De los 24 ministros del gobierno del Presidente Gabriel Boric, 10 son parte de diferentes tipos de sociedades según han registrado en sus declaraciones de intereses y patrimonio. Pero de ellos solo hay dos cuyas empresas han suscrito contratos con el Estado. Se trata de DER Ediciones, del ministro de Justicia, Luis Cordero; y Marcel y Marcel Fábrica de Resistencias Eléctricas, del ministro de Hacienda, Mario Marcel, las que han facturado más de $39 millones desde que asumieron sus carteras.
Desde que el ministro Cordero asumió el 11 de enero de 2023, DER Ediciones registra 17 contratos con diferentes organismos, seis de ellos con la Corporación Administrativa del Poder Judicial. El total de ventas desde esa fecha es de $33.381.672.
Mientras, la empresa del ministro de Hacienda ha hecho cinco contratos desde marzo de 2022, por $6.501.235.
Si bien no existe impedimento legal para que las empresas de los ministros presten servicios al Estado, estéticamente el asunto puede ser reprochable, por cuanto se puede haber tenido en consideración la propiedad de la firma para favorecerla de alguna manera en su elección.
El detalle de los contratos con el Estado
Según su declaración, el ministro de Justicia, Luis Cordero, participa en tres sociedades: Inversiones Lambco, Silva Cimma y Abogados, y DER Ediciones, donde tiene el 50% desde 2017.
De las tres, sólo la editorial registra órdenes de compras en Mercado Público. Desde que comenzó a funcionar, tiene 48 contratos con organismos del Estado. Seis en 2024, 11 en 2023, siete en 2022, cuatro en 2021, cuatro en 2020, nueve en 2019, seis en 2018 y una en 2017. Su principal comprador es la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), con 28 contratos.
Desde que es ministro Cordero, seis contratos han sido para la CAPJ (de entre $907 mil y $2,7 millones).
La Corporación envió* a El Líbero una minuta en que explican que «los procesos de compra realizados durante 2023 y 2024 por la CAPJ corresponden a textos jurídicos solicitados por la Dirección de Biblioteca de la Corte Suprema» y que se hicieron vía trato directo porque la editorial DER es el «único proveedor titular de derechos de autor» de los libros requeridos. Además, señalan que todo se hizo en regla, que no es exigencia conocer la estructura societaria de los proveedores y que el Poder Judicial es completamente independiente del Ministerio de Justicia o sus autoridades.
Otros dos tratos directos fueron para el Consejo para la Transparencia (de entre $2 millones y $11,6 millones), organismo que declinó hacer comentarios sobre los contratos. El trato directo más grande fue por el «Servicio de Coedición y Publicación del libro ‘Trece años de jurisprudencia del Consejo para la Transparencia'», que contempló 600 ejemplares.
Los otros fueron para las municipalidades de Navidad, de Futaleufú y las universidades de Chile y de Valparaíso. El último data del 28 de agosto (con aceptación de la oferta el 3 de septiembre).
Sin embargo, no son hoy los tratos directos o las compras ágiles las que más complican a la empresa del ministro, sino la licitación de la Academia Judicial (AJ), adjudicada a DER el 30 de mayo de 2024 por $12.970.000 (sólo $30 mil menos que su competencia directa). Esto, porque el ministro es parte de su Consejo Directivo. A raíz de ello, el senador Karim Bianchi (Ind) hizo una presentación en Contraloría para que se pronuncie al respecto.
“No hay incompatibilidad legal porque el artículo 4 de la Ley de Compras está asociada a las compras del propio servicio. Tampoco hay otro tipo de incompatibilidad porque la administración está entregada a la otra parte de la sociedad y en los hechos quien nos representa en la Academia Judicial es el subsecretario de Justicia. Asimismo, la AJ ha sido cliente de DER Ediciones desde 2018. Solo recordar que es una editorial que vende libros editados que se adquieren como bienes en función de sus títulos que es lo que se vendió a la CAPJ. El tema ya está en Contraloría”, aclara el Ministerio de Justicia a este medio.
Actualmente, DER Ediciones no está habilitado para hacer ventas al Estado por tener deudas previsionales por más de un año.
Una empresa familiar
En tanto, la firma de Marcel es de larga data. Fue conformada en 1967 y hasta 1999 la lideró el padre del ministro, junto a otros familiares. De hecho, hoy es su primo quien la administra. Su nombre de fantasía es Fabrestel, son fabricantes de calefactores y Marcel tiene el 15,2% de la propiedad.
Desde 2006, la sociedad ha suscrito 267 ventas con el Estado, sin embargo, desde que Marcel es ministro, sólo han cerrado cinco ventas con el Instituto Antártico Chileno, el Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería, la Universidad de Chile, el Hospital Clínico General Dr. Raúl Yazigi J. y el Hospital Barros Luco.
Las ventas no son cuantiosas: entre todas aquellas que sucedieron bajo su mandato, suman $6.509.824. La más onerosa es la del Instituto Antártico Chileno por $ 2.623.355.
Ni el actual ministro ni sus parientes cercanos han trabajado en las instituciones públicas a las que Fabrestel ha prestado servicios.
Chile Transparente: la importancia de evitar cuestionamientos públicos
El director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa, explica que en estos casos no hay una inhabilidad para la compra y venta de estos servicios.
“En general la aplicación de inhabilidades para la compra y contratación de bienes o servicios públicos se aplica cuando el funcionario tiene una empresa en la que tenga participación y que le está vendiendo a la misma institución o servicio para el que trabaja. En este caso, la inhabilidad es aplicable, justamente cuando una de estas empresas le quisiera vender o proveer servicio a la misma institución que dirigen los respectivos ministros”, sostiene.
No obstante, Figueroa puntualiza que “dadas las condiciones comerciales y la crítica de la fe pública, los ministros desde el punto de vista más estético debiesen buscar la forma de delegar la administración de esas empresas buscando así evitar cualquier cuestionamiento o conflicto público a las contrataciones, de tal forma de evitar deslegitimar la labor que está realizando la institución pública”.
*Esta nota fue actualizada el jueves 10 a las 19:00
¿Es muy distinto a lo ocurrido con la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, parecido, igual o peor?
A nivel ético, esto puede percibirse como un conflicto de interés o, al menos, una zona gris, en la que se pone en duda la separación entre los intereses públicos y privados de los ministros. Aunque la ley no los inhabilita, hay una percepción de que se están beneficiando de su cercanía con el poder, lo que podría afectar la confianza en la transparencia y en la imparcialidad de sus decisiones.
Es difícil calificarlo como corrupción en el sentido estricto, pero podría describirse como una práctica poco ética o, al menos, impropia, considerando los altos estándares de probidad que se esperan de los servidores públicos. ¿Cómo lo califico? Lo veo como una falta de criterio ético, una desconexión entre lo legal y lo moral, ya que aunque cumplan con las leyes, se alejan de la percepción de rectitud que la ciudadanía espera.