Publicado el 20 de febrero, 2020

Expertos en Derecho enjuician decisión de Fiscalía de no investigar caso del camión que descargó piedras en Plaza Italia

Autor:

Sofía Del Río

El sábado 15 se concretó la deportación del chofer, pero aún quedan aristas pendientes que, según diversos abogados, debiesen ser investigadas por el Ministerio Público. «Creo que corresponde la investigación de una figura más grave vinculada a la Seguridad Interior del Estado», plantea la penalista María Elena Santibáñez. En la misma línea, el abogado Samuel Donoso señala: «Es posible investigar y ejercer acciones penales contra quienes hayan facilitado los medios para cometer estos delitos en perjuicio de Carabineros».

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Durante la madrugada del pasado sábado 15 de febrero fue deportado el ciudadano venezolano Wladimir Giovanny Aguilar Gastelo, identificado como el chofer del camión que descargó piedras en Plaza Italia el 15 de noviembre de 2019. Según señala el decreto de expulsión, tal como informó El Líbero, «la conducta ejecutada por el extranjero vulnera los bienes jurídicos de la seguridad pública, la seguridad en el tránsito y las vías públicas y el orden público, lo que genera graves consecuencias sociales, que afectan los intereses colectivos resguardados por el Estado».

El cuarto viernes consecutivo de manifestaciones en Plaza Italia, un camión blanco tolva descargó piedras y escombros en medio de la vía pública, los que fueron utilizadas por los encapuchados para interrumpir el tránsito y lanzar objetos a Carabineros. El hecho fue registrado y difundido a través de las redes sociales.

Según informó Chilevisión, el dueño del camión, Miguel Cofré, aseguró que el chofer venía de una construcción, fue interceptado, desviado de su ruta original y obligado a descargar los escombros.

Debido a este episodio, El Líbero consultó a la Fiscalía Centro Norte y Oriente -la primera tiene que ver con el sitio donde detuvieron al chofer y  la segunda respecto a la ubicación de Plaza Italia- si se encuentran realizando una investigación respecto al hecho en sí, más allá de la deportación del chofer. Desde el Ministerio Público afirman que no se considera que el hecho tenga la gravedad como para iniciar una investigación por delito. Puntualizan que no es delito botar escombros en la vía pública. Además, señalan que no tienen alguna denuncia ni ningún elemento que les permita suponer la actuación de otras personas dando instrucciones al chofer. Concluyen que los recursos destinados a investigar delitos, que siempre son escasos, deben orientarse hacia los hechos penalmente relevantes.

A raíz de esta determinación del Ministerio Público, diversos abogados se refieren a lo acontecido. Concuerdan, en la mayoría de los casos, que sí sería pertinente continuar con la investigación. Los argumentos se enfocan principalmente en que la Fiscalía siempre tiene la obligación de investigar independiente de la relevancia, si es que el hecho puede encajar dentro de un delito o faltas penales, tal como lo establece el Código Penal.

En mi opinión es posible investigar y ejercer acciones penales por los delitos tipificados en el artículo 261 en relación al 262, ambos, del Código Penal, ello contra el dueño del camión y todos quienes hayan facilitado los medios para cometer estos delitos en perjuicio de Carabineros», señala el penalista Samuel Donoso.

La profesora de Derecho Penal de la Universidad Católica y miembro del Observatorio Judicial, María Elena Santibáñez , señala: «Creo que corresponde la investigación de una figura más grave vinculada a la Seguridad Interior del Estado. Ya expulsaron al conductor, que en la práctica es una sanción grave aunque no aparece aplicada como pena sino como sanción administrativa. Habría que ver efectivamente si recibió órdenes o si actúo por sí solo», haciendo referencias al dueño del camión.

En esta misma línea, el abogado de la Universidad Católica Gabriel Cisternas Zenteno concuerda en que podría  abrirse una línea investigativa respecto a la Seguridad Interior del Estado «si se considera que el fin de esa conducta es atentar contra el orden público y la normalidad de las actividades nacionales». Además, argumenta que sin perjuicio de la expulsión del conductor, «se podría continuar investigando a quien proporciona tanto el vehículo como los escombros a fin de establecer quiénes más participan de los delitos que se cometen con esos escombros: desórdenes públicos, daños, etc., pues en nuestro Código Penal son responsables de los delitos no solo los autores sino también los cómplices y encubridores. Incluso podría estimarse como autoría la facilitación de los medios con que se lleva a efecto el hecho».

Creo que corresponde la investigación de una figura más grave vinculada a la Seguridad Interior del Estado», plantea la penalista María Elena Santibáñez.

El experto en derecho penal, Samuel Donoso, también cree que todavía hay aristas que pueden ser indagadas. «En mi opinión es posible investigar y ejercer acciones penales por los delitos tipificados en el artículo 261 en relación al 262, ambos, del Código Penal, ello contra el dueño del camión y todos quienes hayan facilitado los medios para cometer estos delitos en perjuicio de Carabineros», explicita Donoso.

El artículo 261 del Código Penal se refiere a que cometen atentado contra la autoridad «los que acometen o resisten con violencia, emplean fuerza o intimidación contra la autoridad pública o sus agentes, carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile, cuando aquélla o éstos ejercieron funciones de su cargo».

Para el penalista Claudio Feller la línea de investigación que tiene que seguir el Ministerio Público «es muy clara», y señala que solo lo que se necesita es voluntad política. «El hecho es digno de ser investigado no por la licencia de conducción, sino porque una persona entrega los objetos, cargamento, piedras, armas, para agredir a Carabineros, obvio que es delito, no hay que ser abogado para darse cuenta», dice Feller.  Agrega que aun no invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado, el hecho es un delito de atentado contra la autoridad.

«Por el principio de legalidad deben investigarse las denuncias» comenta Gonzalo Hoyl, docente de derecho penal de la Universidad de Los Andes. En este sentido, afirma que la Fiscalía siempre tiene la obligación de investigar, independiente de la relevancia del hecho. Mientras pueda ser catalogado como delito o falta penal, le compete. «Lo más probable es que aquí nos estamos refiriendo a una falta penal» dice Hoyl. Agrega que también se puede aplicar un término temprano al caso, lo que se denomina»principio de oportunidad».

Éste es un hecho que se da en un contexto grave de agresiones a Carabineros, por lo que no debiera abandonarse el caso así como así» opina el abogado de la UC, Álvaro Paúl.

Similar mirada tiene la penalista Carolina Alliende, quien cree que si a la Fiscalía le interesa conocer el núcleo de lo ocurrido podría investigar más, ya que el dueño del camión podría ser autor inductor o coautor del delito de desórdenes públicos.» En ese sentido indagar una probabilidad que el dueño del camión le dio la orden o, se pusieron de acuerdo para la ejecución del hecho. Sin embargo, si de acuerdo a las indagaciones el dueño del camión no tenía conocimiento, no hay nada más que investigar» explica.

El hecho es digno de ser investigado no por la licencia de conducción, sino porque una persona entrega los objetos, cargamento, piedras, armas, para agredir a Carabineros, obvio que es delito, no hay que ser abogado para darse cuenta», precisa el abogado Claudio Feller.

La agresión a Carabineros es otro de los focos que alerta a los abogados. Para Álvaro Paúl, jurista de la UC y Director de la Revista Chilena de Derecho, «éste es un hecho que se da en un contexto grave de agresiones a Carabineros, por lo que no debiera abandonarse el caso así como así. Me parece que los Carabineros que fueron heridos ese día debieran poder querellarse».

Una mirada distinta es la que tiene el docente de derecho penal de la Universidad del Desarrollo, Pablo Huidobro, señala que «el Ministerio Público hizo lo que tenía que hacer, y pretender que vaya más allá es un poco ilusorio por la realidad del caso«. Aunque manifiesta que «por una parte todos queríamos que se abra la investigación para que se investiguen esas hipótesis, pero en la práctica es muy difícil que se concreten, y por lo tanto, significa una pérdida de tiempo, pérdida de recursos, que en definitiva el Ministerio Público está dispuesto a renunciar «.

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