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Publicado el 25 de octubre, 2019

El factor Bachelet aparece en la crisis

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El Líbero

Ayer, tres figuras emblemáticas del bacheletismo accedieron a reunirse con el Presidente Piñera en La Moneda lo que coincidió con la invitación que hizo el gobierno para que una misión de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU visite el país. De esta forma, la ex Presidenta Bachelet y su círculo se suman para ser parte de la solución de la crisis.

 

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Dos hechos clave ocurrieron ayer en La Moneda y con una diferencia de solo minutos. Y los dos tuvieron como protagonistas al Presidente Sebastián Piñera y a la ex Mandataria Michelle Bachelet.

Minutos pasado el mediodía el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, informó a los medios que el gobierno se comunicaría con la ex Presidenta Michelle Bachelet en su rol de Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. “Para que puedan constatar en terreno las labores que se realizan para el resguardo de los derechos fundamentales. Creemos que es importante que las personas tengan acceso a todo lo necesario, pleno acceso, plena transparencia. Eso le hace bien a la democracia, le hace bien a los derechos fundamentales”, dijo el canciller.

Y a los pocos minutos se informó que el Presidente Sebastián Piñera se había comunicado con la ex Mandataria.

Mientras, cerca de las 11:30 horas representantes del bacheletismo ingresaron a La Moneda. Allí sostuvieron un diálogo con el Presidente y el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel. Si bien eran cerca de 50 personas, al frente de ellas estaba Javiera Parada, ex agregada cultura del gobierno anterior y militante de Revolución Democrática. También llegó su madre Estela Ortiz, una de las amigas más cercanas de la ex Jefa de Estado -que en su gobierno fue secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia- y viuda de José Manuel Parada. Junto a ellas se vio, además, a la presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano, creado por la ex Mandataria, Valentina Quiroga.

No me parece acertado que en estos momentos se intente debilitar la poca institucionalidad y gobernabilidad que nos queda», dijo Javiera Parada sobre la intención del PC de acusar al Mandatario.

La decisión del gobierno de convocar a organismos de Derechos Humanos responde a la idea de ser totalmente abiertos a cualquier fiscalización de todo lo que ocurra durante el estado de Emergencia. De hecho, ya lo han llevado a cabo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos que lidera el DC Sergio Micco. Incluso el miércoles se actuó rápido tras una información generada en redes sociales, que fue desmentida por jueces y el mismo INDH, sobre torturas en la Estación Baquedano.

En esta lógica se entiende que La Moneda recurriera a Bachelet para que en terreno constante la realidad.

Y la respuesta de la ex Jefa de Estado no se dejó esperar. Pocos minutos después del anuncio de Ribera, la Alta Comisionada publicó en su cuenta de Twitter que enviaría una misión a Chile

De esta forma, desde el gobierno buscan cerrar el flanco de Derechos Humanos, precisamente abriéndose al tema y tomando una considerable distancia de países, como Venezuela, que por años impidieron la labor de distintas organizaciones de DD.HH. 

Y precisamente este fue uno de los temas que conversó el Mandatario con Javiera Parada y quienes dialogaron ayer con el Mandatario.

La conversación se produjo de manera improvisada, no estaba en la agenda del Presidente y distintas personas que participaron comentan que se generó un ambiente emotivo. El hecho ocurrió pasada las 11:30 horas de ayer cuando unas 50 personas vestidas de blanco llegaron a la oficina de partes de La Moneda para dejar allí la carta «La democracia es diálogo», con la firma de más de 2 mil 500 personas que se difundió el sábado y que fue impulsada por Parada y los abogados democratacristianos José Miguel Burmeister y Elisa Walker.

Cuando estaban dejando la carta, desde Presidencia les informaron que el Jefe de Estado quería recibirlos. Así fue como se instalaron en el Patio de las Camelias. Javiera Parada habló de la importancia de mantener diálogo con todos los sectores, que nadie puede restarse. «Es un gobierno legítimamente elegido que tiene que encauzar y darle curso a las soluciones de esta crisis y todas las fuerzas políticas deben ser parte de esta solución», dijo más tarde Parada en entrevista con Radio La Clave. Sobre la decisión del Partido Comunista de acusar constitucionalmente al Mandatario se mostró en contra y declaró: «No me parece acertado que en estos momentos se intente debilitar la poca institucionalidad y gobernabilidad que nos queda». Y agregó: «Entiendo que es legal lo que va a hacer el Partido Comunista, pero esto no es una decisión jurídica sino que es una decisión política y no contribuye en estos momentos plantear una acusación constitucional para que el Presidente renuncie».

En el diálogo participó también el ministro Blumel y luego de sumó el jefe de la cartera de Desarrollo Social, Sebastián Sichel. En la ocasión, el Mandatario les informó a los presentes – entre quienes también estaban Claudio Orrego, Paula Vial, Claudio Seebach, Edgardo Riveros, José Miguel Burmeister y Elisa Walker- que de manera paulatina se iría levantando el estado de Emergencia y que ya se habían contactado con el embajador en Ginebra para estar en comunicación con organismos de DD.HH.

El grupo, luego se dirigió al Senado en el ex Congreso en Santiago. Ahí se reunieron con el presidente de la Cámara Alta, Jaime Quintana. En la ocasión Estela Ortiz dijo que estaba preocupada por lo que estaba pasando y que no había que permitir que se repitiera lo ocurrido en 1973.

La contradicción vital del Frente Amplio

“Creo importante que quienes tenemos cargos de representación (por supuesto me incluyo) respiremos más profundo, bajemos la ansiedad y terminemos con la pelea chica. Hemos sido parte del problema. Para ser parte de la solución se requiere más humildad y ser más propositivos”, publicó la tarde de este jueves el diputado Gabriel Boric (Convergencia Social, CS), lo que fue visto al interior del Frente Amplio como un giro en su postura.


Las palabras del ex presidente de la Fech serían, según explica un congresista de la bancada, una señal de tener una mayor disposición al diálogo en comparación a los días previos de la crisis, en los que el líder de CS se habría mostrado en contra de sentarse a la mesa con el gobierno.

Aunque Boric no ha sido el único en mostrar una mayor disposición al diálogo. Según explican desde el Congreso, los representantes del Partido Liberal (PL), Vlado Mirosevic y Alejandro Bernales, ya habrían comenzado a expresar su preferencia a conversar con el gobierno.

A ellos se sumarían los congresistas de Revolución Democrática, Miguel Crispi y Pablo Vidal. De hecho, ha trascendido al interior del Congreso que ambos diputados habrían sido contactados por su par UDI Jaime Bellolio para intercambiar ideas para salir de la crisis que vive el país.

Crispi y Vidal tienen una conexión especial con Javiera Parada, ellos tres representan al sector más “bacheletista” al interior de la tienda fundada por Giorgio Jackson.

Crispi fue asesor del Mineduc durante la segunda administración de Michelle Bachelet y Vidal trabajó en su primer gobierno, en la Subdere. Relación que llevó a que ambos diputados respaldaran la candidatura de la ex agregada cultural de Bachelet para encabezar RD.

Aunque esta postura choca al interior de Revolución Democrática con la que han impulsado la presidenta de la tienda Catalina Pérez, junto a Maite Orsini, quien ha apostado por no sentarse a la mesa con el gobierno. Una postura que se vio reflejada el domingo pasado, durante la sesión especial para aprobar el proyecto que congelaba la tarifa del Metro enviado por el Presidente, en la que provocaron que gran parte del FA se retirara antes de la votación.

Esta situación, comentan desde el interior de la bancada frenteamplista, tendría a Giorgio Jackson en una posición bastante delicada porque no podría ir a La Moneda a dialogar con el gobierno sin que el otro sector se lo enrostrara y viceversa. Lo que explicaría por qué el ex presidente de la Feuc tendría una menor participación en la interna durante el desarrollo de la crisis.

A diferencia de Chile, países como Venezuela y Nicaragua han trabado visitas de la Oficina del Alto Comisionado

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no ha tenido tanta receptividad como la mostrada por Chile, donde el Gobierno los invitó a menos de una semana del decreto de estado de Emergencia, en otros países de Latinoamérica, tales son los ejemplos de Venezuela y Nicaragua, naciones que recientemente también han pasado por períodos prolongados de manifestaciones masivas.

En el caso de Venezuela, a los representantes de la Oficina solo se les permitió el ingreso luego de que Michelle Bachelet fuese nombrada para dirigir la entidad. Antes, al menos 11 relatores solicitaron constatar la situación de los derechos humanos en Venezuela y no se les permitió el ingreso. Es el caso del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado; y la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación.

No fue hasta el 23 de septiembre pasado que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno de Venezuela firmaron un Memorando de Entendimiento que facilita la posibilidad de futuras visitas de relatores especiales de la ONU durante los próximos dos años.

Cuando el cargo de Alto Comisionado lo ocupaba Zeid Ra’ad al Hussein, los dos informes que elaboró sobre Venezuela tuvo que hacerlos a distancia, debido a que el Gobierno de Venezuela no otorgó a la Oficina el acceso al país, “pese a las repetidas solicitudes cursadas, y habida cuenta de la gravedad y la naturaleza de las violaciones”, de acuerdo con la nota de prensa emitida por esa instancia el 22 de junio de 2018, cuando el anterior Alto Comisionado presentó su segundo informe sobre Venezuela.

Antes de los enviados de Bachelet en marzo, la última misión realizada a Venezuela por un Procedimiento especial, fue la del Relator Especial sobre la Tortura en 1996.

Nicaragua constituye otro ejemplo. Después de la ola de manifestaciones que empezó en abril de 2018, más de 300 personas murieron en el contexto de las protestas y su represión, mientras que 2.000 más resultaron heridas. Además, la crisis ha provocado la huida de más de 80.000 personas del país.

El 7 de mayo la OACNUDH solicitó acceso a Nicaragua. “La Oficina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes han documentado graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas. Sin embargo, las autoridades estatales han negado hasta el momento cualquier responsabilidad y, más bien, han culpado a los líderes sociales y de la oposición, a los defensores de los derechos humanos y a los manifestantes de lo que ellos llaman la ‘violencia golpista’ y de la repercusión negativa en la economía del país”, se lee en el informe de la Oficina sobre ese país, presentado a principios de septiembre de este año.

El 19 de diciembre de 2018, el Gobierno nicaragüense suspendió las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI). Asimismo, consideró cumplida la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), justo antes de la presentación del informe público de este último. Decisiones que significaron el fin de las actividades internacionales de monitoreo in situ de los derechos humanos en Nicaragua.

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