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Publicado el 06 de abril, 2019

El fracasado intento del INDH para impedir la expulsión de 6 colombianos condenados por homicidio y tráfico de drogas

Autor:

Bastián Garcés

El miércoles, la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó el recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que buscaba dejar sin efecto la deportación de 6 extranjeros. Esta no es la primera vez que el organismo intenta frenar este tipo de medidas. El año pasado abogó para cancelar al menos 20 expulsiones que, en su mayoría, estaban relacionadas con condenados por tráfico de drogas y robo.

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Bastián Garcés

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Debe descartarse que la decisión emanada de la autoridad migratoria, consistente en negar la solicitud de residencia a los amparados, sea ilegal, por cuanto ha sido dictada en el marco de sus competencias y dentro de la esfera de sus atribuciones“, se lee en la sentencia que dictó la Corte de Apelaciones de Antofagasta este miércoles respecto al recurso de amparo que interpuso el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La acción la entabló a favor de seis ciudadanos colombianos, quienes contaban con condenas por diferentes delitos, y que fueron expulsados del país el pasado jueves 28 de marzo. Esto, tras un proceso llevado a cabo por el departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior.

Un día antes, el organismo encabezado por Consuelo Contreras inició la acción legal para impedir la medida. Fue el propio jefe regional del INDH, el abogado Paulo Palma, quien presentó el recurso de amparo a favor de Constanza Rivera, Diego Raúl Balanta Vallejos, Victor Marín Peña, Redelmo Ordoñez Gómez, Andrés Felipe Mayre Cano y Brainer Quiñones Sinisterra.

En el documento presentado por Palma se argumenta que los ciudadanos colombianos se presentaron el miércoles 27 de febrero a la oficina principal de la Jefatura Nacional de Extranjería y Migración de la Policía de Investigaciones, ubicada en Santiago Centro. “Todos fueron citados a través de un llamado telefónico de parte de la PDI, a fin de que concurrieran (…) con miras a realizar alguna diligencia tendiente a regularizar su residencia en este país”, se puede leer en el texto en donde además se agrega que “ninguno de ellos fue informado ni advertido de que el motivo real de esta operación era otro, a saber: privarlos de libertad y dejarlos en espera hasta cuando se ejecutaran sus respectivas expulsiones del país”.

El relato continúa señalando que el martes 27 de marzo, un día antes de presentar el recurso de amparo, el jefe regional del INDH junto a la abogada del organismo, Catherine Ynciso, y la colaborada del instituto Myriam Guerra se entrevistaron, en Antofagasta, con los seis colombianos, quienes aseguraron no haber sido notificadas de una orden de expulsión. Razón por la cual, el organismo acusó dos vicios que “tiñen de ilegalidad todo el operativo policial que en estos precisos instantes se está llevando a cabo respecto de este grupo de personas”.

Tras contrarrestar dicha versión con la entregada por las autoridades, la Corte de Apelaciones falló con que las medidas tomadas por Extranjería sí se ajustaban a derecho. En representación de Interior alegaron los abogado Aquiles Valdevenito Díaz  y Francisco Castro. Luego de detallar la situación irregular en que se encontraba, hace años, cada uno de los expulsados, los representantes de Extanjería fundamentaron que “los decretos de expulsión correspondientes a los amparados fueron dictados por la autoridad competente y dentro de la esfera de sus atribuciones”.

Además, detallaron que “en cada uno de los casos han existido diversas instancias administrativas, en que los recurrentes han sido debidamente informados de sus derechos por el incumplimiento de las medidas de abandono del país, notificándose la decisión, e informándoles que en caso de incumplimiento se procedería a dictar la expulsión”.

Finalmente la Corte falló a favor de Extanjería y rechazó el amparo que pretendía el INDH para evitar la expulsión de los 6 extranjeros. Todos, con amplios antecedentes penales.

Condenados por homicidio, porte ilegal de armas y tráfico de drogas

Según se lee en la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, los seis ciudadanos colombianos contaban con antecedentes penales, ya sea en su país de origen o en Chile, por tráfico de drogas, porte ilegal de armas, hurto e, incluso, homicidio.

La única mujer del grupo en apelar fue Constanza Rivera, quien ingresó a Chile el 21 de junio de 2015 en calidad de turista, fue condenada en Colombia a 34 meses de presión por tráfico de estupefacientes, razón por la cual su solicitud de residencia temporaria se rechazó en agosto de 2015. Si bien apeló a la decisión de Extranjería en enero de 2016, esta fue negada nuevamente porque los antecedentes no fueron suficientes para reconsiderar su solicitud. Incluso, durante esa instancia, a Rivera se le informó que estaba incumpliendo la normativa migratoria vigente, razón por la que se le otorgó un plazo de 30 días para entregar nuevos documentos que fundaran su petición, algo que finalmente no hizo y por lo cual el 1 de marzo de este año se tomó como medida la expulsión del país.

Un caso similar fue el de Brainer Quiñones, quien a través de una resolución exenta de octubre de 2011 obtuvo una residencia temporaria la cual venció en abril de 2014, fecha desde la que se encontraba de forma irregular en Chile. Ese mismo año el Juzgado de Garantía de Calama lo sentenció a 3 años y 1 día como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes. En 2016 Extranjería solicitó a Quiñones presentar antecedentes por encontrarse en una situación irregular, algo que no realizó. Esto motivó, que el 18 de diciembre de 2017, y en base a la condenada del tribunal de Calama, se decretara su expulsión del país, la que fue notificada el 26 de marzo de estaño por funcionarios de la PDI.

Al igual que Quiñones, Andrés Mayne llegó a Chile en 2011, pero el 11 de marzo, en calidad de turista. Dos meses después, en mayo, solicitó una residencia temporaria, la cual fue denegada. En noviembre de ese mismo año, se le notificó que debía abandonar el país porque registraba una condena en Colombia de 28 meses de prisión porte ilegal de armas. Ya en agosto de 2012 se dictó la orden de expulsión del país, la que se fundó en el “incumplimiento de la medida de abandono el cual se desprende del enlace con la PDI de su último movimiento migratorio”.

Aunque las sentencias más “llamativas” las tienen Diego Balanta, Redelmo Ordoñez y Víctor Marín, quienes fueron condenados en Colombia por homicidio.

El primero de ellos, Diego Balanta, ingresó al país el 10 de agosto de 2013, en calidad de turista. Ya en Chile, solicitó la residencia sujeta a contrato, la que fue rechazada en julio de 2015 y, además, se dispuso que Balanta debía abandonar el territorio nacional porque en Colombia registraba una condena de 10 años de prisión por homicidio. Un año después, Balanta solicitó que la decisión fuera reconsiderada, pero la medida se mantuvo porque “los antecedentes acompañados no desvirtuaron las consideraciones para rechazar su solicitud de residencia”. Además, en ese momento se le informó que la autoridad estaba en conocimiento de su infracción migratoria y se le otorgó un plazo de 30 días para otorgar nuevos papeles que ordenaran su situación. Los documentos nunca fueron presentados, razón por la cual el 5 de enero del año pasado se dictó la orden de deportación en su contra. No obstante, en febrero del año pasado el ciudadano colombiano presentó un recurso de amparo solicitando dejar sin efecto la expulsión, el cual fue rechazado.

El 6 de febrero de 2015 llegó a Chile en calidad de turista, Redelmo Ordoñez. Un mes después solicitó una residencia temporaria, la cual fue negada y en octubre de ese mismo año se dispuso que abandonara el país. La razón para rechazar la petición fue que Ordoñez había sido sentenciado 10 años de prisión por homicidio y a 28 meses privado de libertad por el delito de hurto calificado. Su expulsión fue dictada en noviembre de 2017, y le fue notificada en marzo del año pasado. Sin embargo, a través de una carta, Ordoñez solicitó la reconsideración de la medida, pero no adjuntó ningún antecedente para fundamentar su petición.

El 9 de septiembre de 2015, arribó al país Víctor Marín, quien llegó a Chile en calidad de turista y dos meses después solicitó una residencia temporaria. Su petición fue rechazada en febrero de 2016 y en ese momento se le notificó que debía abandonar territorio nacional, porque contaba con antecedentes penales y no era una pena cualquiera: en Colombia Marín fue condenado a 27 años y 6 meses de cárcel por homicidio agravado y hurto calificado. En marzo de ese mismo año, solicitó reconsiderar la medida, pero fue rechazada porque los antecedentes presentados no fueron suficientes para revertir la deportación. Finalmente, la expulsión fue dictada el 14 de diciembre de 2017.

Al menos 20 recursos de amparo presentados por el INDH durante 2018

Aunque esta no es la primera vez que el INDH intercede para intentar detener una expulsión. Como dio cuenta El Líbero en octubre del año pasado, el organismo -financiado con fondos públicos- presentó hasta ese mes 20 recursos de amparo para extranjeros, de los cuales 12 fueron condenados por tráfico de drogas. Otros delitos que destacaban eran robo en lugar habitado y robo con intimidación, ambos con 3 causas, y robo con violencia, con dos casos.

De hecho, en su sitio web, la entidad destaca regularmente estos procesos. Por ejemplo, con fecha 24 de agosto de 2017, señala que “Suprema ordena regular situación migratoria de ciudadano colombiano ante amparo del INDH“, en el que explica cómo el tribunal “revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que rechazaba un recurso de amparo” presentado por la organización a favor de un ciudadano colombiano que ingresó de manera irregular al país y ordenaba la regularización de su situación migratoria.

Este año, el organismo ha publicado al menos dos notas de prensa dando cuenta de sus victorias en la Justicia. En una de ellas, con fecha 8 de enero, se subraya que “la Corte de Apelaciones de Iquique acogió dos recursos de amparo presentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en favor de dos ciudadanas bolivianas (…) sobre las mujeres pesaban órdenes de expulsión dictadas por la Intendencia Regional de Tarapacá”. En tanto la segunda, es del 6 de marzo, y en ella se lee que “la Corte de La Serena acoge amparo en favor de migrante colombiano y su hija, y revoca su expulsión de Chile”.

Sin embargo, estas medidas han sido cuestionadas porque se destinan dineros públicos para defender personas que ya fueron condenadas en Chile o su país de origen, además que se destina tiempo para responder a estos requerimientos. Por ejemplo, para el recurso de amparo presentado en la Corte de Apelaciones, el INDH solicitó que tanto el departamento de Extranjería, el ministerio del Interior y la Policía de Investigaciones expusieran los argumentos que tomaron para decretar la expulsión y fundamentar el procedimiento. Además, por parte del Instituto, participaron al menos tres profesionales.

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