Actualmente, la ley permite que cualquier persona que pida refugio en Chile obtenga una visa temporal por ocho meses. Así se estableció en 2010, conforme a un acuerdo internacional que buscaba proteger a quienes eran perseguidos en su país. Sin embargo, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve anunció un proyecto de modificación a esta ley donde se le sumarán requisitos.
En Mirada Líbero, aborte este tema Álvaro Bellolio, ex jefe de Extranjería y Migraciones y actual director del Observatorio de Migración Responsable, además de director de la Escuela de Gobierno de la UNAB, quien detalló que si bien en el segundo gobierno de Piñera se modificó el reglamento para que cuando no hubiera una real necesidad de protección y de refugio no se entregara esa visa, el gobierno del Presidente Boric lo dejó sin funcionamiento, permitiendo que la ley quedara tal cual había sido promulgada en 2010, cuando el contexto migratorio era diferente.
«Fue el subsecretario Monsalve, junto con su gobierno, quien eliminó esta acción que ahora quieren reponer. Era obvio, era evidente, que si uno lo dejaba completamente abierto, iba a haber un abuso en esta figura. El 99,9% de todos los migrantes que piden refugio en Chile, habían pasado al menos seis meses fuera del país de origen, entonces acá claramente se trató de pasar por refugio un proceso de regularización individual”.
Al mismo tiempo aseguró que “el gobierno ahora cambia de opinión 15 meses después, porque ya no necesita regularizar a través del refugio, sino que puede regularizar a través del proceso biométrico. Ahora ya no les es útil chacrear el refugio y van por ese nuevo proceso”.
Si bien el exdirector de Migraciones aplaudió que se quiera reinstaurar la normativa orientada a supervisar mejor las admisiones vía ley de protección de refugiados, recordó que en la pasada Cuenta Pública, el Presidente Boric anunció el inicio del empadronamiento biométrico a los más de 140 mil migrantes irregulares en nuestro país. Medida que en su opinión se trata derechamente de un “perdonazo”.
“En 2022 entraron 54 mil extranjeros clandestinamente y expulsaron a 2, y este año llevan 70, pero más de 15 mil ingresos clandestinos, entonces no hay sanción a quien ingresa a la mala. Y ahora, con el empadronamiento biométrico, cuando las ministras Tohá y Jara han dicho que si después de tomarles los datos, los extranjeros tienen un contrato, podrían darles visa, es evidente que es un perdonazo”, indicó.
En este sentido, plantea que la política migratoria que se presentará la próxima semana y el empadronamiento biométrico son “un error grave”, ya que “es un incentivo a que sigan llegando irregularmente. Pero es un poco la agenda que ha tenido el gobierno: avanzar hacia una mirada feminista de la migración, sobre temas de sociedad civil, entregar derechos a migrantes (…) Hoy hay menos interés de irse de Chile porque está la expectativa de que le den visa a quienes ingresaron clandestinamente”.