Mientras se realizan los “funerales” de la quebrada Universidad Arcis, la polémica se ha centrado en qué grado de responsabilidad tuvo el Partido Comunista en la bancarrota, ya que al menos una decena de sus dirigentes políticos la administraron durante una década, al igual que hicieron con la inmobiliaria Libertad S.A. -dueña de las sedes-, y las entidades relacionadas ICAL y Ediciones ICAL, ambas propiedad del PC.
El diputado Giorgio Jackson emplazó el viernes directamente al partido que dirige Guillermo Teillier a realizar una “autocrítica, porque ICAL (Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz) estuvo muy involucrado en lo que es la administración. No nos vamos a sacar la suerte entre gitanos. ICAL es una fundación totalmente asociada al Partido Comunista”.
Teillier repitió su libreto de que “como partido” no tienen “ninguna” responsabilidad, y acusó al ex presidente de la FECh de aprovecharse “de manera oportunista de todo lo que ha dicho la derecha”.
Juan Andrés Lagos recibía sueldo de Arcis mientras asesoraba al Mineduc que investigaba a la universidad
Sin embargo, pese a que los dirigentes comunistas salieron oficialmente de la casa de estudio en diciembre de 2013 para integrar la colación de gobierno de la Nueva Mayoría, algunos siguieron vinculados a la universidad y al gobierno, recibiendo doble sueldo.
El secretario general del PC, Juan Andrés Lagos, quien presidió el directorio de la corporación Arcis entre 2004 y diciembre de 2013, asumió el 11 de marzo de 2014 como asesor político del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, con un sueldo de $1,8 millones, pero continuó recibiendo pagos de la casa de estudios después de esa fecha.
En abril de 2014 Lagos recibió un pago de $515.691 líquidos de la U. Arcis, y según el registro de la Superintendencia de Pensiones se le debía el pago de su cotización previsional entre enero y abril de ese año. Además, estuvo pagando las cuotas del sindicato al menos hasta mayo, según aseguraron ex directivos sindicales de la casa de estudios.
El vicerrector de gestión y finanzas de la Arcis, Víctor Garrido, también comunista como Lagos, aseguró en abril de 2014 a El Mostrador que el egresado de ingeniería civil tenía “contrato vigente con Arcis como profesor. Tendría que consultar qué cátedra pero está haciendo clases”. Otras fuentes, en cambio, aseguraron que tenía sueldo permanente si bien no tenía asignada una cátedra definida.
Incluso, un documento emitido el 23 de mayo de 2014 por el jefe de la división de educación superior del Mineduc, Francisco Martínez, sindicaba a Juan Andrés Lagos como una de las autoridades superiores “válidamente informadas” de la universidad.
Lo más complejo es que Lagos fue enviado precisamente en esos meses en “comisión de servicio” desde Interior a la cartera de Educación, que entonces dirigía Nicolás Eyzaguirre, para reforzar los flancos “débiles del Mineduc, ya que el entorno y el círculo de hierro del ministro no han sido bien evaluados en La Moneda, sobre todo en el éxito de las negociaciones políticas”, según informó El Mostrador en junio de 2014.
Su polémico paso por la Arcis y su rol de asesor del ministro Peñailillo lo obligaron a renunciar al gobierno en noviembre de 2014, luego de insultar al diputado José Antonio Kast, quien lo emplazó por su doble rol.
El Consejo Nacional cuestionó investigación del Mineduc
La investigación realizada por el Mineduc precisamente durante el período en que estuvo Juan Andrés Lagos fue duramente cuestionada por el Consejo Nacional de Acreditación, por no haber profundizado en la “veracidad y disponibilidad” de los recursos con que dijo contar la U. Arcis, “así como tampoco sobre su magnitud y si representaban un alivio efectivo para parte de las deudas de la universidad”.
El consejo le indicó al Mineduc que hubiere sido conveniente ampliar la cantidad y representación de los testimonios prestados en la investigación, incluyendo a todos los estamentos de la universidad, “a fin de describir de forma más completa la situación de la institución”; y realizar una mayor cantidad de visitas inspectivas en períodos de clases que permitieran recopilar mayor información del funcionamiento cotidiano de la institución.
La investigación estuvo envuelta en polémica, además, porque entre los asesores del ministro Eyzaguirre que recibieron tres veces al sindicato de trabajadores de la Arcis, estaba Claudio González Rothen, quien fue dirigente comunista de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción junto a Karol Cariola, es un activo militante comunista, y fue traspasado desde el Gabinete del ministro a la división de Educación Superior para colaborar en la investigación.
Adicionalmente, la fiscal a cargo de la investigación inicial de la Arcis, la funcionaria de carrera Yolanda Peña Cataldo, fue sacada del caso y cambiada por Manuel Alejandro Guzmán Valdivia, un nuevo empleado público que falló la causa en 20 días.
La subsecretaria Julia Urquieta, profesora de la Arcis hasta el año pasado
La otra funcionaria de gobierno que siguió laborando en la Arcis fue Julia Urquieta, emblemática abogada comunista y actual subsecretaria de Previsión Social.
Urquie
ta hizo clases en la Escuela de Derecho hasta el año pasado, según reconocieron a este medio el viernes en la casa de estudios. Incluso, en la página web de la institución aún aparece como docente especializada en derechos humanos.
La profesional llegó al gobierno en abril de 2014 como asesora de la ministra de la Segpres, Ximena Rincón, con un sueldo de $3,5 millones. Anteriormente, entre 2010 y ese año, había trabajado como asesora legislativa de la bancada comunista de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, su vinculación a la universidad no le impidió asistir, como asesora de la Segpres, a todas las sesiones de la comisión investigadora sobre la Universidad Arcis que realizó durante 2014 la Cámara de Diputados.
Incluso, hay quienes señalan que ella apoyó la redacción de las conclusiones de la comisión que realizó la diputada comunista Karol Cariola. Ello, porque dicha comisión tuvo dos conclusiones ante el desacuerdo de los integrantes.
La polémica central donde discreparon ambos informes fue respecto de si la U. Arcis lucró o no; y si el Partido Comunista estuvo vinculado a la universidad como institución, más allá de la activa participación de cerca de una decena de dirigentes de ese partido político en la propiedad y administración de la casa de estudios. El informe de Cariola dejó sin responsabilidad al PC, pero el que redactó el entonces diputado de la UDI José Antonio Kast, sí les imputó responsabilidades.