En la biografía oficial de Francisca Linconao Huircapan disponible en la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional se lee que “ejerce como machi, es decir, sanadora y guía espiritual, en la comunidad Pedro Linconao II, del Sector Rahue, Padre Las Casas, Región de La Araucanía”. Esta misma comunidad anunció en mayo la “toma pacífica de los predios demandados”, en la comuna de Vilcún.

Pero la comunidad Pedro Linconao II no sería la única que ha hecho lo que en la región se conoce como “marcaje” del territorio. Desde que la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, anunció el 11 de mayo que “duplicarán” el presupuesto de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para adquirir tierras este año, agricultores del sector de General López denuncian que serían, al menos, 18 las comunidades indígenas que están incurriendo en esto; afectando un área de alrededor de 4.000 hectáreas.

La comunidad Pedro Linconao II persigue un territorio que ellos han denominado Rahue y hay otras que se superponen y buscan lo que denominan Traipo, pero en lo que coinciden es en que se trata de superficies grandes de tierra en Vilcún.

Y así como desde Pedro Linconao II anunciaron su reivindicación el pasado 24 de mayo, a través de distintas páginas de Facebook, otras han elevado un reclamo similar. Por ejemplo, el Lof Paliwe Kurruleufu declaró que el 14 de mayo de 2022 iniciaron “la recuperación territorial usurpada por privados” y enumeran el Fundo El Natre, Arquenco, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA Carillanca, dependiente del Ministerio de Agricultura. A los que se suma El Alambrado y el Fundo Santa Rosa, cuyas instalaciones fueron quemadas la semana pasada por desconocidos, y es el que reivindican desde la Pedro Linconao II. Además, tales marcajes también afectan a pequeños parceleros del sector.

La señal errónea del gobierno

“Esto es un aumento de marcajes de terreno, por el anuncio del gobierno sobre la compra de tierras, que ha generado que los predios empiecen a ser marcados”, describe el diputado RN por la IX Región, Miguel Mellado. El legislador además acusa que el detonante de toda esta situación es el “mal manejo” que han hecho del tema de las tierras tanto la ministra de Desarrollo Social, como el director nacional de Conadi, Luis Penchuleo.

A lo que se suma un convenio con Bienes Nacionales también para la compra de tierras.

Sobre el área de General López, Mellado agrega: “Este es un territorio que están tratando de tomar. La zona se ha puesto complicada producto de que Conadi abrió la puerta y no sabe cómo cerrarla”.

Coincide la diputada de Republicanos, Gloria Naveillán, quien en el pasado fue representante de los agricultores. “La gravedad de este asunto es que de alguna manera el gobierno está incentivando a que se produzcan amenazas y tomas de tierra que no necesariamente están en lo que se conoce como título de merced. Acá es como La Polar: llegar y llevar. ‘Yo doy el incentivo y ustedes salgan a ver qué encuentran. ¿Cómo? Con amenaza, con lo que sea, ustedes vean’. Esa es la señal que dio el gobierno y un gobierno no puede dar esa señal”.

El reclamo de Pedro Linconao II

Para nadie es un secreto en el sector que la convencional constituyente Francisca Linconao está involucrada en una de las comunidades que ha protagonizado “tomas pacíficas”.

La comunidad Pedro Linconao II, de Padre Las Casas, tiene aplicabilidad, es decir está habilitada para que Conadi la beneficie por el artículo 20 letra B de la Ley Indígena, que es el que permite la compra de tierras en conflicto provenientes de los títulos de merced.

Esta condición la obtuvieron en 2016 y desde entonces han buscado la adquisición de predios de la familia Luchsinger. No obstante, en el sector de General López las tierras no se encuentran afectadas por tales títulos. 

El hecho de que la constituyente y machi Linconao haya participado en la redacción del proyecto de nueva Constitución, que en el borrador establece que “la propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección”, así como que “la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general”; también es cuestionado por los legisladores, ante un eventual conflicto de interés.

“Eso no le interesa a Linconao. Ella estuvo en la convención para levantar consignas. Ellos aprovechan para sí este tema y van a ser los principales instigadores a la toma de terrenos a agricultores. La verdad es que la violencia parte por una violencia verbal en la Convención, donde arrinconaron a la gente”, opina Mellado. 

A esto Naveillán añade: “Seamos claros de una vez por todas. La machi Francisca Linconao pertenece a una comunidad  que lleva mucho tiempo ejerciendo acciones violentas. Recordemos, sin ir más lejos, que ella y otros miembros de la comunidad estuvieron cuestionados por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay. Acá no estamos hablando de gente pacífica que se sienta tomando un mate a dialogar. Cuántos atentados han habido en ese sector”.

El papel de Linconao en la Convención

Justamente el 14 de junio la Convención aprobó, con el voto a favor de Linconao, que dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia de ese texto constitucional -en caso de ganar el Apruebo-, el Presidente convoque a una Comisión Territorial Indígena que determinará catastros, elaborará planes y presentará propuestas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas. 

Frente a esto, y también a propósito del rol de la machi Linconao en la Convención, Naveillán señala que la constituyente no ha ayudado con sus dichos a que baje la tensión, en cambio “se está proponiendo una comisión, de gente que no tenemos ni idea de quiénes van a ser, que determine qué tierras deben recuperarse y cómo se va a hacer el proceso. Estamos hablando de un riesgo no sólo para el sur de Chile. Qué va a pasar mañana cuando alguien diga ‘¿saben que? Este terreno en Renca era de nuestros pueblos ancestrales y lo quiero de vuelta’, o en Recoleta, Vitacura, o en el centro de Santiago”.

A este mismo riesgo se refiere Mellado: “Sacaron una constitución más bien indigenista. Ella misma hizo una declaración donde dice que hasta Santiago pertenecía a los pueblos originarios. Entonces, está medio afiebrada en ese tema y su familia va a ser el guaripola de las tomas de terreno si se aprueba la constitución”.

“Lo que se está viendo, a través de las propuestas de la Convención, con una serie de personas, incluida la machi Linconao, es que en vez de llamar al diálogo proponen políticas que van a llevar a una verdadera guerra civil entre chilenos. Todo esto avalado por un gobierno que de una u otra manera, con sus políticas, están incentivando que este tipo de acciones violentas sigan”, advierte Naveillán.

La presión de la Conadi

Roberto Heise, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (Sofo), afirma que son muchas las zonas afectadas, pero hay una situación particular en la zona de General López “debido a la presión que está haciendo Conadi directamente sobre los agricultores, empujando a las comunidades a tomar acciones, que para nosotros son acciones violentas, aunque sea sólo un marcaje. Cualquier postura de bandera o de letrero es una acción violenta”. 

El dirigente anticipa que luego de los embanderamientos lo que puede ocurrir es la toma de los predios.

Heise señala que el anuncio del incremento de fondos es engañoso y que “con eso jamás van a poder atender los requerimientos que tienen centenas de comunidades porque los catastros son absolutamente desproporcionados, son irrealizables, ni siquiera con el dinero necesario. Entonces, esto para nosotros es un engaño de Conadi a las comunidades, tratando de entusiasmarlas, de agitar el ambiente, y aumentar la sensación de temor en la región”. 

Para los agricultores, la Conadi está ejerciendo una “presión indebida” sobre campos que no están a la venta y que reiteradamente se les ha dicho que no están a la venta. Denuncian que han recibido llamadas de una funcionaria de nombre Cecilia Pérez que les ha solicitado vender. “Hemos escuchado que ella sí ha participado en ese tipo de acciones”, confirma Heise. Una versión que también comparte Mellado. 

Esta presión sería precisamente en favor de la Pedro Liconao II y de la José Santos Coche. A estos últimos Carabineros los desalojó del fundo La Granja, ubicado en el sector de General López, el pasado 24 de mayo.

Otra comunidad que hizo ingreso reciente a uno de los predios de la zona fue la Lof Pilhueñir Comunidad Casique Pedro Tori, que el 6 de junio marcó presencia en el Fundo El Alambrado. 

Por las buenas o por las malas

Un agricultor, que prefiere el anonimato por temor a represalias, cuestiona que Conadi los hace aparecer como la razón del problema, cuando “la verdadera razón es que Conadi no tiene para comprar. Si ellos quieren comprar que vayan a quién quiere vender y entreguen en otro lugar. Aquí no hay problema de merced”.

Pero insiste en que son víctimas de una presión indebida. “Quieren que vendamos y eso implica por la buena o por la mala. Y por la mala podemos salir muertos, nomás. Hay mucha gente vinculada a la droga, no es un tema simple”, señala.

Heise lamenta que, en general, el actuar de Conadi “ha sido poco transparente”. “Creo que no hay nadie en el país que crea que el actuar de Conadi es correcto o por lo menos que tiene alguna metodología que pudiese demostrar. No se ha podido hacer el catastro de tierras. Ni siquiera transparentan la cantidad de carpetas que tienen, o el lugar que tienen las comunidades cuando están postulando a tierra”, sostiene.

Agrega que “hay comunidades que están esperando hace 20 años y hay otras que en cuanto aparecen les compran. Eso es extraño. Uno ve la comunidad uno, la comunidad dos, la comunidad tres, que se desprenden de la misma comunidad original y a todas les tocan tierras; cuando hay otras a las que no les han tocado nunca hace más de 20 años”. 

Por su parte, Naveillán cuestiona el pasado del director de Conadi, Luis Penchuleo, quien “ha tenido llamados a la violencia en sus redes sociales”. 

El Líbero contactó a Penchuleo a través de su correo electrónico y por el contacto de prensa del Ministerio de Desarrollo Social, pero al cierre de esta edición no había respuesta. 

La salida dominical de los Tralcal

Otro factor que incide en el aumento de los hechos de violencia en la zona de General López, de acuerdo con las víctimas, es que desde el mes de marzo Gendarmería confirmó el beneficio de salida dominical y trimestral para los primos José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel (pertenecientes a la comunidad Juan Catrilaf II), condenados por el asesinato de los Luchsinger Mackay, a 18 años de cárcel, y pese a haber estado prófugos de 2018 hasta el 26 de febrero de 2019.

La acusación apunta en que de 2019 hasta 2022 mejoró la situación en esa zona de Vilcún, pero desde que comenzaron las salidas dominicales empezaron, de nuevo, las quemas de maquinarias, casas, y galpones. 

“Hubo mucho tiempo en que en general estuvo bastante tranquilo el sector y hay una coincidencia desde que empezó a ocurrir eso (las salidas dominicales), empezó el movimiento”, dice Heise.

Sobre la ocurrencia de atentados o “perturbaciones” en los predios que impida la toma de razón de Contraloría para que Conadi compre los campos, Mellado señala que “lo que pasa es el hostigamiento. Hay muchas comunidades que son violentas, que les da lo mismo que la Conadi les compre o no, ellos lo que quieren es que la gente se vaya”.

Conflictos intra-comunidades

El comunicado del Lof Paliwe Kurruleufu, en el que enumeran los predios que les interesan, además dice: “Estamos dispuestos a tomar las armas necesarias para cumplir nuestro cometido con fuerza y dignidad, que no vamos a tolerar más abusos a nuestra gente”. El mensaje también es un incentivo para que “más comunidades se levanten”. 

Sin embargo, días después emitieron un nuevo texto, en el que reclaman a la Comunidad Juan Agustín Porma por haber hecho una “toma pacífica y simbólica” del INIA Carillanca. 

“Entendemos que las comunidades aledañas tienen demandadas estas tierras, pero sin embargo jamás han tenido la determinación de recuperarlas, esperando que Conadi haga todo el trabajo y gestión, así ya sumando más de 20 años de espera de una presunta compra”, escriben. Además, los acusan de que “con sus tomas pacíficas jamás llevaron la bandera de lucha y resistencia armada que hoy nosotros llevamos adelante”.

Es por ello que los legisladores advierten que el discurso gubernamental representa otro riesgo.

Para Mellado, “las comunidades mapuche son pacíficas per se. Lo que pasa es que no les han cumplido. Llevan esperando mucho tiempo en la fila, pero al que grita más lo tratan de acallar comprando tierras (…). Eso va a crear violencia fuerte entre las propias comunidades producto que va a llegar una comunidad primero a tomarse un predio y luego va a llegar otra que también lo va a querer, se van a pelear entre ellos y las peleas no van a ser a mano limpia”.

Desde General López explican que ahora se están moviendo las comunidades del sector tratando de llegar antes que los más violentos, “que se desplazan, que funcionan con operadores políticos, con mucha corrupción, con acarreos”. 

También subrayan que estás comunidades pacíficas temen a la violencia de las otras. 

El INIA y las consecuencias en la siembra

Todo esto está ocurriendo en un sector de La Araucanía que es altamente productivo. Heise advierte que ya han puesto la alerta de que la decisión de sembrar de los agricultores ha disminuido en un 20%

“Estos movimientos y esta sensación de inseguridad en las zonas rurales van en contra de lo que se necesita para poder sembrar. Así, hemos visto una contracción importante en los predios principalmente que son arrendados y donde los agricultores tienen problemas con comunidades por acciones delictuales y derechamente extorsiones”, asevera el presidente de la Sofo. “Cada hectárea que no se siembra son cinco toneladas de pan que no se producen”, agrega. 

Heise explica que el mundo está experimentando un proceso de “nacionalismo alimentario”; con lo cual los grandes exportadores del mundo están estableciendo restricciones. “Nosotros podríamos solucionar en gran parte eso, no en tema de precios, pero sí por lo menos tener la disponibilidad del alimento si pudiésemos sembrar tranquilos, si pudiésemos desarrollar nuestra actividad, pero eso no es posible aquí”.

Lo cual se suma a la amenaza que pesa sobre el INIA Carillanca, que describe como un aporte a la agricultura de la región, «sobre todo a la agricultura familiar campesina».

Dice Heise: «Esperamos que eso se aprecie y que se termine ese hostigamiento, porque el aporte que hacen es, sin duda, muy superior a cualquier desmedro que pudiese tener alguna comunidad. La labor de los investigadores en el laboratorio y todo lo que se desarrolla en cuanto a variedades y líneas de producción es de un valor muy superior a lo que podría hacer ese campo dividido en parcelas de dos hectáreas. Esperamos que eso no prospere, aunque sin duda Conadi está ahí también presionando o participando”.

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