Que la Contraloría General de la República emita pronunciamiento respecto del uso que actualmente se le da al inmueble fiscal conocido como Espacio Laura Allende, ubicado en Agustinas 2384, y que fue entregado en concesión gratuita por la entonces Presidenta Michelle Bachelet a la Fundación Miguel Enríquez, por su «eventual utilización para fines distintos a los autorizados, pudiendo instruir al Ministerio de Bienes Nacionales el ejercer sus facultades de fiscalización y revocación, de corresponder».
Esa fue la solicitud que los diputados de la bancada de Renovación Nacional presentaron esta semana ante el ente que dirige Dorothy Pérez. Esto, luego de que El Líbero informara que la Coordinadora por la derogación de la Ley Naín-Retamal estaba convocando a través de sus redes sociales a un «encuentro de formación y organización» el sábado 21 de marzo, en el que llaman a enfrentar «la profundización de las leyes represivas», y que se realizaría precisamente en el referido inmueble, que es propiedad del Estado.
«Aún cuando el objeto de la concesión contempla el desarrollo de un espacio de encuentro y colaboración entre organizaciones sociales, la naturaleza de la actividad convocada (orientada a coordinar acciones de oposición a una normativa legal vigente) podría desbordar el carácter general y plural que justifica la entrega gratuita del bien, especialmente si el inmueble está siendo utilizado como plataforma para la organización de acciones de carácter político contingente, promovidas por entidades distintas del concesionario», indican en la denuncia.
Al respecto, el jefe de bancada RN, Diego Schalper, advirtió que “los bienes de todos los chilenos no pueden ser utilizados para promover campañas contra leyes vigentes. Por eso hemos acudido a la Contraloría, para que se establezcan responsabilidades y se resguarde el correcto uso de estos espacios”.
Horas después de que este medio publicó la nota titulada Coordinadora que busca derogar Ley Naín Retamal convoca a encuentro contra «leyes represivas» en casa que pertenece al Estado, dicha organización informó a través de sus redes que el lugar del encuentro había sido cambiado. Para saber a cuál recinto había que acudir, era necesario escribirles por interno y confirmar la participación.
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