Funcionaria municipal de Valparaíso preside fundación que recibió $380 millones “a dedo” del Gore

En agosto de este año, cuando el Caso Convenios estaba en su punto de mayor difusión, la UDI se querelló contra el Gobierno Regional de Valparaíso por dos millonarios contratos que suscribió con la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) y la Fundación Terram para que se investigara su pertinencia. Y aunque no entró en la acción legal, en esa oportunidad también se puso el foco en la corporación Encuentro Permanente de Mujeres por la Salud (Epmusa), a la que el Gore entregó más de $380 millones para desarrollar el proyecto  “Promoción de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes, mujeres cis y transgénero”. La asignación fue directa -atribución del gobernador Rodrigo Mundaca, es decir que no pasó por el Consejo Regional- y hasta el momento ni los consejeros ni los parlamentarios que lo han oficiado para poder ver y revisar el proyecto, han tenido éxito.

En la región ha llamado la atención que la corporación Epmusa se registró como receptora de fondos públicos en noviembre de 2021 y la única transferencia que ha recibido de un organismo público es la de los $380 millones a sólo un año de su creación. Su presidenta y representante legal es una funcionaria de planta del área de la Salud de la Corporación Municipal de Valparaíso, misma municipalidad en que se desarrolla mayormente la iniciativa que contempla la realización de talleres en colegios públicos de Valparaíso y Casablanca.

De qué se trata el programa financiado por el Gore

De acuerdo a lo expuesto por Epmusa en su sitio web, el programa busca «beneficiar a un total de 240 adolescentes mujeres cis y trans género, entre los 14 y 19 años de edad, de establecimientos públicos de las comunas de Valparaíso y Casablanca». De ahí se desprende que el programa tiene un costo de casi $1.6 millones por cada adolescente que participe.

Los talleres, que ya comenzaron a impartirse, son dirigidos por tres sociólogas y una ingeniera civil industrial y tratan sobre “salud menstrual, afectividad y emociones, sexualidad, salud hormonal, hábitos higiénicos para la prevención de enfermedades”. Además, a las niñas se les entrega un “kit para la gestión menstrual” con una copa y toallas higiénicas, junto a “material bibliográfico de estudio”. 

Este medio solicitó al Gobierno Regional de Valparaíso el proyecto original y las consideraciones que se tuvieron en cuenta para financiarlo.

Si bien no enviaron el proyecto, desde el Gore explican que uno de sus propósitos principales es «hacer de la Región de Valparaíso una región de derechos» y que el proyecto se enmarca en ese ámbito. «El trabajo realizado desde la institución está enfocado en distintas áreas de acción que permitan generar un apoyo a la comunidad regional, siendo la salud uno de los puntos relevantes de su gestión. De esta forma, desde la División de Desarrollo Social y Humano del Gore se realiza una importante labor junto a grupos prioritarios de la sociedad, enmarcando el programa indicado dentro de este
ámbito», aseguran.

Además, el Gore puntualiza que «en total, durante los dos años de ejecución, se realizarán 108 talleres: entre marzo y octubre de cada año se llevarán a cabo 54 talleres, desglosados -anualmente- en nueve talleres por cada uno de los seis establecimientos educacionales considerados. Anualmente se realizará también un conversatorio con invitadas sobre el tema».

Según la web de Epmusa, las tres sociólogas y la ingeniera que ofician de talleristas, tienen «conocimientos en salud sexual integral, salud primaria, sexual y reproductiva de mujeres cis y trans género (…) teniendo especial consideración en la no reproducción de prácticas exclusivamente biologicistas, heteronormadas y adultrocéntricas. Conocimiento en marcos normativos nacionales e internacionales. Con experiencia en talleres y/o trabajos con grupos de niñas, niños y adolescentes en temáticas de derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva integral con enfoque de género y derechos humanos». Según la información que proporcionan en la web y en sus perfiles de LinkedIn, ninguna tallerista tiene formación en salud.

Posterior a la publicación de este artículo, en la página web subieron información adicional de las talleristas, donde se puede ver que hay profesionales vinculadas al mundo de la salud.

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Cuestionamientos sobre el programa

Los pocos años de experiencia y el alcance de este proyecto llamaron la atención de la consejera regional Laura Acosta (UDI), quien solicitó antecedentes del proyecto hace más de un mes sin obtener respuesta.

Según comenta Acosta a El Líbero, esta asignación directa «llama mi atención y hace que uno tenga una reflexión y cuestione dónde y a quiénes llegan estos montos. Son $380 millones para solo 240 personas para cursos o mejor dicho charlas, debido a que estas no conllevan una certificación para los alumnos. En otras materias el Gore ha aportado para cursos de formación como el programa de cuidadores, que sin duda conlleva docentes, material, insumos clínicos entre otros (…), pero en lo que respecta a estos cursos de educación sexual creo que es aberrante el monto entregado siendo que en nuestra región existen muchas necesidades y prioridades. Alcanzarían cientos de cirugías, cientos de catres clínicos, e inclusive miles de atenciones con ginecólogo en donde podrían orientar, educar y atender clínicamente a estas estudiantes«.

El diputado Luis Sánchez (Rep) también pidió detalles del programa al Gore, que hasta ayer no había respondido a su solicitud. “Hay varias adjudicaciones directas de fondos a ONGs hechas por el Gobierno Regional que llaman la atención por lo excesivas, y por lo inútiles. Evidentemente la gran mayoría de los vecinos de la región no entienden que mientras tenemos una crisis tremenda, con emprendedores que están hasta el cuello, calles en un estado deplorable, Carabineros sin recursos suficientes, entre tantos otros problemas, la plata sobre en el Gobierno Regional a tal nivel que se puedan entregar $380 millones a una ONG para hacer charlas de adoctrinamiento sexual, porque si algo tenemos claro es que eso no es educación”, opina el parlamentario.

Renunció a CS junto a Sharp

La presidenta y representante legal de Epmusa es la psicóloga de la Universidad de Valparaíso Fernanda Armingol, encargada de Promoción y Participación Social en Salud del Cesfam Barón de Valparaíso. Su hermana Karla, socióloga, es la directora ejecutiva de Epmusa y fue presidenta del Consejo Local de Salud de cerro Barón hasta el año 2022.

Fernanda comenzó su vida laboral en consultorios del interior de la región hasta que en mayo de 2018 llegó a la Corporación Municipal de Valparaíso, donde hasta agosto de este año, percibía poco más de $2 millones mensuales brutos. La tesorera de Epmusa, Julia Ramírez, también es funcionaria municipal de esa comuna, pero a honorarios y se desempeña en el Programa Comunitario de Apoyo al Fortalecimiento de Actores Sociales.

Asimismo, en 2019 Fernanda Armingol fue una de los 72 militantes de Convergencia Social que renunciaron al partido junto al alcalde de Valparaíso Jorge Sharp, tras el “Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución”, suscrito la madrugada del 15 de noviembre, 28 días después del estallido.

Durante ese tiempo, Epmusa publicaba en sus redes sociales su participación en marchas y adhesión a movilizaciones de la «Mesa Social». Posteriormente, en tiempos de la elaboración de la propuesta de nueva Constitución, difundían su postura por el Apruebo, junto a aspectos feministas de esta. Durante 2021 casi no registraron actividades, hasta que en abril de 2022 se “relanzaron” con una nueva imagen y contenidos. Casi ocho meses después, ganarían su primer y único fondo público, de manos del Gore.

Nota de la redacción:

Tras esta publicación Epmusa cambió la composición de su directorio en su sitio web, removiendo a Armingol y Ramírez de sus cargos de presidenta y tesorera, respectivamente.
Asimismo, emitieron un comunicado destacando su independencia política e idoneidad de sus participantes, que se puede leer aquí.

Nota de la redacción:

Con fecha 16 de octubre, a las oficinas de El Líbero llegó una solicitud de rectificación por parte de la presidenta de la Corporación Epmusa. El escrito aludía a ocho puntos, los cuales detallamos íntegramente y contestamos a continuación:

1. Su medio señala que la adjudicación de fondos para nuestro programa fue realizada de manera reservada y directa. Esta información es falsa, puesto que nuestra Corporación participó de un proceso técnico de adjudicación junto a más de 20 instituciones y organizaciones sin fines de lucro para presentar iniciativas orientadas a temas de interés regional durante el año 2022, en el marco de los Programas de transferencia de capital subtítulo 33. En la sesión del pleno extraordinario del Consejo Regional, con fecha 25 de octubre de 2022, se dio lectura de las instituciones beneficiadas

En su nota, El Líbero afirmó textualmente: “la asignación fue directa -atribución del gobernador Rodrigo Mundaca, es decir que no pasó por el Consejo Regional- y hasta el momento ni los consejeros ni los parlamentarios que lo han oficiado para poder ver y revisar el proyecto, han tenido éxito”. Esto, porque el proyecto no se sometió a votación del Core (art. 78 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional). El documento con los detalles del proyecto se les hizo llegar a los consejeros al día siguiente de la publicación de la nota de El Líbero.

2. Se señala que existen vínculos políticos con el Alcalde Jorge Sharp, situación completamente falsa, pues nuestra Corporación es una organización autónoma y no mantiene ningún vínculo con el edil.

El Líbero informó que hasta el momento de la publicación, dos integrantes del directorio de Epmusa trabajaban en diferentes entidades al alero de la Municipalidad de Valparaíso que dirige el alcalde Sharp. También informó que una de ellas, Fernanda Armingol, fue parte de los 72 militantes de Convergencia Social que renunciaron al partido junto al alcalde de Valparaíso tras el “Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución”. En ninguna parte se usa la palabra “vínculo”.

3. Se indica de manera imprecisa que la funcionaria mencionada es municipal, ya que su ex empleador no era la Municipalidad.

Efectivamente en el título se pone que es “funcionaria municipal de Valparaíso”, pero tanto en la bajada como en el cuerpo de la nota se especifica que es una funcionaria de planta del área de la Salud de la Corporación Municipal de Valparaíso, que depende del municipio.

4. Se menciona tendenciosamente que los fondos fueron entregados a la representante legal, cuando los montos son entregados a la Corporación a una cuenta exclusiva para el manejo de los recursos destinados a la ejecución del programa y mantienen un control y seguimiento mensual.

Tanto en el título como en el cuerpo de la noticia se señala claramente que es la corporación la receptora de los fondos, no la representante legal. Sólo el título del video de YouTube relativo a este reportaje (Funcionaria municipal recibió $380 millones para fundación), hecho así por economía de espacio, podría prestarse para una interpretación distinta al espíritu de la nota, por lo cual se bajó el video de nuestras plataformas para evaluar una titulación distinta.

5. Se indica que la antigüedad de la Corporación data del año pasado, lo que es información errónea, ya que la constitución fue realizada el 8 de mayo del 2019 y esto consta en Secretaría Municipal de Valparaíso.

La publicación de El Líbero sólo señala que la corporación “se registró como receptora de fondos públicos en noviembre de 2021”, que es la información que figura en el sitio web del Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades. En ni una parte de la nota se hace referencia a la fecha de constitución de la corporación.

6. Se difunde que los talleres de programa son desarrollados por profesionales que no son del área de la salud y que quienes los realizan son las profesionales del equipo ejecutor. Esta información fue expuesta de forma imprecisa y es falsa, ya que, tal como se señala en la web, el equipo ejecutor está integrado por profesionales de las ciencias sociales y una ingeniera. Por otro lado, existe un equipo exclusivo para realizar los talleres formadas en distintas disciplinas de las ciencias sociales y de la salud, del ámbito de la psicología, pedagogía, kinesiología, medicina, nutrición y matronería.

La nota de El Líbero reproduce la información que estaba disponible en la web de la corporación al momento de la publicación. Dentro del equipo a cargo de la ejecución del programa no figuraban profesionales de la salud. Posterior a la publicación de la nota, Epmusa subió nueva información a su página dando cuenta de las talleristas vinculadas al área de la salud. La nueva información fue incorporada en la nota.

7. Se menciona incorrectamente que Karla Armingol es presidenta del Consejo Local de Salud de Barón. Dicha información es falsa, ya que al menos desde el año 2022, su presidenta es otra persona.

El Líbero ofrece las disculpas del caso por haber publicado que Karla Armingol seguía como presidenta del Consejo Local de Salud de Barón, el que eligió nueva directiva el 29 de julio de 2022. Armingol fue presidenta hasta el año 2022. La información fue corregida en la nota.

8. Es importante mencionar que toda esta información no fue contrastada al momento de su difusión, ya que, no fuimos contactadas para ser consultada nuestra versión. Todo lo anterior transgrede el código de la ética periodística y los marcos normativos que regulan la difusión de información fidedigna

En el entendido de que la erogación de recursos públicos provino desde el Gobierno Regional de Valparaíso, El Líbero contactó a esa entidad pública para conocer las razones que justificaran el convenio y obtener el proyecto original que se tuvo a la vista para la entrega de recursos. La información atribuida a Epmusa se obtuvo por medio de las fuentes abiertas dispuestas por la propia corporación respecto a su trabajo.