Publicado el 29 marzo, 2021

La advertencia de Jorge Luchsinger: en seis meses los asesinos de sus padres quedarían en libertad

Autor:

Emily Avendaño

Por un resquicio judicial los primos José Tralcal y Luis Tralcal, condenados a 18 años por el Caso Luchsinger-Mackay, podrían completar la mitad de su condena, lo que les permite optar al beneficio de la libertad condicional. Los Tralcal comenzaron a cumplir su pena en marzo de 2019, tras haber estado prófugos, pero Jorge Luchsinger denuncia que han logrado abonar más de dos mil días a su sentencia por delitos que nada tienen que ver con la muerte de sus padres. “Para el sistema legal ellos llevan más de ocho años cumpliendo su condena, por lo que están a seis meses de salir”, alerta.

Autor:

Emily Avendaño

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Luego de un periplo judicial que suma ya tres juicios -uno de ellos anulado-, la intervención de la Corte Suprema y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; por azar la familia Luchsinger Mackay se enteró de que dos de los señalados como responsables por el asesinato de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay podrían estar a punto de calificar para recibir el beneficio de la libertad condicional, pese a que en la práctica solo han cumplido poco más de dos años efectivos de prisión por este crimen.  

Se trata de los primos José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel condenados a presidio perpetuo el 11 de junio de 2018 por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco por el delito de incendio con resultado de muerte en carácter de terrorista de la pareja de ancianos, suceso ocurrido en enero de 2013 en Vilcún. El caso llegó a la Corte Suprema que, en octubre de ese mismo año, recalificó el delito, eliminó su carácter terrorista y bajó la pena a 18 años, mismo tiempo al que fue condenado en el primer juicio por estos hechos Celestino Córdova. El otro imputado, José Peralino, recibió cinco años, con el beneficio de libertad vigilada, ya que actuó como testigo.

Primero los Tralcal consiguieron en 2020 que la Corte de Apelaciones de Temuco les abonara el tiempo que estuvieron en prisión preventiva por el llamado Caso Tur Bus -un atentado que en 2009 afectó a un bus con 40 pasajeros y a tres camiones-. Así Luis Tralcal Quidel restó 1.389 días a su condena por el Caso Luchsinger-Mackay y José Tralcal Coche se ahorró 1.297 días. El abono equivale a alrededor de tres años y medio para cada uno. No obstante, hace pocas semanas las víctimas se enteraron de que los primos han logrado sumar más días abonados y ya acumulan entre 2.000 y 2.400. “Para sorpresa nuestra, eso significa que en la práctica, y para el sistema legal, ellos llevan más de ocho años cumpliendo su condena. Es decir, que están a seis meses de salir, porque con eso ya están llegando a los nueve años”, dice a El Líbero el hijo del matrimonio Jorge Luchsinger Mackay. 

En Chile, todo reo tiene derecho a acceder al beneficio a la libertad condicional cumpliendo la mitad de la pena, y si han cumplido ciertas condiciones de conducta durante el período de reclusión.

José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel fueron detenidos en Santiago el 26 de febrero de 2019 tras haber estado prófugos desde junio y octubre de 2018. Fueron trasladados a Temuco bajo estrictas medidas de seguridad el 1 de marzo de ese año. 

“A pocos años de estar cumpliendo la condena, ellos apelaron para que se les abonara el presidio preventivo que habían tenido en otras causas. En los alegatos fueron al tribunal oral que se declaró incompetente y lo derivó al tribunal de garantía, luego llegamos a la Corte de Apelaciones y perdimos en todas esas instancias. La Corte determinó que correspondía abonar períodos de prisión preventiva a estos condenados por un resquicio que hay en la ley, pero según lo que me explicó el abogado estos deberían ser en hechos relacionados o coetáneos. En este caso no eran coetáneos. Los hechos por los cuales habían estado en prisión preventiva fueron varios años antes. En específico fue el caso Tur Bus”, relata Luchsinger sobre el proceso. 

“Nosotros ya no teníamos otra instancia legal, salvo ir al Tribunal Constitucional. Es muy complicado seguir todos estos juicios y llegar a una instancia como el TC. Tuvimos que aceptar este abono. Al día de hoy han pasado dos años detenidos y si se le abonan tres llegan a cinco. Para sorpresa nuestra nos enteramos a finales del año pasado que ambos estaban en el Centro de Estudio y Trabajo de Victoria. Entonces, a través de los abogados empezamos a averiguar por qué tenían ese beneficio y nos enteramos que tenían abonados días por otros hechos”, agrega.

El ingeniero hace la salvedad de que cuando se les abonó los primeros mil días se discutió si esos iban a ser los únicos, o si iban a seguir sacando más causas a su favor, y les dijeron que no sería así. “Lamentablemente, el hecho de que hayan estado en prisión preventiva por otras causas y que no se haya logrado acreditar o condenarlos, funcionó a favor de ellos y eso significa que les siguieron abonando días de cumplimiento de condena”.

La justicia chilena ha establecido en su beneficio que con dos años de cumplimiento efectivo es suficiente por el asesinato de mis padres”.

-¿Van a recurrir al Tribunal Constitucional? 

-Lo analizamos cuando se abonaron los primeros mil días y no quisimos, pero para sorpresa nuestra después descubrimos que habían sido abonados otros miles de días, así que de nuevo estamos en el período de análisis porque fue hace varias semanas atrás que nos enteramos por otras circunstancias de que estas personas habían tenido el beneficio de abono de más días; en circunstancias en que uno no tuvo conocimiento. Entonces estamos analizando si es posible hacerlo.

“Los tribunales no han logrado que se haga justicia como corresponde”

Luchsinger agrega como agravante de esta situación que cuando ha tratado de conocer el detalle de las causas por las cuales han logrado más días de abono no ha sido posible ya que “es beneficio del imputado el que no se publiquen los antecedentes por los cuales estuvieron acusados”. Pero reitera que son casos que no tienen nada que ver con el de la muerte de sus padres ya que el tiempo en prisión preventiva por el mismo ya fue abonado.

A esto se suma el hecho de que los Tralcal pertenecen a una de las organizaciones más radicales en La Araucanía, la Weichan Auka Mapu. Agrupación que en varios de los atentados recientes ha dejado lienzos con sus nombres exigiendo su libertad, y se sospecha que son estos hombres los que se exhiben con armas de guerra cuando ocurren cortes de ruta.

“Puedo hablar de lo que he logrado tener a la vista durante todos estos años en el período del juicio. Lo que yo vi es que uno de ellos al menos, Luis Tralcal Quidel, estuvo en Colombia y habría tenido preparación militar durante varios meses. Esto estaba en conocimiento de varios gobiernos, de la Fiscalía. Me imagino que eso se habrá usado como prueba en otros casos en los que él estuvo imputado y que los antecedentes no habrían sido suficientes, junto con las otras pruebas recabadas en cada juicio, para condenarlo. Me refiero a que se logró ver que Luis Tralcal tenía preparación de guerrilla, en el extranjero, asociado a las FARC, y los tribunales lo dejaron libre. Esto no solamente sirvió para que esta persona organizara y participara en el atentado y la muerte de mis padres, sino que además le sirvió para que se le abonara a la pena y se acortara la pena efectiva. Los tribunales no han logrado que se haga justicia como corresponde”.

-Uno de los temas que es visto como un factor para que la situación en la Macrozona Sur no mejore es la impunidad. ¿Cómo evalúa usted el rol de la Fiscalía y los juzgados?

-No conozco la realidad judicial de todos los casos, sino solamente la que vi a lo largo de los años en el caso nuestro, en que participé activamente estando presente y viendo la actitud de los jueces, las acciones de la Fiscalía, el trabajo de la Intendencia como querellante y las limitaciones que nos imponían a nosotros como querellantes. En todo este sistema procesal penal que nos rige desde hace varios años hay distorsiones muy grandes. Hay muchas cosas que se hablan como generalidades, pero que nosotros vivimos en particular. El tribunal de garantía es un colador para los querellantes y la Fiscalía porque permanentemente, y a lo largo del juicio, nos coartó muchas gestiones ante los tribunales, en cambio a los imputados se les aceptaba todo. Se nos denegaba la presentación de algunas pruebas y con el mismo criterio se aceptaban pruebas de los imputados. Eso hace que al llegar al tribunal oral estemos ya muy perjudicados por anulaciones de prueba y distorsiones de los tribunales de primera instancia. Por otra parte, con los recursos que tienen las policías, muchas de sus pruebas son desechadas con argumentos a veces muy perniciosos para el juicio. Por ejemplo, nosotros tratamos de incorporar al final una nueva prueba: un arma que había sido usada en un atentado en la Región del Biobío y que por pericias balísticas tenía relación con el caso nuestro. Eso fue rechazado y uno se pregunta por qué. Allí salen los protocolos de Estambul y otros que deberían hacer que esto funcionara para tranquilidad de nosotros, las víctimas, o de los representantes de las víctimas, pero por una negación del tribunal oral o de garantía se determina que no es procedente en beneficio de los imputados.

La influencia de Celestino Córdova

Sobre Celestino Córdova, quien también fue condenado a 18 años, Luchsinger informa que el 3 o 4 de enero de 2022 llega a los nueve años de cumplimiento de condena. Tras protagonizar una huelga de hambre a mediados del año pasado logró que se le trasladara al Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Vilcún. “Por lo que alcancé a leer por su origen no se le puede exigir que estudie o trabaje, así que en la práctica está pasando unas vacaciones, con la limitación de que no puede salir”, lamenta.

-¿Cuál cree que ha sido la influencia en esto de las huelgas de hambre que hubo a mediados del año pasado?

-Él no era el único en huelga de hambre, pero era el más visible. Hubo un par de sesiones en que se analizó el tema en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y se intentó presionar al gobierno, de hecho hubo unas votaciones de público conocimiento, en las que se pidió a la Presidencia que reconsiderara, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, los derechos que tenía esta y otras personas que estaban en prisión.

Se logró ver que Luis Tralcal tenía preparación de guerrilla, en el extranjero, asociado a las FARC, y los tribunales lo dejaron libre. Esto no solamente sirvió para que esta persona organizara y participara en el atentado y la muerte de mis padres, sino que además le sirvió para que se le abonara a la pena y se acortara la pena efectiva”.

-¿Y estas presiones pudieron haber jugado a favor en que los tres hayan ingresado a un CET, además de los abonos en las condenas?

-Indudablemente, porque en el caso de Celestino Córdova he visto desde el primer día que se mencionaba el Convenio 169 como uno de los elementos a tener en consideración para todas las etapas del juicio y posteriores al juicio también. Creo que han sido privilegiados con una manipulación del Convenio 169 tanto por su defensa como en la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados y por la CIDH que también tiene su sesgo. En mi caso tratamos junto a otras víctimas de tener algún tipo de contacto con la CIDH, pero no se nos permitió y sí lo tuvieron los que en ese momento estaban imputados. Sí hay una presión muy grande que ha logrado que esta persona tenga estos beneficios. En el caso de los otros dos creo que ha sido más por gestión de los abogados, no sé si pagados por el Estado o particulares, que han hecho uso de los resquicios legales que les permiten ante los tribunales tales abonos.

-¿Entonces todos estarían cumpliendo los nueve años de condena ya para 2022?

-En concreto, Celestino Córdova habría estado privado de libertad durante nueve años y los Tralcal Coche y Tralcal Quidel estarían con 2 años y un poco más saliendo en libertad. La justicia chilena ha establecido en su beneficio que con dos años de cumplimiento efectivo es suficiente por el asesinato de mis padres, de los dos, en las circunstancias que ya sabemos. 

-¿La justicia internacional es una opción para ustedes?

-La verdad es que la experiencia que yo tuve con la justicia internacional, en este caso la CIDH, fue muy mala. Veo muy difícil que nosotros tengamos algún grado de éxito. El sesgo que tiene es tan grande que no tenemos casi ninguna posibilidad de ir a ganar. 

Lamentablemente, el hecho de que hayan estado en prisión preventiva por otras causas y que no se haya logrado acreditar o condenarlos, funcionó a favor de ellos y eso significa que les siguieron abonando días de cumplimiento de condena”.

-¿Está de acuerdo con la propuesta de algunos diputados que dicen que habría que trasladar estos juicios a Santiago?

-Por lo vivido no estoy de acuerdo. Si nuestro caso hubiese sido llevado a Santiago nosotros no podríamos haberlo seguido. Mi hermano y yo participamos en gran parte de las audiencias. Habría sido imposible estar allí para ver cómo funciona y el avance que tienen los juicios de este tipo y creo que es importante que pregunten a las víctimas si es que esto tiene un beneficio para sus casos o no. No hay un beneficio, salvo el sesgo que pueden tener algunos jueces, pero el sistema judicial debería hacer las acciones para que este tipo de jueces haga su trabajo como corresponde y si tienen algún sesgo que tenga la sanción de acuerdo a la ley. Por ejemplo, al Presidente del Tribunal Oral -en alusión al ‘juez de la chaqueta roja’ José Ignacio Rau-, a pesar de habérsele anulado su juicio entiendo que ya participa hasta en la Corte de Apelaciones, entonces no tienen ningún castigo por ejercer mal su trabajo y eso es lo más grave. 

-Debido a esta sensación de abandono del sistema, el riesgo de enfrentamientos entre civiles es cada vez mayor y ya se habla de autotutela.

-Inevitablemente vamos a eso. Por el contacto que he tenido, esto es muy similar a lo que está pasando en Colombia. El camino fue el mismo. Yo creo en el derecho que tiene uno a defenderse cuando está siendo atacado. Estas personas no tienen ningún inconveniente en matar y asesinar por lograr su objetivo que es apoderarse de tierras o lograr que personas mapuche participen con ellos estas acciones. Más que autotutela es protección. Lo lamentable es que los más poderosos pueden protegerse, pero los más débiles, dentro de los cuales están las comunidades, y varios que han resultado muertos por no participar, no pueden ejercer una autotutela. Ellos son las primeras víctimas, que son silenciadas, porque además esas familias están en contacto permanente con este tipo de personas que participan en ataques. Esto va ir creciendo. Hay muchas personas que no pueden defenderse, muchos mapuche han resultado asesinados y no se sabe en qué van esos juicios, porque tampoco tienen el poder económico para asistir, tener abogados y lograr que sus juicios avancen.

  1. Enrique Alfonso Sabugo Canseco dice:

    Buena alerta Jorge; Sería bueno que esto se difundiera mucho más, para que los tribunales competentes no se atrevan a seguir otorgando impunidad, a estos elementos.

  2. Eugenio Lagos Baquedano dice:

    Una vergüenza la actuación de la justicia en Chile, son grandes responsables – aunque no los únicos – no de la “sensación” sino que de la absoluta y total impunidad que existe en Chile. El sistema está hecho para proteger a los delincuentes!!

  3. Jaime Jankelevich dice:

    Lo que relata Jorge Luchsinger es realmente escandaloso.
    La justicia protegiendo a los terroristas y negándole a las víctimas la presentación de pruebas.
    La pregunta es por qué pasa esto. Por qué los victimarios tienen privilegios en lugar de tener penas más duras. Por qué a las víctimas no se les brinda al menos la tranquilidad de saber que se hizo justicia, y al contrario se les causa mayor daño aún al comprobar que quienes les causaron un dolor inimaginable como es el caso de la familia Luchsinger, son beneficiados con todo tipo de medidas paliativas de sus condenas.
    Es indignante, incomprensible y digno de que se abra debate público sobre esta situación porque no resiste ningún análisis serio y debería hacerse una reforma a la justicia garantista, que no sólo en este caso sino en innumerables otros, termina beneficiando a delincuentes y terroristas.

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