El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, informó durante su visita a Venezuela que el proceso que ya había sido iniciado pasará a la siguiente fase y que abrirá una investigación formal por la supuesta comisión de violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Nicolás Maduro.

«Se ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma», se lee en el memorándum de entendimiento que fue firmado por Khan, en representación del la CPI, y por Maduro

«Nos guían los principios de legalidad y de Estado de Derecho. Les pediré a todos ahora en este momento, a medida que avanzamos a esta nueva fase, que den a mi despacho, a mi oficina, el espacio necesario para llevar a cabo su trabajo», dijo Khan desde Caracas, luego de firmar el documento.

El hecho de que el régimen de Maduro sea investigado en la CPI por probables delitos de lesa humanidad es una derrota para para el ya cuestionado gobierno venezolano, según el criterio del politólogo Luis Salamanca en conversación con El Líbero.

«Esto puede verse como una derrota más para Maduro, que se suma a las que ya viene teniendo con la extradición de Alex Saab, las revelaciones de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal y las extradiciones que están en agenda. Todo eso pone al régimen en una situación más delicada, más debilitada, por cuanto son flancos abiertos, reales, en los cuales se va a develar la trama de violaciones de tipo legal, tanto desde el punto de vista de la corrupción como desde el punto de vista de las violaciones a los derechos humanos, que ha venido cometiendo Maduro», explica Salamanca.

En criterio del politólogo, durante el juicio «se va a poner sobre el tapete que el Estado venezolano tenía un Estado paralelo en materia de violación de derechos humanos».  Eso dice en referencia a los hechos de violencia perpetrados por parte de cuerpos de seguridad del Estado durante las manifestaciones que protagonizaron los jóvenes venezolanos en 2017 en diversas ciudades de ese país.

«Al régimen se le están minando las bases de sustentación y eso es un  proceso que viene desde hace varios año. Esto es muy importante desde el punto de vista político porque agrega un tremendo elemento. La CPI es la instancia más importante en el mundo en materia penal», advierte el politólogo, en cuyo criterio esto podría llevar al gobierno de Maduro a negociar su salida.

Desde el punto de vista legal el abogado, profesor universitario y director del Monitor de Derechos Humanos, Fernando Fernández, explica lo que implica lo ocurrido ayer, en cuanto al paso de una fase a otra en el proceso dentro de la CPI. «El acuerdo es muy interesante porque pasa de un golpe de la tercera fase de la primera etapa -que se llama examen preliminar-, y la tercera fase se llama ‘Estudio de la complementariedad’, a la investigación y eso tiene implicaciones de toda índole», indicó.

«Este es un asunto histórico, inédito, que nunca había ocurrido, es la primera vez que se da en América Latina y es trascendental para las víctimas. Nunca había ocurrido que frente a un gobernante se le dijera que va a ser investigada su gestión. Es impresionante el acto como tal», aseveró Fernández.

El jurista explica que ahora se abre una etapa donde el estándar de prueba es mucho mayor que en el examen preliminar.

La respuesta del régimen venezolano

El régimen venezolano expresó su desacuerdo ante la decisión de la CPI, luego de que concluyera el examen preliminar de la situación en cuanto al respeto a los derechos humanos en ese país. El gobierno de Maduro insistió en que las denuncias debían ser investigadas y juzgadas por instituciones nacionales. Esto fue desestimado por la corte.

«La República Bolivariana de Venezuela encuentra que no se cumplen los requisitos del artículo 53 (1) del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación», dejó por sentado el régimen de Maduro en el documento.

Reacciones de la oposición venezolana

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como tal por Chile, reaccionó de inmediato ante la decisión de la CPI de investigar los hechos ocurridos durante el régimen de Maduro. Planteó que esta decisión «reivindica el derecho de tener justicia que ha sido denegado en Venezuela para las víctimas».

Carlos Millán, embajador de Guaidó en Chile, tampoco tardó en reaccionar. «La violación de derechos humanos no debe quedar impune», señaló en su cuenta en Twitter.

Chile había solicitado la investigación contra Venezuela en materia de derechos humanos

En septiembre del 2018 un grupo de países, entre los que se incluyó Chile, había solicitado a la CPI que investigara al gobierno Venezuela no solo por los probables crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido en 2017, sino además por los sucesos de esta naturaleza que se hubieren podido registrar el 12 de febrero de 2014

Las otras naciones que se unieron a la denuncia fueron Argentina, Canadá, Colombia, Paraguay y Perú. Fue la primera vez en la historia del tribunal internacional que un grupo de Estados parte del Estatuto de Roma denunciaban a la autoridad de otro Estado miembro.

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