La consulta indígena debutó con tropiezos. Actualmente se encuentra en su primera etapa, de planificación, y las primeras reuniones en las 71 localidades de la Macrozona Sur concluyeron el 30 de agosto. Ahora vienen los encuentros número 2 y 3 de esta fase, en la que todavía no se abordan los temas de fondo planteados por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento en relación con la Ley Indígena. Por el momento, el trabajo se centra en aspectos logísticos: cómo se desarrollará la consulta, dónde se realizarán las reuniones, en qué horarios y con qué insumos.
Así, aún no se ha entregado el detalle de lo que se consultará –cambios específicos en materia de tierras para el pueblo mapuche en esas cuatro regiones–. Sin embargo, pese a lo incipiente del proceso, ya se han levantado críticas: desde el propio oficialismo algunos han pedido suspender la consulta, otros proponen una “pausa activa” para corregir la metodología, y sectores de comunidades, considerados más radicales, acusan derechamente que el proceso atenta contra su derecho a la tierra y que se ha iniciado desde la “mala fe”.
A la desconfianza de ciertas comunidades se sumaron las críticas de figuras del oficialismo como el senador Jaime Quintana, la diputada Ericka Ñanco y la candidata al Senado, en cupo del Partido Comunista, Elisa Loncon; que exigen detener la consulta.
Fabián Salas, encargado nacional de la Unidad de Seguimiento de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, dice a El Líbero que consideran los llamados a detener o cancelar la consulta “como manifestaciones de necesidades que están requiriendo las propias comunidades y dirigentes para poder mejorar y que sea más interculturalmente pensada la metodología de la consulta indígena. Dicho eso, una vez que hemos terminado las primeras reuniones de la etapa de planificación, lo que vamos a hacer ahora es justamente adaptar la metodología a los requerimientos que nos han señalado, entre ellos poder contar con más tiempo, socializar la información en territorio, inclusive poder adoptar formas autónomas de reuniones y de convocarse. Todo ello lo estaremos realizando, viendo cuáles son las condiciones para poder continuar de manera formal las reuniones número 2 y 3 de la etapa de planificación, de conformidad a las condiciones y fechas que establezcamos en conjunto con las comunidades y los territorios del pueblo mapuche”.
Salas agrega que hasta ahora han participado alrededor de 3.500 personas que “a nosotros nos parece positivo para ser las primeras reuniones, pero además considerando que cada comunidad, cada organización representativa mapuche, debe ver bajo su autonomía cómo se verán representadas en la consulta”.
Desorganización y problemas metodológicos
El dirigente mapuche Hugo Alcamán, quien es parte del Consejo Asesor de la Consulta Indígena por un Nuevo Sistema de Tierras instalado por iniciativa de la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, ha insistido en que el Gobierno debería adoptar una «pausa activa» en la consulta, es decir, “tomar un tiempo para mejorar los aspectos mejorables y continuar después de los ajustes metodológicos correspondientes, atendiendo que, en la futura fase de la deliberación, acuerdos y consensos los ciudadanos mapuche podrán aprobar, rechazar o presentar una propuesta diferente a la que propuso la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento”.
Consultado por El Líbero sobre los asuntos concretos que son necesarios mejorar, plantea que lo primero que debería hacerse es que no haya tantas vocerías que “dicen cosas diferentes o marcan tonos diferentes que confunden”. Por ejemplo, Fabián Salas antes del inicio de la consulta explicó a El Líbero que la consulta “no se propone una reforma a la Ley Indígena, ni una derogación”; pero el director nacional de Conadi, Álvaro Morales, dijo a Radio Biobío que sí se harían modificaciones en el artículo 20 b), por medio de una ley especial delimitada entre el Biobío y Los Lagos. Después Marcelo García, encargado del Plan Buen Vivir y secretario ejecutivo de la Consulta Indígena, tomó distancia de la declaración del director de Conadi y dijo que lo que se busca es un “complemento” y no una modificación a la ley.
“Hemos recomendado que sea una sola voz y que hay que mejorar las comunicaciones”, dice Alcamán. Agrega que si bien esta primera etapa no tiene que ver con contenidos, sino con tomar definiciones sobre cómo se realizarán las reuniones, ya a estas alturas “debiera indicarse claramente qué es lo que se quiere consultar, porque ya hay desconfianza y con todas estas malas comunicaciones, esta desconfianza ha aumentado, por eso es necesario poner toda la información sobre la mesa. Ya no se puede esperar que el proceso sea tan ordenadito como establece el Decreto 66 (que aprueba reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena), y que esta primera parte solamente sea para acordar dónde se va a debatir, cómo se va a debatir, si se van a contratar abogados o qué tipo de asesores. Ya en la primera reunión los dirigentes se cerraron producto de que partió todo muy confuso (…). Yo, que estoy en ese consejo, que me preocupo del tema, estoy desinformado”.
Otro ejemplo es que en la reunión del Consejo Asesor del martes 2 de septiembre, los consejeros –explica Alcamán– estuvieron de acuerdo en sugerir esta “pausa activa” del proceso. “Ahí volvemos al mismo problema. Lo conversamos en el consejo. Quedamos entonces en que el delegado presidencial y el encargado del Plan Buen Vivir aceptaban esta propuesta de hacer una pausa activa, es decir, no se continuaban realizando estos encuentros, pero sí se seguía trabajando en mejorar la metodología, las comunicaciones, hacer una evaluación, es decir, seguir trabajando, pero ya no directamente con la gente, sino que eso se detenía. Cuánto tiempo no se conversó, pero ahora aparece una entrevista a Fabián Salas, donde dice que no hay pausa activa. Entonces, una cosa es lo que conversamos con el delegado presidencial y el encargado del Plan Buen Vivir, que están acá en la región y me está dando la impresión que está habiendo un divorcio, no sé si intencional o no intencional, pero una cosa es lo que dice Santiago y otra cosa es la disponibilidad que hay acá en la región. No me extrañaría porque siempre existen estas discrepancias entre Santiago y las regiones”.
Mantener el sistema
Otras fuentes consultadas por El Líbero que tienen experiencia en la realización de consultas indígenas señalan que en estos procesos siempre habrá críticas porque hay que hablar con todos: “No hay democracia representativa, hay una democracia directa”. Entonces se trata de personas completamente diversas en sus geografías, en sus opiniones, en su tradición, en todo. Además de que se desarrolla en áreas rurales, con sectores de difícil acceso y, coincide, “con mucha desconfianza respecto del Estado”, donde además no se ha explicitado lo que se va a consultar.
“Lo que se está proponiendo es una cosa compleja, no una cosa fácil. Es un cambio radical a la fórmula de entrega de tierras. Entonces no es fácil de entender cómo se van a entregar, a quiénes, en qué forma, en qué plazo, qué se puede hacer con la tierra. Hoy día hay que pensar que no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Alternativas”, plantea la fuente al respecto de lo propuesto por la Comisión para la Paz.
Sin embargo, quienes están familiarizados con el proceso, además, advierten que el problema de fondo entre los voceros de comunidades que se han alzado rechazando la consulta, es otro: “Lo que ellos quieren y lo que ellos buscan es que se detenga la consulta, que las comunidades no conozcan la propuesta, que no reciban la información, no la logren entender, no la logren analizar, no hacen una conversación para aceptarla o mejorarla. Eso es lo que buscan. Tú puedes entregar un cuadernillo con información, pero igual van a estar en contra porque ellos consideran que una propuesta de este tipo lo que hace es destruir su control sobre las comunidades. Ellos saben que la tierra no se va a poder vender, pero lo dicen para que la gente esté en contra. Son personas que se autopresentan como representantes de los pueblos indígenas y de los mapuche de una cierta zona, pero no representan a nadie más que a ellos, por eso ellos quieren evitar que la gente se junte, porque si ellos dijeran ‘mire, no estamos de acuerdo con lo que se está proponiendo’, no hay ningún problema. En la consulta puede plantear que preferirían tal otra cosa. Esto es lo que permite el sistema de la consulta. Entonces, ¿por qué razón no permiten que la gente se junte? ¿Qué sentido tiene no conversar y no permitir que nadie escuche la propuesta? Porque si las comunidades pueden tomar sus propias decisiones, ya no serán sus esclavos”.
Es por ello que algunos entendidos consideran que el punto no es hacer la pausa, pues si se hace o no, en paralelo siempre se podrá ir mejorando los procesos, sino que quienes están en contra del proceso no quieren escuchar nada y solo esperan que el sistema se mantenga. Una postura que, además, se atiza con la desconfianza histórica de las comunidades hacia el Estado.
Se “perdió de vista” el sentido de la consulta indígena
El excandidato a la Convención Constitucional por un escaño reservado, Galvarino Reiman, a través de un escrito, coincide en que la consulta se ha “ideologizado”. En su texto plantea: “Se instaló un discurso, por decir lo menos, populista. Muchos dirigentes tomaron posición de rechazo sin realmente estar informados de las materias a dirimir. Se levantó un discurso diciendo que la medida que propone la consulta es terminar con la recuperación de tierra… Otro discurso populista fue que la Ley Indígenas se va a modificar. Todo lo contrario. Con la consulta misma, en la deliberación, podemos reafirmar los artículos 13 y 20, que no se modifiquen”.
Escribe que ahora la consulta se ha “politizado” de tal manera, “que todos los candidatos quieren sacar su tajada de votos”. Esto, dice, hace que se pierda de vista “el real sentido de la consulta, que es resolver el cuello de botella que tiene Conadi con la aplicabilidad versus recursos anuales, que solo se limita resolver 10 a 15 comunidades por año. O alcanzar un acuerdo especial para destrabar la fila de 1.800 comunidades en un período acotado de 20 años para resolver la demanda con un fondo soberano de 4 mil millones de dólares”.
El informe de la Comisión para la Paz plantea que uno de los problemas más graves y persistentes es la excesiva demora entre el reconocimiento del derecho a la tierra (aplicabilidad) y la entrega efectiva de los terrenos, un lapso que hoy alcanza entre 20 y 25 años. A fines de 2024, 727 comunidades ya contaban con aplicabilidad y otras 1.252 esperaban una resolución por parte de Conadi. Según las proyecciones de la Comisión, cerrar esta demanda podría tomar más de 150 años.
Otra debilidad que se plantea resolver con la consulta es la imposibilidad de las comunidades de administrar los predios que reciben con autonomía. La Comisión propuso que se puedan celebrar contratos de usufructo, arrendamiento, mediería y otros contratos de mera tenencia, sobre tierras de comunidades y de personas individuales mapuche por un plazo de hasta 25 años, cumpliendo con ciertas condiciones. Esto implica que una vez recibida la tierra, los propietarios podrán, por ejemplo, hacer plantaciones, asociarse con otras comunidades, hacer un contrato de arriendo con una empresa forestal y no como pasa ahora que muchos de estos predios terminan “subutilizados o abandonados”.
No obstante, entre los comunicados leídos por quienes se oponen, algunos argumentos en contra van en la línea de que “la consulta en relación al nuevo sistema de tierras tiene por objetivo permitir que nuestras pocas tierras entren al mercado”, señalando que esto atenta contra la “espiritualidad mapuche”.
Los que defienden el proceso señalan que “ellos saben que la tierra no se va a poder vender, pero algunos salen más bien diciendo que se anulan y se eliminan los títulos de merced. Eso no sale en ninguna parte. La situación es totalmente la inversa. Las comunidades que están dentro del proceso, recibirán su tierra en vez de recibirla en 150 años o nunca, en un período relativamente corto. O sea que para ellos es un beneficio. Pero a ellos no les interesa que se lo digan”. Aunque también admiten que “las comunidades comunes y corrientes, los que no están ni a favor ni en contra, tienen miedo al cambio, como a cualquier persona”.
La opinión de Alcamán sobre lo que plantea la Comisión es que “si lo que se pretende es darle curso de una vez por todas, en cinco, siete años, y tener un presupuesto de millones de dólares para dar satisfacción a estas cerca de 2.000 comunidades que están en trámite de aplicabilidad, bueno, cerremos eso y pongámonos al día. Yo estoy de acuerdo en ponerse al día con la compra de tierras que están en proceso. Lo que no estoy de acuerdo es en que se cierre la compra de tierra a título de nada, a título de qué el pueblo mapuche perdería lo único que tiene. Yo no veo voluntad en los grandes agricultores de resolver el problema de la demanda del pueblo mapuche. Entonces, a título de qué el pueblo mapuche va a decir ‘ya, nosotros renunciamos a lo único que tenemos porque lo están pidiendo los grandes agricultores’”.
La incógnita está en si la consulta llegará a buen puerto o si se repetirá la historia de 2019. Pase lo que pase, en opinión de Alcamán ya el hecho de que haya comenzado el proceso es ganancia, porque “se visibiliza al pueblo mapuche. Ahora, si se aprueba o se rechaza, bueno, eso es la voluntad soberana del pueblo mapuche de decidir. Pero de todas maneras, todo esto a mi parecer es positivo. Es aprendizaje”.
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