En una entrevista ofrecida por el ex ministro de Hacienda Ignacio Briones a finales de agosto, éste detalló que el permiso de un proyecto para una planta desaladora puede tardar casi 12 años. Asimismo, indicó que los permisos para grandes proyectos mineros demoran casi 10 años y para una planta fotovoltaica alrededor de cuatro años. “Es demencial”, afirmó.
El diagnóstico es compartido por el también ex ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín, quien en un seminario organizado por la Sofofa en septiembre dijo: “La permisología nos está matando”. Mientras el actual ministro de esa cartera, Mario Marcel, advirtió este mismo mes en radio Pauta que “un proyecto de inversión que normalmente mira hacia el futuro, no puede estarse tramitando siete, ocho ó 10 años, porque para eso entonces las condiciones que vengan para adelante probablemente van a ser diferentes y los inversionistas, sobre todo los internacionales, también tienen alternativas en otras partes del mundo”.
El tema incluso fue abordado en la tercera reunión ampliada con representantes de oficialismo y oposición a propósito del pacto fiscal en la que participa el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda. Del encuentro trascendió que el Gobierno propone cambios en cuatro ejes que se focalizan en permisos ambientales, sectoriales, concesiones marítimas y Monumentos Nacionales, además de establecer métricas de monitoreo para procurar reducir en al menos un tercio el tiempo de tramitación de los permisos.
La “permisología” no ha dejado de estar en la agenda. A propósito de ello Ananda Consultores elaboró un estudio de opinión pública digital titulado: “La permisología y su eco digital. Análisis del activismo contra proyectos de inversión en Chile”; en el que concluyen por una parte que “el activismo digital, especialmente en temas ambientales, está altamente correlacionado con redes anarquistas e indigenistas” y, por otra, que “a pesar de los ataques y la polarización, el sector privado muestra una pasividad alarmante”.
La “permisología”
El estudio define la “permisología” como “el conjunto de trámites, regulaciones y procesos burocráticos necesarios para obtener permisos en diversos ámbitos, desde el empresarial hasta el medio ambiente”. Un concepto que ha emergido recientemente “para señalar la sobrerregulación y las barreras burocráticas que pueden frenar el desarrollo económico y la agilidad de los procesos en nuestro país”.
Se trata de un tema al que aludió el propio Presidente Gabriel Boric en la cena anual organizada por la Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami), el pasado 31 de agosto.
“Los permisos terminan actuando como un impuesto más en la práctica, como uno no declarado. Enviaremos un proyecto de ley de reforma integral a los permisos sectoriales no ambientales; y en la misma tramitación del Royalty adquirimos el compromiso explícito de tomar medidas para reducir en un tercio, el tiempo de tramitación de permisos para proyectos de inversión minera”, declaró el Mandatario. Y añadió: “No hay contradicción entre elevar los estándares ambientales y agilizar el sistema de permisos”.
El estudio analizó 43.234 casos de posteos realizados en Facebook y, entre otros de sus hallazgos, indica que 70,6% de las emociones en torno a las consecuencias de la “permisología” son de malestar social, generando preocupación y enojo en el territorio digital.
La investigación también concluye que para el 40,1% de los posteos analizados “el Estado y sus mecanismos de ‘permisología’ son vistos como barreras que impiden el progreso y la innovación”. En cambio, el 30,6% “ve la ‘permisología’ como una forma de proteger el medio ambiente y los recursos naturales”.
Igualmente, otras percepciones son que la “permisología” consiste “en un espacio donde se ejerce poder e influencia (empresarial o movimientos sociales), generando percepción que funciona de manera injusta” (21,2%); y el 8,1% “ve la ‘permisología’ como un sistema que necesita modernizarse para adaptarse a los tiempos actuales”.
En esta línea, un 89,9% valora negativamente el rol del gobierno, mientras que un 85,7% cuestiona el funcionamiento del Estado, calificándolo de ineficiente.
Brecha medio ambiente versus economía
De acuerdo con Ananda, se acorta la brecha entre los que creen que la protección del medio ambiente debería ser una prioridad más alta que el crecimiento económico. Esto, porque, según la investigación, para el 2019 casi dos tercios de la opinión pública digital optaba por una postura a favor del medio ambiente. No obstante, hoy es uno de cada dos usuarios los que creen en esta narrativa. “El paradigma de medio ambiente en lugar de fortalecimiento económico pierde terreno en el 2023, en tiempos difíciles”, señala el documento.
“Nuestro estudio revela que la permisología no es solo un tema de papeleo ni tramitología; es una batalla narrativa que se da fuertemente en el territorio digital y que afecta, de uno u otro modo, cómo las autoridades perciben los proyectos de inversión”, afirma Rubén Darío Díaz, director general de Ananda.
El activismo en redes sociales
El estudio señala que “un hallazgo significativo revela que el 65,3% del activismo en oposición a proyectos de inversión proviene de usuarios que no residen en las comunidades directamente afectadas por estas iniciativas. Este dato es especialmente revelador, ya que una de las narrativas predominantes entre los activistas es la de representar la ‘voluntad de la mayoría’ en su resistencia a los proyectos”.
También señalan que la red de activistas ambientales es superior a los 571 mil usuarios de redes sociales y encontraron 471 medios de comunicación digital que promueven esta narrativa.
Ananda subraya que “esta red ambiental está íntimamente correlacionada con redes anarquistas e indigenistas. En general, medidos por la reacción a publicaciones, estimamos que son parte de una misma red de activismo. Es decir, quienes promueven mensajes proambientales también promueven mensajes pro-anarquistas”. Para ello utilizan estrategias como: exponer un discurso «engañoso» o «estigmatizador» sobre los proyectos de inversión; la funa o amenazas a cualquiera que demuestre su apoyo a los proyectos; e ignorar estudios científicos.
En cuanto a la funa, especifican que en un 91,9% de los casos encontraron el uso de términos como “vendidos”, “cuánto les pagaron”, “váyanse”. En detalle, en 77,4% de los casos evidenciaron publicaciones donde directamente acusan a una persona en particular de “venderse” y “traicionar a la comunidad”.
“Estos hallazgos son preocupantes y promueven lo que algunos llaman ‘polarización afectiva’, es decir atacar a quienes piensan diferente. Lo anterior polariza la situación y disuade la libertad de expresión, pues cada vez son menos los miembros de la comunidad que expresan su posición en público, ante el temor de recibir estos ataques”, dice el estudio.
También analizaron la opinión pública digital que tienen los usuarios miembros de la red activista sobre el gobierno del Presidente Gabriel Boric, y éstos “expresan una supuesta traición del presidente Boric y dicen sentirse engañados. Cuestionan la continuidad del modelo de desarrollo y, en particular, la política económica del presidente, mencionando el TPP11 como ejemplo ancla”.
La “pasividad” del sector privado
Frente a esto, dice la investigación, “el sector privado mantiene pasividad frente a los ataques del activismo ambiental y no genera contra narrativas”. Detectaron que en un 84,6% de los casos el sector privado no responde a los ataques y un 88,1% no existen estrategias digitales.
Asimismo, Ananda señala que el 83,9% de los líderes de los principales gremios de Chile no tienen presencia en redes sociales o la mantienen en modo privado.
“Los actores incumbentes, quienes impulsan los proyectos, están perdiendo la batalla. No se trata solo de cumplir con las normas, se trata de ganar corazones y mentes. Y en este momento, están fallando en ambas cosas”, concluye el director general de Ananda Rubén Darío Díaz.
Bueno, falta de convicción, de carácter, de liderazgo, les da vergüenza, por ser pusilánimes o ignorantes, defender sus intereses de libertad, de vivir y de desarrollarse