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Publicado el 06 de septiembre, 2018

Gabriel Zaliasnik: «Detrás de la acusación constitucional hay una amenaza a los jueces de la República»

Autor:

Javiera Barrueto

El abogado penalista, y presidente de la comisión de Reforma al Código Procesal, expuso ante los diputados que analizan el libelo contra tres magistrados. «Me cuesta entender la noción de notable abandono de deberes, cuando los ministros lo que hacen es una interpretación completamente plausible y razonable de la misma ley», asegura.

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Javiera Barrueto

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Los abogados Gabriel Zaliasnik y José Miguel Aldunate plantearon, ayer, sus puntos de vista ante la comisión que estudia la acusación constitucional en contra de los ministros de la Corte Suprema: Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller. Los magistrados han sido cuestionados por un grupo de diputados de la oposición por un supuesto notable abandono de deberes, al aprobar la libertad condicional de seis condenados en causas de derechos humanos. El viernes es el turno para que los jueces del máximo tribunal presenten su defensa.

«Este caso tiene una suerte de paradoja porque se estaría reprochando a los jueces el aplicar la ley vigente, en lugar de inaplicarla», es parte de los argumentos que sostiene Zaliasnik, abogado penalista, docente de la Universidad de Chile y presidente de la comisión de Reforma al Código Procesal convocada por el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

En conversación con «El Líbero», Gabriel Zaliasnik, aborda el escenario al que se enfrentan los supremos.

-Usted expuso en la comisión de la Cámara y presentó su mirada en contra de la acusación. ¿Cuál fueron sus principales argumentos?

-Esto afecta la independencia del Poder Judicial, la imparcialidad de los jueces. Esto termina siendo un uso excesivo de una facultad que tiene la Cámara de Diputados. Yo sustenté la improcedencia porque, a mi juicio, hay un error de base en la construcción de la acusación al suponer impunidad en la aplicación del beneficio, o derecho de la libertad condicional. Y eso no es así. Segundo, el recurso de importar las normas del Estatuto de Roma para suponer que, como consecuencia de lo que dispone en su artículo 110, es una norma de carácter aplicable al caso, eso no es así. Eso es una falacia de manera argumental. El tercer argumento es que, en el fondo, es un caso que tendría una suerte de paradoja porque se estaría reprochando a los jueces el aplicar la ley vigente, en lugar de inaplicarla. O sea, lo que han hecho no es sino aplicar lo que contempla el decreto 321. Si es que existe algún déficit en la ley, eso le corresponde al legislador y al Ejecutivo, y no a los jueces. Los jueces de la República tienen que aplicar la ley y no puede reprochárseles realizar una interpretación y una aplicación de la ley que es plausible con el tenor literal de las normas.

Afecta la independencia del Poder Judicial, la imparcialidad de los jueces. Esto termina siendo un uso excesivo de una facultad que tiene la Cámara de Diputados».

-Hay quienes dicen que hubo un cambio en cómo se fallaban estos casos…

-Aquí no hay un cambio en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Mostré por lo menos cinco fallos anteriores de la propia Corte Suprema, de la Sala Penal, con otros ministros  integrantes, que habían fallado exactamente en el mismo sentido que ahora los diputados cuestionan. Por lo tanto, mal podría haber notable abandono de deberes.

Los jueces de la República tienen que aplicar la ley y no puede reprochárseles realizar una interpretación».

-Los ministros de la Corte Suprema fueron acusados de un abandono de deberes, ¿cuál es su evaluación al respecto?

Me cuesta entender la noción de notable abandono de deberes cuando los ministros, lo que hacen, es una interpretación completamente plausible y razonable de la misma ley, que puede no gustarle a algunas personas y puede sí gustarle a otras. Entonces, construir notable abandono de deberes por el solo hecho de no compartir una válida interpretación penal, que como digo no es nueva -a lo menos desde el año 2016 ya existían fallos en ese sentido-, no veo dónde puede estar el notable abandono de deberes. Me parece que hay una suerte de uso político de la herramienta de la acusación constitucional que es comprensible en el diseño del sistema, que no comparto, porque creo que le introduce riesgos a la independencia de los poderes del Estado y, particularmente, a la imparcialidad de los jueces. Pero en todo caso, no cuestiono la facultad de la Cámara de Diputados, pero las razones para usarla me parece que deberían ser extraordinariamente excepcionales en situaciones groseras, no de errada aplicación del derecho, sino que de deliberadamente errada aplicación del derecho. Nada de eso existe en este caso.

Queda en evidencia la precariedad de cómo está concebida la institución de la acusación constitucional, en que basta la firma de 10 parlamentarios en un universo de 155 para poder cuestionar todo el andamiaje institucional que tanto ha costado construir en Chile después del 73″.

-Justamente quienes respaldan la iniciativa sostienen que es una atribución legislativa, y el pleno de la Corte Suprema aseguró que, con esta acción, se podía afectar el estado de Derecho.

-Una posición no es inconsistente con la otra, o sea, puede ser una atribución de la Cámara de la Diputados, pero puede ser que el mal uso de esa atribución, o el uso imprudente de esa atribución, sí puede afectar la independencia del Poder Judicial. Naturalmente detrás de la acusación constitucional hay una amenaza a los jueces de la República y no es una amenaza aislada, es una amenaza abierta que si no fallan conforme a la opinión de algunos, el riesgo al que se exponen es a un proceso de destitución. Lo que queda en evidencia es la precariedad de cómo está concebida la institución en la acusación constitucional, en que basta la firma de 10 parlamentarios en un universo de 155 para poder cuestionar todo el andamiaje institucional que tanto ha costado construir en Chile después del 73.

Me parece que de alguna manera hay una suerte de uso político de la herramienta de la acusación constitucional que es comprensible en el diseño del sistema».

-El martes, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se reunió con el Presidente Sebastián Piñera para manifestarle su preocupación por la autonomía del Poder Judicial.

Creo legítimo que el Poder Judicial manifieste su preocupación frente a situaciones que advierte que ponen en riesgo su independencia. Todos lo chilenos deberíamos cuidar la independencia del Poder Judicial. Es una garantía para todos nosotros tener jueces imparciales, independientes, que no puedan ser amenazados por las decisiones que adoptan aunque no nos gusten. Esto es como cuando las barras bravas aprietan al árbitro a la entrada o salida del estadio para que falle en un sentido u otro en un partido de fútbol, pero eso no puede hacerse.

Todos lo chilenos deberíamos cuidar la independencia del poder judicial. Es una garantía para todos nosotros tener jueces imparciales».

-¿Considera que el tema finalmente se termina politizando? ¿Qué pasará cada vez que los parlamentarios discrepen de las resoluciones de la Corte Suprema?

-Esto habría que verlo caso a caso, pero yo espero que prime la prudencia, el sentido común y cuidemos lo que tanto ha costado construir, que es tener una Corte Suprema que debiera ser, en buena medida, un orgullo para el país. Si comparamos a Chile con el resto de Latinoamérica el Poder Judicial chileno debiera ser motivo de orgullo para los chilenos, el sistema democrático debiera ser motivo de orgullo para Chile.

-Ya hay algunas mesas directivas de la oposición, como el PPD y el PR, que no están apoyando la iniciativa, a diferencia de sus mismos diputados. ¿Cree que este recurso está perdiendo sustento en ese sector?

-Desconozco la interna de los partidos, pero a uno como hombre de derecho le gustaría que las cosas se resolvieran conforme a derecho. Acá nadie puede darse gustitos. Lo que espero es que prime la prudencia y la racionalidad de aplicar el derecho. Si eso significa que pierde sustento, así será.

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