Publicado el 1 febrero, 2021

El hermetismo de la Defensoría de la Niñez respecto a solicitud de diputados sobre informes encargados por la entidad

Autor:

Sofía Del Río

Los parlamentarios Álvaro Cárter y Sandra Amar (independientes bancada UDI), junto a Gustavo Sanhueza y Christian Moreira (los dos UDI), solicitaron a la Contraloría General de la República pronunciarse al respecto, además de exigir a la Defensoría de la Niñez las copias originales de cada uno de los estudios. Por su parte, la Defensoría afirma que no es atribución de la Cámara fiscalizar a un “órgano autónomo del Estado”.

Autor:

Sofía Del Río

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Un grupo de diputados, haciendo uso de sus facultades de fiscalización, ofició a la Defensoría de la Niñez, para que rinda explicaciones por una serie de estudios contratados por alrededor de $59 millones, en el período marzo-julio de 2020; pero cuyo monto total asciende a $170 millones, que se destinaron a seis investigaciones.

La misiva firmada por Miguel Ángel Calisto (DC), Manuel Matta (DC), Fernando Meza (Ind.), y Jorge Sabag, recibida por la Defensoría el 2 de septiembre de 20202, apunta que han recibido denuncias relativas a su gestión, que “dan cuenta un aparente incumplimiento inexcusable de lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 21.067 que crea la Defensoría de la Niñez, particularmente referidas a la baja cantidad de acciones a nivel nacional patrocinada por el organismo, la baja cantidad de querellas promovidas en relación a las denuncias realizadas por el organismo, la cantidad de visitas efectivas a centros penitenciarios”. En esa línea es que hacen la solicitud de información.

Los legisladores advierten que durante el año 2019 se presentaron solo 14 denuncias por delitos comunes hacia los menores, y 112 denuncias por violencia policial. Mientras que en el año 2020, la cifra aumenta a 111 por delitos comunes y 44 por denuncias de violencia policial. No obstante, señalan, que  desde la creación de la institución solo se han patrocinado 34 causas, pese a la mayor cantidad de denuncias formuladas, “que agrava el hecho, el haber obtenido solo una sentencia condenatoria desde la creación del organismo”.

Cuestionan, además, que solo se hayan hecho 10 visitas a centros de privación de libertad durante el año 2019; y solo 4 visitas presenciales hasta antes del inicio de la pandemia. Además de “solo 12 visitas (remotas) en contexto Covid-19”.

Un punto en común que tiene esta carta con las solicitudes de información hechas por otros diputados como Álvaro Cárter y Sandra Amar (independientes bancada UDI), junto a Gustavo Sanhueza y Christian Moreira (los dos UDI), -que ya habían escrito a la Contraloría el 28 de agosto de 2020- apunta a recibir información acerca de $345.591.198, empleados por la Defensoría por concepto de gastos operacionales en el períodos marzo-julio. “Particularmente, llama la atención los más de $59.000.000 durante el mismo periodo por conceptos de Estudio e investigación”, sostienen.

La respuesta otorgada por la entidad a través de un documento de 47 páginas no convenció a los parlamentarios, calificándola de “ambigua” y de “informe escueto”. Por esta razón,  los diputados Cárter, Amar, Sanhueza y Moreira solicitaron a la Contraloría General de la República pronunciarse al respecto, además de exigir a la Defensoría de la Niñez las copias originales de cada uno de los estudios.

En cuanto al oficio de contestación emitido por la entidad, distintas son las interrogantes que aún mantienen los legisladores. Según un resumen de los estudios realizados por la Defensoría de la Niñez, el organismo ha utilizado alrededor de $170 millones desde el año 2018 -cuando se crea la entidad-. Este monto se divide en seis investigaciones, y en cuanto a sus costos hay una que lidera la lista por un monto de $97 millones. Se trata del “Estudio de opinión niños, niñas y adolescentes”, cuyo objetivo es obtener y analizar las opiniones, requerimientos e ideas de niños, niñas y adolescentes respecto a sus derechos y otras temáticas que les sean relevantes. Esta investigación fue elaborada por Cliodinámica Asesorías, Consultorís e Ingeniería LTDA.

La segunda investigación con mayor costo corresponde a una que tuvo un valor de $30 millones, elaborada por la Universidad de Chile, sobre los “efectos del estado de excepción y posterior crisis social 2019, en niños, niñas y adolescentes”, y en tercer lugar, por $13 millones, una investigación acerca de “de la  identificación de instituciones, programas, evaluaciones e indicadores de la niñez y adolescencia”, a cargo de Pragmac Consuting SPA, que buscaba identificar todos los órganos de la administración del Estado, organismos no gubernamentales, las personas jurídicas y naturales que tengan por objeto y/o participen en la promoción o protección de derechos de los niños, sus programas y mecanismos de evaluación.

Durante el período marzo-julio 2020, este ítem, denominado en los gastos operaciones “estudios e investigaciones”, es el segundo que más utilizó asignaciones con un total de $59.904.172, luego del subtítulo “arriendo de edificios”, que en el mismo período tuvo un valor de $62.252.605. En la tercera ubicación se lee “Servicios de Publicidad”, por $38.111.266, donde resalta el proveedor “Hueso Santo”, misma agencia que se ganó la licitación para realizar el controvertido video  de la Defensoría titulado: “El Llamado de la Naturaleza”, que generó cuestionamientos porque su letra hace alusión a la evasión del Metro de Santiago que se vivió en el estallido del 18 de octubre.

Se desconoce el contenido de los informes y cómo se escogió a quien los realizaría

El diputado Moreira afirmó que “se hizo un oficio que para que nos entregara datos sobre 6 informes y la información que se entregó fue ambigua,  por lo que se pidió una copia de estos”, agregando que “lo que necesitamos es transparencia para ver si fueron eficaces los estudios”. Además, el parlamentario de la UDI indicó que “no entiendo por qué no se ha querido entregar lo solicitado”.

“Desde nuestra facultad fiscalizadora es que nos pareció a lo menos cuestionable la utilización política de una institución tan importante para nuestros niños, la Defensoría esta más interesada en ocupar esta tribuna para sus propias aspiraciones”, planteó el diputado Carter a El Líbero, añadiendo sobre la defensora Patricia Muñoz: “La hemos visto muy activa en medios entregando opiniones políticas, pero donde tiene que realmente mostrar su trabajo es en la defensa de los niños niñas y adolescentes vulnerados de nuestro país y es en ese ítem que el desempeño esta bajo el promedio, no lo decimos nosotros, esta en uno de los informe que se nos envió. Es por eso que quisimos conocer en detalle los gastos de la institución”.

En esta línea, Carter dice que “dentro de los documentos que se nos han hecho llegar aparecen estos informes con un alto costo versus rendimiento judicial bajo, y aún hoy no podemos obtener información completa de aquellos”. El parlamentario agrega que: “Hay muchos gastos que la propia defensora de la niñez hizo en tiempos de pandemia donde todo Chile estaba en cuarentena como gastos excesivos en bencina ($5.293.618), gastos de representación, que no se entienden. Y eso son recursos públicos donde tiene la obligación de darlos a conocer”.

Por su parte, el parlamentario y vicepresidente de la UDI, Gustavo Sanhueza, dijo que uno de los temas que están pendientes son las licitaciones, detallando que no hay información respecto a cómo se escogió a las empresas o consultorías que estuvieron a cargo de la elaboración del material.

Sanhueza reitera que se está solicitando tanto el contenido como la forma en que se realizó la adjudicación, subrayando que “con lo que sabemos ahora estamos en una nebulosa”, además de enfatizar en que “llama la atención el hermetismo“. Además, el legislador subrayó la importancia de solicitar que Contraloría “se haga cargo”, ya que desde el oficio entregado por la Defensoría de la Niñez, se indica que la Cámara no posee “la posibilidad de fiscalizar a un órgano autónomo del Estado, como la Defensoría de los Derechos de la Niñez”.

El informe de respuesta de 47 páginas de la Defensoría de la Niñez indica que no cuentan con “los recursos necesarios para dar oportuno y eficiente cumplimiento de todas las funciones que la ley contemplaba, no asegurando presencia a nivel nacional”, además de mencionar: “Es curioso, por decir lo menos, que a juicio del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo sea factible que una institución con las extensas funciones y mandato establecido en la legislación, pueda funcionar con solo 26 funcionarios, que deban visitar todos los centros donde se encuentren niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado”.

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