Publicado el 3 junio, 2021

El conflicto entre aseguradoras, el Presidente y el Congreso que escala a la Suprema

Autor:

Maolis Castro

Consorcio y Confuturo iniciarán una nueva acción judicial en la Suprema después que la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso interpuesto en contra del Jefe de Estado, el Senado y la Cámara de Diputados por la reforma transitoria a la Constitución que establece un adelanto de las rentas vitalicias.

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Maolis Castro

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Las aseguradoras se alistan para una nueva acción judicial contra el Presidente Sebastián Piñera, el Senado y la Cámara de Diputados por el retiro de fondos previsionales. Consorcio, su filial CN Life, y Confuturo acudirán a la Suprema después de que la Corte de Apelaciones de Santiago declaró como inadmisible el recurso que interpusieron en contra el Mandatario y el Congreso por la dictación de la Ley N°21.330 que efectúa una reforma constitucional para establecer  un mecanismo excepcional de retiro de fondos previsionales y anticipo de rentas vitalicias para “mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del Covid-19”.

De acuerdo con un comunicado de Consorcio divulgado este miércoles, la reforma transitoria a la Carta Fundamental que establece el anticipo de rentas vitalicias, “viola derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes: el derecho a un trato igualitario y no discriminatorio, el acceso a la justicia, y el derecho de propiedad”. No obstante, el dictamen de la Corte de Apelaciones de Santiago, emitido ayer, “concluye que la acción impetrada no reúne los requisitos que permiten declarar su admisibilidad, toda vez que no resulta ser la vía idónea al efecto, al exceder las materias que deben ser conocidas por el presente recurso atendida su naturaleza cautelar, por lo que no será admitido a tramitación”.

Por otra parte, Renta Nacional ingresó un recurso de reclamación de ilegalidad contra la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en la Corte de Apelaciones por el retiro en rentas vitalicias. Cabe destacar que el 7 de mayo el gerente general y el director de Renta Nacional, Genaro Laymuns y Francisco Javier Errázuriz, respectivamente, interpusieron un recurso de reposición en contra del Oficio Circular N°1208 y de la Norma de Carácter General N°453 publicado por la CMF por el retiro en rentas vitalicias para pedir dejar sin efecto estos “actos administrativos a fin de salvaguardar y corregir los vicios constitucionales y legales que presentarían y que se exponen en esa reposición”.

Esto se muestra en una resolución del 28 de mayo de la CMF que, además, responde que las alegaciones esgrimidas por Renta Vitalicia se “centran en los supuestos vicios de constitucionalidad de la Ley N° 21.330” (tercer retiro del 10%) y que “escapa a la competencia de esta Comisión, pronunciarse respecto a la constitucionalidad de las leyes o de cualquier defecto del que una Ley pudiera adolecer”.

El daño patrimonial de las compañías

Para el economista Hernán Cheyre, director del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad (CIES) de la Universidad del Desarrollo, existen dificultades en la reforma constitucional para el retiro de fondos previsionales: “Con las leyes aprobadas hubo una abierta vulneración al principio de inviolabilidad de los contratos firmados con las compañías de seguro de pensionados, el cual es un contrato entre privados. Eso me parece que es absolutamente inconstitucional”.

Señala que otro “problema” está en el “riesgo” de “expropiar” fondos del patrimonio de las compañías de seguro. “Eso también va en contra de lo establecido en el texto constitucional”.  El economista considera que, en algunos casos, las perdidas de las aseguradoras no serán iguales. “Eso significa que tendrán que verse caso a caso: si una compañía de seguros se vio o no afectada y eso se irá estudiando”, explica.

Cheyre cree que, de este modo, el recurso introducido por Consorcio y Confuturo es “plenamente admisible” y que el Estado debería encargarse del daño patrimonial de las compañías de seguro. “Cuando un trabajador se jubila y opta por una pensión bajo la modalidad de renta vitalicia firma un contrato con una compañía de seguros, mediante la cual le transfiere los fondos acumulados en su cuenta individual y la aseguradora se compromete a pagarle una pensión en forma vitalicia. Al momento de suscribirse el contrato de renta vitalicia, el trabajador pierde la propiedad sobre los fondos y esa compañía de seguros para cumplir con el compromiso invierte eso en distintos instrumentos financieros”, asegura.

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