Por dos años consecutivos Carlos Odebret Beyer, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes ha levantado un reclamo: la ONG Corporación Fiscalía del Medio Ambiente, más conocida como FIMA, dicta de forma gratuita el curso “Derecho, gestión y política ambiental”, dirigido en 2024 a funcionarios públicos de la Región de Magallanes y este 2025 a funcionarios de Los Lagos. Sin embargo, dice Odebret, “FIMA no es un actor neutral”.
El presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes señaló en una carta publicada en La Tercera a comienzos de octubre que “se trata de una organización que recurre habitualmente a los mismos organismos públicos que ahora pretende capacitar para alcanzar sus objetivos. Así lo muestran las reclamaciones contra proyectos inmobiliarios en Pucón y Villarrica, los litigios en torno al humedal La Poza, la oposición a pisciculturas en La Araucanía, las acciones en Contao o las múltiples reclamaciones en Magallanes respecto de centros acuícolas y el ensanchamiento del canal Kirke. En todos estos casos, funcionarios públicos han debido pronunciarse sobre sus pretensiones. Que esos mismos funcionarios sean capacitados por quien actúa y seguirá actuando como parte interesada constituye un evidente conflicto de interés”.
De acuerdo con cifras del mismo gremio, solo entre 2020 y 2022, la ONG judicializó 14 proyectos que involucraban una inversión de 352 millones de dólares en Magallanes.
El reclamo de los salmoneros fue respondido a través del mismo medio por Ezio Costa Cordella, director ejecutivo de ONG Fima, que argumentó que “la actividad de control, fiscalización y policía que ejerce el Estado no es una política contingente, sino una función permanente para asegurar el cumplimiento de la ley. Colaborar en la formación de quienes cumplen ese rol favorece un control más efectivo, y es allí donde podemos contribuir” y cerró con un llamado a la industria salmonera a evitar incumplimientos normativos.
En su web, FIMA asegura: “Somos totalmente independientes de todo órgano gubernamental o político partidista. Esto nos da autonomía suficiente para poder defender casos ambientales sin presiones de ningún tipo”. No obstante, Costa estuvo a cargo del programa presidencial de Gabriel Boric en materia ambiental y fue uno de sus voceros de campaña en estos temas, junto con la actual ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. Además, Costa es autor del libro ‘Por una Constitución Ecológica’, pensado como un “aporte al debate” del fallido primer proceso constitucional.
El texto fue lanzado en septiembre de 2021 en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en un acto que contó con la participación de la entonces constituyente Cristina Dorador –científica que también quiso incorporar temas de medio ambiente en la nueva Constitución– y el recientemente destituido ministro de Energía, Diego Pardow, militante del Frente Amplio.
“Al día siguiente del acuerdo por una nueva Constitución, con el equipo de ONG FIMA dijimos: ‘Este es el momento’. La nueva Constitución es quizás la última oportunidad de frenar a tiempo nuestra trayectoria destructiva y tenemos que poner todos nuestros esfuerzos por lograr una carta magna que proteja realmente el medio ambiente”, afirmó Costa, según la reseña del lanzamiento del libro publicada en la web de la ONG.
El abogado también fue parte en los alegatos ante el Primer Tribunal Ambiental en representación de la ONG Oceana, en contra del proyecto minero portuario Dominga. A mediados de septiembre la Corte Suprema declaró inadmisibles varios recursos de casación, uno presentado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), para continuar con la paralización del megaproyecto y no volver a reunir al Comité de Ministros del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, como había ordenado el Primer Tribunal Ambiental en diciembre de 2024. La decisión fue leída como un golpe al Gobierno. Sin embargo, desde FIMA argumentaron que el hecho de que la Corte no admitiera a tramitación los recursos, no implicaba “ninguna resolución definitiva respecto del proyecto”, según dijo Marcos Emilfork Orthusteguy, coordinador jurídico de la ONG.
Emilfork desde 2024 es parte del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT), instancia creada por el Presidente Boric en septiembre de 2023 para asesorar al Jefe de Estado en la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la Política Nacional de Desarrollo Rural y la Política Nacional de Ordenamiento Territorial.
Por su lado, Costa además era miembro del consejo asesor de la investigada Fundación Democracia Viva -del Frente Amplio-, y renunció a la instancia el 23 de junio de 2023, una vez que se cuestionó el traspaso de $426 millones a la fundación por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
La mano de FIMA para frenar millonarias inversiones
Las cifras de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes dan cuenta de que entre 2020 y 2022, de acuerdo con lo informado en las propias memorias anuales de FIMA, judicializaron 29 Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y considerando lo informado en la web del Sistema de Evaluación Ambiental, dichas RCA representaban una inversión de US$ 5.317 millones. La Asociación de Salmonicultores de Magallanes agrega que 52% de ese monto se explica por los proyectos Dominga y Cruz Grande en la Región de Coquimbo.
El sector con más proyectos judicializados es Pesca y Acuicultura, con 15 que suman un total de US$ 176.600.000. Le siguen los sectores de Energía y Minería, con cuatro proyectos cada uno. En Energía la inversión representaba US$ 1.831.000.000 y en Minería US$ 2.776.000.000. El sector Inmobiliario tiene 3 proyectos judicializados por un total de US$ 103.500.000; mientras que los sectores Comercio y Portuario incluyen 1 proyecto cada uno, con valores de US$180.000.000 y US$ 250.000.000, respectivamente.
En cuanto a la distribución por región, Magallanes tiene el mayor número de proyectos judicializados, con 14, alcanzando un total de US$ 352.600.000. Le siguen las regiones de Coquimbo, con dos proyectos por un total de US$ 2.750.000.000, y Atacama, con dos proyectos sumando US$ 1.395.000.000. Antofagasta tiene un proyecto por US$ 450.000.000, mientras que La Araucanía presenta cinco proyectos por US$ 176.500.000. Aysén y la Metropolitana tienen dos y un proyecto, respectivamente, con valores de US$ 13.000.000 y US$ 180.000.000.
La Memoria Anual de FIMA correspondiente al año 2024 indica que durante ese año su trabajo se ha orientado a tres ejes principales: “el acompañamiento legal a comunidades que enfrentan conflictos socioambientales, la participación activa en el debate regulatorio y de política pública a nivel nacional, y la colaboración con redes internacionales para promover acciones climáticas más ambiciosas y con enfoque de justicia”.
Las dudas sobre el financiamiento de FIMA
Un informe del Instituto Res Publica, publicado en septiembre, titulado “ONGs Político-Ambientalistas en Chile” revisó, entre otras, el financiamiento de FIMA y escriben que la ONG “obtiene recursos de Gobiernos Regionales y realiza cursos y talleres dirigidos a académicos, autoridades locales y miembros del Poder Judicial en derecho ambiental, derecho de aguas, participación ciudadana y litigación ambiental, entre otros”.
El documento también indica que entre los años 2024 y 2025 la Fundación Packard les transfirió US$ 836.100 correspondientes a cuatro fondos concursables. De esos US$ 411.000 fueron en 2024. Y agregan que según el sitio web oficial de FIMA, “se señala que el aporte de la Fundación Packard equivale para el 2024 a un 6,65% de su presupuesto total”.
Sin embargo, el informe del Instituto Res Publica menciona que hay una “inconsistencia”, pues “de ser cierto que el aporte de la Fundación Packard corresponde a sólo el 6,65% de su presupuesto total de 2024, eso significaría que el presupuesto total de FIMA superaría los US$ 6.180.451, es decir cerca de 6 mil millones de pesos. Otra hipótesis, probablemente más plausible, es que el presupuesto de la Fundación Packard esté subrepresentado, es decir, que las donaciones en 2024 de US$ 411.000 representan más que el 6,65% del presupuesto total de FIMA. Esto considerando que, según la memoria del año 2024 de FIMA, el financiamiento fue de $1.590.000.000 pesos chilenos, o sea unos US$ $1.671.000. En ese sentido, la donación de Packard correspondería al 24,6 % del financiamiento de FIMA”.
En la misma línea, el informe de Res Publica señala que Packard “financia y defiende abiertamente ideas ambientalistas radicales recogidas por programas y plataformas de partidos de izquierda”.
“Uno de los problemas de fondo, que no radica en el hecho de recibir fondos extranjeros ni una aparente falta de transparencia sobre los ingresos de FIMA sino que, habiendo decidido publicar esta información, hacerlo con números que discrepan de lo informado por la donante. Esta situación da pie para creer que existe algún motivo para que exista esta discrepancia y que no se trate de un mero error. Otro de los problemas de fondo es que esta organización, que se declara independiente, en realidad tiene un financista de clara tendencia política que supera su 25% de financiamiento. Por cierto, no suscita un problema adscribir una visión ideológica como organización, lo grave es ocultarla y participar en la vida pública, ocupando fondos estatales y copando instancias públicas como un organismo autónomo y libre de ideas político-partidistas cuando en la práctica no lo son, lo que vulnera derechos fundamentales como la igualdad ante la ley”, dice Res Publica.
FIMA y el Frente Amplio
En cuanto a los recursos que le han sido otorgados por entidades de origen chileno, la ONG recibió $127 millones de la Subsecretaría del Medio Ambiente en julio de 2017 para un programa de fortalecimiento de educación ambiental y desde 2020 ha sido contratada por distintas municipalidades, entre las que figuran Ñuñoa, entonces dirigida por Emilia Ríos, y Maipú, en manos de Tomás Vodanovic. Ambos del Frente Amplio, y que realizaron los convenios mediante la modalidad de trato directo.
En 2023 la Contraloría invalidó los contratos entre FIMA y Ñuñoa. El acuerdo era para que la ONG pudiera representar judicialmente al municipio ante el Proyecto Centro Comercial Vivo Santiago Etapa II y el proyecto Egaña Sustentable de la inmobiliaria Fundamenta. Según Contraloría, “en los decretos alcaldicios que autorizaron las respectivas contrataciones directas como aquellos que aprobaron los contratos con FIMA no se contemplaron los motivos de la contratación, además de la verificación de la idoneidad técnica del prestador, conjuntamente con las razones por las cuales las funciones no podían ejecutarse por personal de la entidad”.
También está el caso del Gobierno Regional de Valparaíso que les transfirió $400.000.000 el 31 de diciembre de 2022, en una única cuota. Dineros cuestionados por la Contraloría en un informe publicado en diciembre de 2024, considerando que las actividades programadas “fueron planteadas de forma genérica sin ningún tipo de detalle técnico, mostrando, en general, solo costos globales, sin que conste que el GORE haya solicitado antecedentes a esas entidades o efectuado algún tipo de validación que le permita evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de sus costos, y en definitiva, determinar fundadamente el monto a transferir en cada iniciativa”. Estos cuestionamientos también aplicaban a fondos transferidos por el GORE a la Fundación Terram y la Corporación Epmusa.
Además, plantea Contraloría, que la entrega de los fondos se hizo “no conforme a los programas de caja entregados por esas entidades ni al avance efectivo de las actividades comprometidas en los convenios respectivos”.
El gobernador de Valparaíso es Rodrigo Mundaca, quien compitió en las elecciones de 2021 y 2024 como independiente en cupo del Frente Amplio.
Cuando la diputada Republicana Chiara Barchiesi exigió al Gore de Valparaíso que explicara el traspaso a dedo de estos fondos, aseguró que Manuel Arroyo era del directorio de Modatima –movimiento dirigido por Mundaca– y también fue responsable de un proyecto desarrollado por FIMA.
Otros abogados que forman parte del staff de FIMA, como la encargada de litigios, Sofía Barrera, han mostrado públicamente su respaldo a Gabriel Boric y a la Convención Constitucional.
FIMA versus Cooke
Barrera ha enviado cartas a El Mercurio en las que cuestiona a Cooke Chile, filial de la empresa canadiense del mismo nombre, dedicada a la comercialización de salmón.
Después de que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sancionara a la empresa, Barrera, junto con representantes de Codesa y Aisén Reserva de Vida, escribieron: “La empresa reaccionó airadamente y con una estrategia de victimización, utilizando frases que catalogan la sanción de clausura como ‘un acto expropiatorio’ y que supuestamente incumpliría el TLC con Canadá. Lo anterior no solo es ilógico, ya que cuesta imaginar que un tratado comercial pueda blindar a una empresa para que incumpla las normativas del país en el que produce, sino que también es ficticio, puesto que en sus reacciones, los directivos de dicha compañía olvidan mencionar que aquello que se ordenó paralizar es precisamente una operación ilegal”.
A lo que el gerente general de Cooke Aquaculture Chile, Andrés Parodi, respondió en el mismo diario: “La carta… revela lo que todo el mundo sabe: el ambientalismo extremo, que no transparenta sus mecanismos de financiamiento, actúa en tándem con la SMA en contra de las empresas”. Pero los tres firmantes de la primera carta retrucaron: “Echarle la culpa al empedrado y lanzar acusaciones al aire solo banaliza el sano debate y debilita la confianza en un sector que, precisamente, debiera dar ejemplo de responsabilidad ambiental y cumplimiento regulatorio”.
Sin embargo, el 28 de octubre el Tercer Tribunal Ambiental acogió las reclamaciones presentadas por la salmonera y la corte revirtió la resolución administrativa de la SMA que obligó a paralizar los centros de cultivo de salmones Huillines 2 y Huillines 3.
El fallo cuestiona que la medida adoptada por la SMA fue “particularmente gravosa” pese a que la Superintendencia “no acreditó suficiente el daño inminente al medio ambiente”.
También te puede interesar:
Excelente artículo y que bueno que se haga público el daño que provocan los ambientalistas radicales, los que con apoyo del actual gobierno pretenden paralizar proyectos por millones de dólares, que generan trabajo y mejoran las condiciones de vida de cientos de familias, mediante judicializaciones que toman años en resolverse, como es el caso del proyecto Dominga y no les importa mantener cesantes a las más diversas comunidades que no tienen donde trabajar.