecho a defensa, por ejemplo, el sistema se cae por su base y eso daña seriamente la convivencia social. Por eso es tan grave la «funa».

Deslegitimar a la fuerza pública es un camino muy peligroso. Solo favorece la violencia, y, más temprano que tarde, nos lleva de regreso a las cavernas».

-Claro, y se ha instalado la cultura de la «funa»

-Puede sonar exagerado, pero me parece que esta suerte de “cultura de la funa» que se ha instalado es un camino de vuelta a las cavernas. Es el triunfo de la violencia y el amedrentamiento por sobre la razón, y eso es muy contrario a la civilización.

-El viernes, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, dijo que hay que revisar el extremo garantismo que impera porque el victimario tiene más garantías que la víctima…

-Me parece que el ministro está planteando un punto muy importante que dice relación con la lógica en que se movió la legislación. En términos históricos, pareciera que después del gobierno militar, Chile hubiera llegado a la conclusión que había una legislación muy “pro-policía” o incluso “pro-represión”, y que en el ánimo de corregir eso, se hubiera terminado con una legislación que hace excesivamente difícil castigar ciertos delitos. Si a esto le agregas esta idea de que el violentista está en la misma posición que el agente de las fuerzas de orden, la situación se vuelve crítica.

Es fundamental que todas las autoridades, más allá de sus posiciones políticas, respalden el orden institucional».

-¿Es lo que pasa un poco en La Araucanía?

-Creo que nunca se puede perder de vista que la fuerza pública actúa para hacer cumplir la ley. Por cierto es muy importante castigar los abusos que se puedan producir, pero eso no puede hacer olvidar que su tarea es legítima. Que ella actúa en representación de todos nosotros para garantizar que exista y se respete el Estado de Derecho.

-Pero siguiendo esa lógica, tendrían todas las fuerzas políticas que condenar la violencia…

-Como se suele decir, lo que importa no son solo las declaraciones, sino también las acciones. Por eso es fundamental que todas las autoridades, más allá de sus posiciones políticas, respalden el orden institucional. Esa es la base del Estado de Derecho. Deslegitimar a la fuerza pública es un camino muy peligroso. Solo favorece la violencia, y, más temprano que tarde, nos lleva de regreso a las cavernas.

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