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Publicado el 04 de octubre, 2019

El «totalitario» nuevo estatuto del Centro de Estudiantes de Derecho de la U. de Chile

Autor:

Bastián Garcés

El texto, aprobado el lunes en un plebiscito que apenas sobrepasó el quórum mínimo, establece una serie de medidas que han sido calificadas como antidemocráticas por alumnos y docentes del plantel. Entre ellas se decreta que el centro de alumnos tendrá como objetivo «aportar en la construcción de una sociedad anticapitalista, antiespecista, y antiimperialista», además de adoptar el feminismo y el ecologismo como principios rectores, y que en caso de que algún candidato al centro de estudiantes realice acciones en contra de estos ejes, su postulación puede ser declarada incompatible.

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Bastián Garcés

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«El CED busca, en el largo plazo, aportar en la construcción de una sociedad anticapitalista, antiespecista, y antiimperialista«, señala el artículo 10 del nuevo estatuto del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, el cual fue aprobado el lunes por el 26,8% de los alumnos de la escuela a través de un plebiscito. El quórum mínimo para validar la elección es del 25% de los estudiantes.

El antiespecismo es una corriente ideológica que plantea la igualdad entre todas las especies, y que considera que el ser humano es un animal igual resto de fauna presente en el planeta. En ese sentido es una línea radical que busca eliminar la utilización de animales para el beneficio humano, como podría ser el consumo de carne o la utilización de animales para obtener materias primas, como leche, lana e, incluso, utilizarlos para labores agrarias, como el arado.

El tipo de sociedad descrita por el CED se encuentra en el segundo título del documento enfocado en los «principios y objetivos» de la instancia, apartado en el que además se establece, en el artículo 8, que el centro de estudiantes «defiende la construcción de un sistema de educación público, gratuito, de calidad y no sexista«. Y en el artículo 7 se «compromete a defender y actuar acorde a los principios de igualdad, libertad, democracia, paz, solidaridad, justicia, libertad de expresión, dignidad, respeto por la diversidad, feminismo y ecologismo».

Estas nuevas disposiciones encendieron las alarmas de un grupo de alumnos de la Escuela de Derecho. Uno de ellos fue, Patricio Sainz, coordinador del movimiento de centro Conciencia Democrática, quien en su cuenta de Twitter afirmó: «La izquierda que critica tanto a Guzmán, actuando según su libreto. Pareciera que el pensamiento mío y de muchos es derechamente antiestatutario. Y para clausurar la discusión democrática, una imitación del derogado 8º de la Constitución Política».

La publicación del alumno de segundo año de la Universidad de Chile generó revuelo en redes sociales, en donde figuras como el doctor en filosofía política Cristóbal Bellolio, el abogado del PS Gabriel Osorio y el economista Ignacio Briones replicaron el contenido.

Consultado por El Líbero, Patricio Sainz señala que el artículo 168 del nuevo documento plantea que si durante el período de elecciones un candidato incurre «en acciones que sean directamente contrarias a los principios del CED, cualquier estudiante podrá solicitar al Tricel que verifique la compatibilidad de su candidatura con dichos principios«.

Sostiene, además, que «se hizo una distinción algo mañosa que antiimperialismo, anticapitalismo y antiespecismo no son principios sino que son objetivos. Sin embargo, a través de la lectura literal de la norma no se infiere una clara diferencia entre ambos conceptos y es más bien una entelequia levantada para fundamentar la inclusión de estas cosas».

Una idea que es respaldada por David Quintana, estudiante de quinto año y que formó parte de los 18 integrantes del congreso encargado de llevar a cabo la reforma estatutaria, que en su mayoría tenían una sensibilidad de izquierda. «La palabra ‘principios’ se ocupa explícitamente en el artículo 7, por lo que si quisiera hacer una interpretación restrictiva diría que solo son esos que se indican, sin embargo el artículo 21 (del capítulo sobre los órganos del CED) le da la facultad interpretativa del estatuto al consejo de representantes, sin establecer reglas de interpretación en un órgano que es eminentemente político«.

«A toda la gente que nos interesa el pluralismo nos preocupa que por la sola interpretación alguien pueda decir que el anticapitalismo, por ejemplo, es un principio y nada obsta que en dos años una mayoría circunstancial decida interpretar el estatuto de esta forma», afirma Sainz.

Estas preocupaciones no solo han provenido de actuales alumnos de la facultad sino que también de egresados de la Escuela, como el abogado Jorge Barrera, director de Acción Republicana e integrante de la Fech 2008, quien comenta a El Líbero que «llama la atención que ocurra en la Facultad de Derecho, en una facultad en donde conviven distintas visiones y se dice pluralista, no solo en lo académico sino que en su vida universitaria. Uno ni siquiera esperaría en tiempos pretéritos que un estatuto tuviera principios ideologizados para un lado, ni siquiera en los ’70«.

En la misma línea se encuentra Juan Pedro Lührs, ex secretario ejecutivo de la Fech de 2011, quien sostiene: «Es criminalizar al que piensa distinto, lo que están estableciendo es un mecanismo de purga porque dice que van a poder llevar, básicamente, al tribunal a todas aquellas listas para centro de alumnos que no cumplan los requisitos, al final no puedes pensar distinto».

Incluso, los cuestionamientos se han dado entre los académicos de la Facultad. Uno de ellos es el profesor Miguel Orellana Benado para quien la inclusión de términos como anticapitalismo y antiespecismo son «un listado de conceptos que están de moda«. «Es muy parecido a la Constitución del año 80 con el artículo que prohibía la participación de personas que tenían una determinada orientación, ahora, por ejemplo, si una persona se declara antifeminista no podría presentarse ni como candidato», afirma el doctor en Filosofía. Y agrega que «es muy raro que después de tanto tiempo la rueda se de una vuelta tan completa que los estudiantes de Derecho en la Universidad de Chile hagan una propuesta que tienen la forma lógica de las propuestas constitucionales de la dictadura».

«Si intentar aportar a la construcción de una sociedad anticapitalista, antiespecista, y antiimperialista se entiende en términos normativo-punitivo me parece pésimo«, explica a El Líbero el docente del departamento de Ciencias del Derecho, Pablo Aguayo, quien añade que «no veo las razones que permitan excluir a una persona de participar en una comunidad política por no compartir una determinada forma de vida buena». «Como decía mi maestra (la filósofa española) Adela Cortina, a lo bueno se invita, a lo justo se obliga. No puedes excluir de una comunidad a quienes no comparen tu idea de lo bueno, pero sí a quienes sobrepasan los límites de lo justo. De hecho, si fuera estudiante quizás no podría participar de esa comunidad, y menos la profesora Adela Cortina, ya que ambos somos especistas», enfatiza el doctor el filosofía.

En tanto, el historiador y docente de la Escuela Alfredo Jocelyn-Holt pone el punto sobre «qué efectos concretos -a quién van a excluir como competencia con estas provisiones ‘vía secretaría’-, pero está claro que hace rato están en la ruta de excluir, segregar, hacer un CED de por sí, por definición, ‘comprometido’, excluyente y sectario«. Incluso, el autor de «La Escuela tomada» sostiene que «ahora simplemente le dan una consagración normativa, positivista, que es otra manera de las tantas para ‘tomarse’ la Escuela de Derecho y la Universidad. La que en cierta medida ya, de hecho, se la han ‘tomado'».

Inhabilidad por denuncia de abuso sexual: ¿Repetir lo que ocurrió en las elecciones FEUC de 2018?

Aunque estas disposiciones no fueron los únicas que causaron controversia, en el Título VI sobre Inhabilidades -en el apartado sobre denuncias por violencia de género- en el artículo 164 se establece que «estarán inhabilitadas para presentarse como candidatas en cargos de representación y en cargos de confianza, las personas denunciadas, sancionadas y/o condenadas por violencia de género y discriminación arbitraria». Y en los artículos siguientes se dispone que dicha denuncia podrá realizarse, además de en sede penal y administrativa ante una «organización política o estudiantil», incluso se decreta que la inhabilidad «durará 365 días corridos desde que sea certificada«.

Al respecto, Patricio Sainz señala que esta medida redunda «en una flagrante violación de derechos fundamentales, que el día que se ocupe contra algún candidato va a terminar en la Corte de Apelaciones con un recurso de protección por igualdad ante la ley, discriminación arbitraria, debido proceso».

Mientras que el ex secretario ejecutivo de la Fech, Juan Pedro Lührs sostiene: «Si esto lo llevamos a casos concretos, como el que ocurrió el año pasado en la Universidad Católica, un alumno sería sancionado sin proceso«, en clara referencia a la falsa denuncia que recibió el candidato gremialista para presidente de la FEUC en las elecciones de 2018, Ignacio Palma, quien tras el hecho señaló a El Líbero que se trataba de una práctica que «la izquierda viene haciendo en otras universidades».

«Estamos hablando de una Facultad de Derecho donde no hay presunción de inocencia y universidad pública donde no se puede pensar distinto», sentencia Lührs.

En tanto, el académico Pablo Aguayo califica esta medida como una «desproporción». «No imagino otra organización política que pueda inhabilitar a una persona por haber sido ‘denunciada’ frente a un órgano ad hoc de cometer actos de violencia de género o de discriminación arbitraria«, plantea el doctor Filosfía para quien esta sanción sí sería discriminatoria y arbitraria. «El punto es que la lucha por el poder político puede llevar a acciones desmedidas, como de hecho ocurrió en la FEUC con el caso de Ignacio Palma«, subraya el docente del departamento de Ciencias del Derecho.

Presidenta del CED: «En este estadio de la lucha feminista y en casos de acoso, es necesario evitar que un posible acosador sea candidato»

Al ser consultada sobre estos puntos, la presidenta del Centro de Estudiantes de la U. de Chile, Paula Astullido (Juventud Socialista), explica que la idea de modificar los estatutos comenzó a gestarse durante 2018, cuando el CED anterior -también en manos de las Juventudes Socialistas y las Juventudes Comunistas-, diagnosticó que «una las principales causas de la desmotivación en la política universitaria, la baja participación en movilizaciones y la despolitización era por nuestras formas de organización, que ya habían quedado obsoletas y ya no representaban a las nuevas generaciones«.

Tras esto, a principios de este este año se llamó a un plebiscito para aprobar el proceso de reforma y se llamó a elecciones para elegir a 18 representantes para un congreso, de los cuales la mayoría era simpatizante de izquierda -ya sea ex Nueva Mayoría, Frente Amplio, o grupos extraparlamentarios-, quienes trabajaron en la nueva propuesta. No obstante, esto fue cuestionado por algunos alumnos quienes señalaron que se trató de un «asambleísmo» en donde las opciones más extremistas primaron.

Sobre el texto final y las críticas a las posibilidades de declarar candidaturas incompatibles con los principios del centro de estudiantes, Astudillo comenta que «sentimos que las preocupaciones de los estudiantes eran pertinentes por limitar, en aquella disposición, la democracia y los derechos políticos». De hecho, señala que propusieron esta semana al consejo de representantes «realizar una modificación a la redacción de aquel artículo para evitar interpretaciones que pueden caer en actitudes poco democráticas».

«A pesar de identificarnos con el anticapitalismo, la educación pública, gratuita y no sexista, creemos que puede haber estudiantes que no lo hagan y ese es el desafío de la política, tratar de hacer sentido común y convencer«, argumenta la presidenta del CED.

«En este estadio de la lucha feminista y en casos de acoso, es necesario evitar que un posible acosador sea candidato para proteger a la denunciante y a su integridad», afirma Astudillo quien además explica que la medida de inhabilidad por el solo hecho de ser denunciado por un abuso o acoso sexual es «un riesgo que lamentablemente se debe asumir mientras sigamos viviendo bajo un sistema patriarcal de opresión a la mujer y mientras las instituciones formales no se hagan cargo«. No obstante, aclara que «nos parece muy problemático y por eso propusimos que solo se inhabilitará a aquellos que tengan denuncias ante instancias formales».

Pese a esto, Astudillo explica que «aun no tenemos una propuesta de texto para presentar». Y explica que el miércoles definieron con el consejo de representantes que hasta el hoy se extiende el plazo para proponer nuevas redacciones de artículos sobre los principios y su función para que sea plebiscitado por todos los estudiantes.

Desde el interior del plantel comentan que se presentó la idea de realizar una nueva consulta con dos o tres preguntas, la primera enfocada en especificar que en los casos de incompatibilidad se deje fuera el antiespecismo, el anticapitalismo y el antiimperialismo; la segunda, que establezca que la inhabilidad de candidaturas sea aprobada por un quórum calificado en el consejo de representantes; y la tercera, que este sea por una mayoría de dos tercios o de tres quintos del consejo.

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