Publicado el 8 mayo, 2021

Galli sobre agresores en la Araucanía: “Son asesinos o narcotraficantes”

Autor:

Pilar Molina

“Claramente hay un afán de amedrentar la acción de la justicia”, dice el subsecretario del Interior, en referencia a los atentados en la macrozona sur del país. “No puede ser que funcionarios judiciales se hagan parte de este conflicto y justifiquen o legitimen la violencia”, advierte.

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Pilar Molina

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El jueves se produjo una seguidilla de ataques incendiarios que dejó 17 camiones, cuatro máquinas forestales y dos camionetas destruidas en Capitán Pastene, en la comuna de Lumaco (Región de La Araucanía). Se trata del mayor atentado contra transportes de carga y maquinarias forestales de los últimos cuatro años y, además, hubo un nuevo atentado en contra del retén de Quidico, en Tirúa (Región del Biobío).

En conversación con la periodista Pilar Molina, durante el programa “Mirada Líbero en Agricultura“, el subsecretario del Interior Juan Francisco Galli se refirió a estos hechos y subrayó que con los ataques “se pretende es amedrentar o atemorizar a aquellas personas que han optado por la paz”.

El Subsecretario de Interior también se refirió al artefacto explosivo dejado en el centro comercial Apumanque y aseguró que no existe una amenaza, explícita o implícita, al proceso electoral del 15 y 16 de mayo.

-Esta semana tuvimos un atentado histórico en Capitán Pastene, en Malleco, y la WAM se adjudicó los atentados. ¿Qué le responde el Gobierno a las personas que dicen que, definitivamente, no hay estado de derecho en la macrozona sur?

-Los hechos del jueves son particularmente graves. Lo primero, los afectados de estos atentados son empresas contratistas, muchas de ellas donde trabajan o son parte miembros de comunidades mapuche de la zona, por lo tanto, aquí lo que se pretende es amedrentar o atemorizar a aquellas personas que han optado por la paz, han optado por no ser parte de esta violencia, pero que están siendo amenazadas y atacadas justamente por eso.

Y lo segundo, yo diría que hay cierta causalidad del Estado de Derecho, porque las pancartas que reivindican los atentados del jueves hacen alusión a Luis Tranamil, la persona que fue detenida hace poco producto de una investigación judicial llevada adelante por la Fiscalía con Carabineros, por el asesinato del cabo Eugenio Nain. Esa persona está hoy en prisión preventiva y piden su libertad haciendo estos atentados. El otro mencionado es Erick Montoya, quien participó en el atentado que le costó la muerte al Sargento Hugo Albornoz en el año 2012, entonces esto es una investigación de largo aliento que ha logrado determinar la ubicación de esta persona y detenerlo. Por último, Emilio Berkhoff, reconocido líder de la WAM que fue detectado fuera de la macrozona sur con más de 800 kilos de cocaína.

Estamos hablando de personas que no tienen nada que ver con demandas legítimas, sino que son asesinos o narcotraficantes y porque el Estado de Derecho ha funcionado, ellos están privados de libertad. Sin embargo, hay algunos que quieren usar sus nombres para reivindicar la violencia. Nosotros vamos a seguir investigando, persiguiendo a los narcotraficantes y asesinos y los vamos a seguir poniendo a disposición de la justicia para que sean juzgados, de eso no hay duda.

Porque el Estado de Derecho ha funcionado hay personas privadas de libertad. Sin embargo, hay algunos que quieren usar sus nombres para reivindicar la violencia”.

-Hoy se habla de territorios ocupados, un concepto que antes no se usaba en Chile, ¿cómo es posible que hayamos retrocedido a esto?

-Efectivamente ese es parte del problema. El uso, por ejemplo, de armas de fuego para intentar bloquear el tránsito de personas. Pero, en ese sentido, tanto Pablo Urquízar, como los coordinadores de la macrozona sur están trabajando con Carabineros para entrar a esos lugares y destrabar esos eventuales bloqueos para hacer presencia del Estado en el lugar. Instalamos, lo que fue bastante polémico, estos “controles mixtos” de Carabineros y las Fuerzas Armadas tanto en La Araucanía como en la parte sur de la Provincia de Arauco, del Biobío, lo que ha implicado que algunas personas hayan caído detenidas. Hay que seguir en eso, este es un proceso que va a ser largo. No pretendamos que esto se solucione de un día para otro si esto lo venimos viviendo y viene aumentando desde el año 97 o quizás desde antes.

-¿Es posible seguir aumentando el contingente policial? Los violentos siguen actuando como dueños y señores, quemando y amedrentando. ¿Dónde termina esto?

-El equipo del Ministerio del Interior, la ministra Karla Rubilar de Desarrollo Social, la ministra de Agricultura, el de Obras Públicas, todos tiene un foco en la Macrozona sur, de tal manera de poder aumentar la presencia del Estado y poder desarrollar un trabajo colaborativo con aquellas comunidades que no están por la violencia para que no exista un terreno fértil para ella.

Ahora, para nosotros la tecnología está disponible, pero, lamentablemente, también la globalización y la facilidad del comercio es algo que ha facilitado la actividad violenta. Hoy es más fácil adquirir comunicaciones o incluso armamento producto del aumento de los ingresos a Chile, la disponibilidad de la tecnología y la reducción en el precio de esta. Los desafíos se van poniendo más complejos y por eso tenemos que estar trabajando intensamente en qué es lo que está ocurriendo, cómo cambian estos fenómenos y cómo nosotros, las policías y la inteligencia nos vamos adaptando a los cambios.

No puede ser que funcionarios judiciales que tienen acceso a las investigaciones se hagan parte de este conflicto y justifiquen y legitimen la violencia”.

-Se reportó un bajo interés por postularse a fiscal regional de La Araucanía. ¿Es un mal síntoma el poco interés en este puesto?

-Por supuesto que es un mal síntoma, tal como es un mal síntoma que un funcionario judicial haya sido descubierto con armamento, incluso con elementos para construir artefactos explosivos. Nosotros tenemos que evitar, en primer lugar, que nuestras autoridades y los poderes del Estado, el Poder Judicial, la Fiscalía, se inhiban de cumplir una función esencial que es la investigación y juzgamiento de los delitos por las situaciones de violencia que se viven en la macrozona sur. Hace pocos días en Quidico le quemaron una casa al que era el juez de Cañete. Entonces, claramente hay un afán de amedrentar la acción de la justicia. Pero, en segundo lugar, no puede ser que funcionarios judiciales que tienen acceso a las investigaciones se hagan parte de este conflicto y justifiquen o legitimen la violencia. En el domicilio del funcionario judicial que fue detenido se encontró armamento, municiones y elementos para construir un artefacto explosivo.

-¿Hubo desidia de sus superiores al no darse cuenta a quién tenían contratado en el Tribunal?

-Más que desidia lo que pasa es que hay que entender que la Macrozona sur es un lugar distinto. Probablemente, uno no hace un escáner de todos los funcionarios del Poder Judicial a lo largo de todo Chile. Sí hay medidas preventivas de probidad, que se aplican en todo el sector público, pero quizás hay que darle una mirada adicional en la macrozona sur, porque hay un conflicto que no existe en otra parte del país, y por lo tanto, esta violencia tiene que llevarnos a tomar medidas extraordinarias que no tomaríamos en otros lugares de Chile. Yo no hablaría de desidia, sino que al revés, este es un llamado de alerta para que tomemos medidas preventivas adicionales.

“No es que esté fallando el Estado hoy día, es un proceso que lleva más de 20 años”

-Hay un nuevo delito que se ha masificado que son las tomas de predios. ¿Por qué este retroceso? ¿Hay un relajamiento en el orden público y todo es posible?

-Las causas pueden ser múltiples, pero lo que no podemos aceptar es que estas personas, particularmente las víctimas, tengan que renunciar a poder desarrollar actividades económicas lícitas. Hemos trabajado en dos sentidos, uno nos resultó bastante exitoso el año pasado, que fue lo que denominamos “el plan cosecha”, es decir, un trabajo específico de Carabineros con los coordinadores de la zona para asegurar la seguridad y llevar adelante la cosecha de los predios. La verdad es que, incluso aquellos predios que fueron amenazados o transitoriamente ocupados, pudieron realizar la cosecha en el verano que ya pasó. En segundo lugar, tenemos que avanzar en dotarnos de mejores herramientas, esa es una discusión que estamos llevando ahora en la Comisión de Seguridad del Senado para perfeccionar la tipificación del delito de usurpación, de tal manera de poder tomar medidas inmediatas frente a una usurpación a un predio.

-¿Y que puedan ser detenidos los usurpadores?

-Así es, que puedan ser detenidos, más allá de la sanción que le pueda aplicar el tribunal, pero que Carabineros pueda proceder a la detención. Si no Carabineros hace un despliegue importantísimo de personal para poder resguardar la seguridad no solo del predio, también de las personas que lo están ocupando, porque una cosa es la ocupación y otra es que esas personas no resulten heridas. El desalojo de tomas ha generado mucha controversia y personas heridas, eso hay que tratar de evitarlo al máximo y la forma de hacerlo es que estas personas no tengan que simplemente salir y al rato poder volver a ocupar, porque si no es una dinámica que se repite una y otra vez, pero que no nos lleva a ningún resultado, y al revés, aumenta el riesgo de personas heridas y aumenta la desesperanza de aquellas personas.

-¿Qué riesgo existe en Chile de que terminen las víctimas creando sus propios círculos de defensa?

-Yo creo que ese sería el peor de los mundos y es altamente inconveniente, no solo para el Estado, sino para las propias víctimas. Lo que pasa en esos casos es que las propias víctimas terminan afectadas, muchas veces generan hechos de violencia que deben ser investigados por la justicia y como esa violencia no es controlada, no están entrenados como las fuerzas policiales para hacer uso de armas de fuego, etc, resultan ellos heridos o afectados en su integridad física, su vida, o afectan la de otros y tienen que ser juzgados por la justicia. Creo que en esos casos el llamado es a trabajar conjuntamente con las fuerzas policiales, con la Fiscalía, para poder obtener un resultado. Hacer trabajo con aquellas comunidades que han renunciado a la violencia, pero no recurrir a la violencia como solución, porque eso es retroceder en mínimos civilizatorios.

Este es un proceso que lleva más de 20 años en que no hemos logrado generar las condiciones para que esta violencia disminuya y no siga aumentando”.

-Pero el primer mínimo civilizatorio es que el Estado les dé protección a las personas, ese es el contrato social…

-Sin lugar a dudas, claramente ese es el desafío. Pero no es que esté fallando el Estado hoy día, es un proceso que lleva más de 20 años en que no hemos logrado generar las condiciones para que esta violencia disminuya y no siga aumentando. En ese sentido, todos tenemos que mirarnos para ver qué es lo que dejamos de hacer, qué es lo que no hemos hecho y volver a entablar procesos de diálogo, de avance y de rechazo absoluto y tajante a la violencia. Sino es imposible, porque los violentos generan un impacto comunicacional que es incontrarrestable. El fuego y uso de armas de fuego es tan impactante para la ciudadanía que no está acostumbrada a la violencia, que hacen negocios estos tipos con los actos de violencia, entonces el resto de la ciudadanía, que renuncia a la violencia como método de convivencia social, debe entender que solo unidos vamos a poder hacer frente a estos pequeños grupos violentos.

-¿Y qué responsabilidad tiene el Congreso en la displicencia que ha tenido para legislar en todos estos temas?

-He escuchado mucho a parlamentarios que nos dicen que las leyes que establecen delitos o que aumentan las penas no son la herramienta más efectiva, bueno, pero son una herramienta adicional, aquí no hay una sola solución mágica, porque si fuera así, que con un solo artículo se pusiera fin a la violencia, con eso estaríamos todos felices. Pero la verdad es que estos problemas son complejos y por lo tanto, requieren de soluciones complejas. Una de las herramientas que necesitamos es ir perfeccionando nuestra legislación en la materia para que las policías y la Fiscalía puedan hacer su trabajo. Ahora, ¿es suficiente eso? Sin duda que no, pero también los parlamentarios tienen que hacerse parte del proceso de diálogo y entiendo que en el último tiempo eso ha existido, particularmente de los senadores de la región, que se han sentado a una mesa para dialogar y poder llevar adelante un proceso que no solo espere de las fuerzas policiales una reacción, sino también que haya un sustento político a un proceso que vaya disminuyendo los hechos de violencia gradualmente y que pueda darle tranquilidad no solo a quienes son propietarios agrícolas o forestales, también a las comunidades.

“Dentro de esos supuestos presos políticos hay personas que colocaron artefactos explosivos”

-¿Por qué se activaron ahora los anarquistas, poniendo una bomba en la sucursal del Banco Estado en el centro comercial Apumanque?

-Puede haber razones coyunturales, estamos en el mes de mayo, Mauricio Morales es un anarquista que ha generado bastantes hechos de violencia en el pasado, y por lo tanto, puede haber una razón coyuntural, y además, algo que se ha levantado mucho en el tiempo, que es esta causa de los supuestos presos políticos del estallido, que están privados de libertad, y hay algunos que quieren confundir a la ciudadanía, porque dentro de esos supuestos presos políticos hay personas que colocaron artefactos explosivos y eso no tiene nada que ver con ninguna manifestación. Son personas que lo que buscaban era dañar gravemente e incluso hubo artefactos explosivos que se enviaron a personas naturales y que pudieron haber causado la muerte.

En segundo lugar, los artefactos explosivos en algunas legislaciones son per se actos terroristas, porque no están destinados solo a causar el daño que causa el explosivo, están destinados a causar temor en la población y eso es justamente lo que hay que combatir y por eso mismo, estas personas están privadas de libertad. Lo que se pretende, a través de las reivindicaciones, es pedir la libertad aduciendo que habría una causal política en estas investigaciones judiciales, cuando en realidad lo que hay es el combate de delitos especialmente graves que pudieron haber afectado la vida de personas.

Las reivindicaciones que hemos visto tienen más que ver con las personas que están privadas de libertad. No hay alusiones al proceso político”.

-¿Y no hay una amenaza explícita o implícita al proceso electoral que vamos a vivir?

-No, las reivindicaciones que hemos visto tienen más que ver con las personas que están privadas de libertad. No hay alusiones al proceso político, es más, creo que todas esas personas, tanto las privadas de libertad como las que se involucran en actividades anarquistas o violentas, descreen de los procesos electorales, de la democracia y de la política.

-¿Finalmente el diputado Hugo Gutiérrez va a ser detenido? Luego que la Corte Suprema rechazara su recurso de protección, ¿se va a convertir en una víctima?

-Yo creo que todos los ciudadanos tienen la obligación de presentarse ante la justicia para que ésta resuelva y, particularmente, aquellos que estamos involucrados en la actividad política y pública tenemos un deber adicional, especial, de contribuir a que la ciudadanía tenga confianza en las instituciones y, por el contrario, no evadir la justicia. Creo que esa señal es muy equívoca, es lo mínimo que cualquier servidor público, con vocación pública, o más aún, una persona que está aspirando a un cargo de elección popular, tiene que dar señales claras de que va a contribuir con la justicia cuando sea investigado. En segundo lugar, que no va a evadir la justicia a través de recursos ante los tribunales, o, incluso, no presentándose.

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