En octubre de 2021 ya había pasado casi un año desde que una glosa en la Ley de Presupuestos permitía que víctimas de violaciones de derechos humanos en el marco del estallido social accedieran a una acreditación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para luego postular a una pensión de gracia vitalicia y presidencial. Sin embargo, no se había acreditado a nadie, por lo que los parlamentarios se ofuscaron cuando el gobierno de ese entonces llegó con su propuesta de Ley de Presupuestos 2022 y esta cambiaba esa glosa que aún no se ponía en marcha.
La administración de Piñera quería ampliar el espectro de víctimas a todas las personas que se hubieran visto «afectadas» por las manifestaciones, dejando de lado la acreditación del INDH, lo que fue leído por la entonces oposición como una forma de «neutralizar» el compromiso con la reparación de esas personas y equiparar a las víctimas de daño ocular con los comerciantes afectados. Tampoco estaban de acuerdo con que el proceso quedara supeditado sólo a la ley de pensiones de gracia, porque entonces dependería del Ministerio del Interior, sin contraparte.
Uno de los parlamentarios que defendió que se mantuviera la glosa de 2021, fue el exdiputado y ahora subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, cuyo rol se ha visto enredado en los últimos meses a raíz de las irregularidades con las que se entregaron las citadas pensiones de gracia. Él ha sido quien ha dado explicaciones y quien se ha visto enfrentado a la posición del INDH. El instituto ha insistido en que ellos advirtieron que no deberían haber estado a cargo de la calificación y que ellos no son quienes tienen la última palabra, sino el Gobierno.
Monsalve expuso sobre reparación a víctimas con distintos grados de invalidez
«Se ha hecho ver al gobierno del Presidente Sebastián Piñera durante el debate de este proyecto de ley, la necesidad de garantizar herramientas de reparación y de atención a quienes hayan sido víctima de violaciones a los derechos humanos en el territorio nacional, lo que no ha ocurrido, por ejemplo, respecto de quienes deberían ser beneficiados del programa integral de reparación para las víctimas de trauma ocular pues sus recursos no se han ejecutado«, decía el entonces diputado del Partido Socialista acusando una falta de voluntad del Ejecutivo.
En su intervención Monsalve se mostró de acuerdo con la indicación propuesta en 2021 por el diputado Daniel Nuñez (PC, ahora senador), quien aludía a cuestionamientos sobre el Ministerio del Interior y Carabineros y solicitaba cumplir algo «básico»: «El respeto a los derechos humanos de todos los habitantes del país, que se debe exigir a todas las instituciones del Estado».
Además, sostuvo el entonces parlamentario: «Me gustaría emplazar al ministro de Hacienda a que diga si van a hacerse cargo de esta responsabilidad en materia de derechos humanos en el marco esta Ley de Presupuestos. Se ha planteado aumentar los recursos al INDH, pero sobre todo fortalecer el programa de reparación integral para víctimas de trauma ocular. Y la oposición también ha planteado la necesidad de abrir una puerta para la reparación a aquellas víctimas de violación a los Derechos Humanos que han quedado con distintos grados de invalidez”.
En relación a esto último, Monsalve, ya como subsecretario, informó en la comisión investigadora de pensiones de gracia que durante el gobierno de Sebastián Piñera estas se otorgaron en razón de tramos de gravedad del daño sufrido. Estas iban de $70 mil a $280 mil. Entre enero y marzo de 2022, se aprobaron 148 solicitudes, luego de que se destrabara el proceso de acreditación con una resolución de Interior emanada en enero de 2022.
Pero eso cambió. En su primera Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric, anunció que mejoraría esas pensiones.
“El Presidente Sebastián Piñera había establecido montos de pago en cuatro tramos. En junio de 2022, quien habla toma la decisión de pedirle al Departamento de Acción Social (de Interior) que modifique los montos. Esa es una decisión que se toma por dos motivos. Se había producido la cuenta pública del Presidente, quien había dicho públicamente que consideraba que los montos que se estaban pagando eran bajos. En virtud de eso, pido que se me indique el promedio que se estaba pagando (….). A partir de esos promedios se propone una nueva formulación que divide en tres categorías”, dijo Monsalve. Así, se comenzaron a pagar $283.619 por lesiones leves, $425.428 por afectaciones graves y con afectación psicológica; y $567.238 por lesiones gravísimas o muerte.
Entre junio y diciembre de 2022, se aprobaron 270 solicitudes de pensión de gracia.
Elizalde y Montes, entonces senadores, también defendieron la glosa
Pero Monsalve no fue el único parlamentario que hoy es ministro, que salió a defender la mantención de la glosa que permitía que el INDH siguiera acreditando postulantes a pensiones de gracia o, más bien, comenzara a hacerlo.
En la discusión de modificar o no la glosa, los entonces senadores PS Carlos Montes y Álvaro Elizalde también hicieron sendas intervenciones.
«El año pasado se creó para el presupuesto del año 2021 un mecanismo que permitía tener un tipo de pensión reparatoria. Por distintas razones, esto la verdad que no se supo, porque quedó subsumido entre el Tesoro Público. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es la institución que tiene que acreditar el daño, está recién ahora acreditando algunos casos y esperamos que se le dé curso (…) ahora se plantea una glosa de mucho menor alcance y de mucho menos responsabilidad y precisión y lo que se está pidiendo es que se restablezca el pasado (texto) y se cumpla en su objetivo», dijo Montes.
En tanto, Elizalde se enfrascó en un duro intercambio con quien fuera ministro de la Secretaría General de Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, quien había defendido el cambio de glosa diciendo que «el hecho que se señale que una determinada conducta de cualquier especie pueda ser acreditada por el INDH, nos parece que va contra los principios más básicos de nuestro ordenamiento jurídico».
A lo que el actual ministro Segpres, Álvaro Elizalde, replicó: «No puedo dejar pasar la intervención del ministro Ossa porque me parece especialmente grave. Aquí hubo violaciones a los DD.HH. El presidente, cuando se produjeron esas violaciones a los DD.HH., era Sebastián Piñera. El mismo que está actualmente. Lo mínimo que se le puede pedir a un gobierno que supuestamente está comprometido con los DD.HH. es tener una actitud proactiva».
Al final, la acreditación del INDH que hoy está cuestionada, se mantuvo en el texto de 2022.
Esta es la glosa de 2021:
Y así quedó en 2022:
