Gran revuelo mediático se produjo el pasado 13 de diciembre luego que El Mercurio publicara que el ex líder del FPMR, Galvarino Apablaza, estaba tramitando desde Argentina la obtención de un bono por un millón de pesos en su condición de víctima de tortura y/o prisión política en el gobierno militar.
El ex frentista, a quien se le acusa de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán en plena democracia, se encuentra en el vecino país en condición de refugiado político, luego que él solicitara a autoridades argentinas que rechazaran el pedido de extradición de la justicia chilena.
Pero lo cierto es que Apablaza, a pesar de estar prófugo de la justicia chilena y de ser considerado “un terrorista” por el propio jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior, el PS Luis Correa Bluas, no está impedido de gozar de todos los beneficios que otorga el Estado de Chile a quienes figuran en el informe de la Comisión Valech II.
En ese contexto, y según cifras que detalló la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Patricia Silva, el ex frentista podría llegar a recibir una cifra cercana a los $64 millones de parte del Estado, al igual que las más de 25 mil personas que aparecen en el informe.
En una exposición ante la comisión de Hacienda de la Cámara el pasado 2 de septiembre –cuando se tramitaba el bono de un millón-, Silva señaló que considerando todos los beneficios vigentes para las víctimas del informe Valech, a cada uno de los 26.622 beneficiarios se les ha entregado $16 millones en promedio y por concepto de pensiones futuras se les entregará $28 millones más. “Eso da un total de $44 millones por concepto de pensiones pagadas y futuras en promedio. Sin descontar por TPM, en términos reales da un total de $64 millones por concepto de pensiones pagadas y futuras en promedio», dijo.
Al interior del gobierno existe molestia por la situación y estarían preparando una nueva estrategia para que se le quite su condición de refugiado en Argentina y sea extraditado a Chile.
“Parece contradictorio que quien alega que no existe democracia en Chile y que nuestro país no da garantías para un debido proceso, para los efectos de cobrar la pensión de la Ley Valech no discute que el cheque lo gira el Estado que él dice que no respeta los derechos humanos. El cheque para Apablaza lo gira el mismo Estado que él dice que viola sus derechos humanos. Ese Estado que le paga es el mismo Estado que no le da garantías del debido proceso”, señaló el domingo Luis Correa Bluas en El Mercurio.