Un fantasma asecha las alicaídas finanzas de los municipios del país: multimillonarias pérdidas por el no pago de las licencias médicas de los funcionarios.
En 2022 el monto superaría los $200 mil millones. Y si se contabiliza lo adeudado entre 2015 y 2019, la cifra se dispara a $800 mil millones, unos US$1.000 millones. Así lo muestra un estudio realizado por Chileduc con las 345 municipalidades y 53 corporaciones municipales, al que tuvo acceso El Líbero.
El impacto de esa deuda es muy grande en la ciudadanía, ya que afecta los servicios de educación, salud y de trámites administrativos que entregan los municipios. A lo que se suma un fuerte deterioro en su patrimonio.
9 millones de licencias al año
En 2022, hubo 9.283.961 licencias médicas en total en el país, un alza de casi 15% respecto de 2021, según la Superintendencia de Seguridad Social. De esa cifra, el 78,5% correspondió a Fonasa, y el restante 21,5% a isapres.
Los trastornos mentales lideraron las licencias con 29,7%, seguido de Covid-19 (16,8%) y enfermedades musculoesqueléticas (16%).
Respecto de los pacientes, hubo 3,1 millones de personas trabajadoras que hicieron uso de una licencia médica el año pasado.
Municipios apenas recuperan la mitad de todo lo pagado por las licencias
La ley establece la obligación a las alcaldías de pagar la remuneración completa al funcionario cuando hace uso de licencia médica.
Luego, debe gestionar y recuperar desde Fonasa, isapres y las cajas de compensación los respectivos reembolsos, equivalentes a los subsidios que le habrían correspondido a cada trabajador.
La realidad, sin embargo, muestra que no recuperan lo pagado, y las deudas se van acumulando cada año.
Según el estudio, del total de remuneraciones pagadas a personas con licencias médicas, solo se recupera la mitad. Por lo que los municipios terminan absorbiendo la deuda, con el costo que eso tiene en la calidad de los servicios que prestan.
Las razones de la millonaria deuda municipal
De los $800 mil millones de deudas, el 45% corresponde al sector de educación, el 22% a la salud y el 33% de los funcionarios de la administración central, según dicho estudio.
“Una de las principales causas de la deuda ha sido la insuficiencia de registros, procedimientos y controles adecuados para efectuar control y seguimiento. Y ello no solo en los municipios y corporaciones, sino también en el resto de las instituciones pagadoras y reguladoras del sistema”, asegura Leonel Villarroel, director general de Chileduc.
Villarroel plantea que el empleador municipal es el “primer responsable” del cobro de la deuda, quien debiera ejercer todas las acciones posibles.
Luego, identifica a las instituciones administradoras y pagadoras del sistema, “las cuales no asumen ni incorporan en sus procesos las particularidades normativas del sector municipal. Y, en alguna medida, algunas instituciones reguladoras, y el funcionario causante, el cual, al no ver afectados sus ingresos, se desentiende del proceso”.
«La dificultad en cobrar las deudas se debe a que existe una cierta ‘asimetría normativa’ que dificulta mucho la interacción pública/privada. Lo que coloca a los servicios públicos, en este caso municipalidades, en desventaja en procesos de esta naturaleza», sostiene Villarroel.
El millonario fraude en licencias de médicos extranjeros
Las licencias médicas se han convertido en una preocupación nacional, e incluso, causa de delitos.
De hecho, el reporte de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) en 2022 detectó que solo el 1,5% de médicos emitió 1.600 licencias médicas por año, equivalente a 133 mensuales.
En diciembre, la Fiscalía de Alta Complejidad de Crimen Organizado Oriente desbarató una red de 29 médicos extranjeros, en su mayoría colombianos, que vendieron miles de licencias falsas generando un enorme daño fiscal.
La Fiscalía los formalizó por los delitos de emisión de licencias falsas, estafa, lavado de activos, fraude de subvenciones del Estado y asociación ilícita, y consiguió la prisión preventiva para siete de ellos.
Los imputados crearon 10 centros médicos falsos para vender los documentos fraudulentos a funcionarios públicos. Lo que causó una pérdida para el Estado de $700 mil millones, equivalente al 25% del presupuesto anual de Fonasa para pagar las licencias de sus afiliados, ya que les pagó a los funcionarios su sueldo en forma injustificada.
El médico imputado que menos licencias emitió lo hizo con 800 permisos, mientras que otro realizó al menos 16.000. Es decir, sólo éste último defraudó a Fonasa por $5.000 millones.
La responsabilidad penal de los funcionarios que compraron las licencias
Pero no solo los médicos cometen delito, sino también los funcionarios y trabajadores que pagaron por dichas licencias, que es el foco de la querella contra los directivos de Fonasa y la Suseso.
El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Peribonio, ha señalado que “se comete el delito cuando se emite la licencia médica, el médico que está emitiendo fraudulentamente la licencia médica comete un delito, pero también comete delito quien compra una licencia médica”.
Uno de los delitos materia de la formalización de cargos comunicada a los médicos es el previsto en el artículo 470 N° 8 del Código Penal, también conocido como fraude de subvenciones, que sanciona a quien obtenga ayudas o subsidios provenientes de recursos públicos mediante engaños o fraude.