Publicado el 17 febrero, 2021

Karim Khan, el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional que inquieta a Nicolás Maduro

Autor:

Maolis Castro

En junio, el abogado británico asumirá como fiscal de la CPI, y sobre sus manos recaerán diferentes casos, entre ellos las acusaciones de crímenes de lesa humanidad contra el régimen chavista. Para activistas que defienden los derechos humanos en Venezuela, con él podría avanzar la causa contra Nicolás Maduro. “Khan es todo lo contrario a sus antecesores. Es un especialista en Derecho Penal Internacional, que destaca por dedicar su vida a estos temas; y que está extraordinariamente preparado para el ejercicio del cargo”, dice William Cárdenas, presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela.

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El nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) podría dar un giro a la investigación contra el régimen de Nicolás Maduro. El británico Karim Ahmad Khan, elegido el viernes como el reemplazo de la gambiana Fatou Bensounda, es percibido con optimismo por defensores de derechos humanos y opositores al sucesor de Hugo Chávez.

Para el abogado William Cárdenas, presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN), Khan se diferencia de Bensouda y del ex fiscal argentino Luis Moreno Ocampo. “Khan es todo lo contrario a sus antecesores. Es un especialista en Derecho Penal Internacional, que destaca por dedicar su vida a estos temas; y que está extraordinariamente preparado para el ejercicio del cargo”, explica a El Líbero.

Khan, de 50 años, es subsecretario general de las Naciones Unidas. Fue designado por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, como primer asesor especial y jefe del equipo de investigaciones para promover la rendición de cuentas por los crímenes del Estado Islámico.

Según distintas fuentes consultadas, la elección del fiscal de la CPI causó inquietud en Caracas. Cárdenas asegura que Maduro intentó imponer a su candidato, a través de un “lobby” que estaría encabezado por sus aliados en Madrid. “En España, los aliados internacionales del chavismo organizaron una auténtica maniobra, en la que participó el ex juez Baltasar Garzón. Su pareja, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, también intervino. Se trató de toda una caterva de interesados en el triunfo del español Carlos Castresana, que al final era la candidatura de Maduro“, asegura.

Cárdenas indica que el ex juez Garzón habría promocionado la postulación del español Castresana, con el fin de que ganara un candidato favorable al régimen venezolano. “El rival al que todos temían, y especialmente este grupo, era Karim Khan”.

Pero el británico consiguió una holgada victoria: 72 votos de un total de 122 emitidos por los Estados miembros del tribunal. Durante 28 años ejerció como abogado criminalista, además fue consejero de la Reina Isabel II. La ONG Acceso a la Justicia destaca su trayectoria como defensor de víctimas a nivel internacional. Khan actuó en algunas de las principales causas penales internacionales, tanto para la Fiscalía como para la Defensa y las Víctimas. “Ha participado en causas ante la totalidad de los tribunales híbridos o cortes internacionales, en particular la Corte Penal Internacional, el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY), el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR), las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya, el Tribunal Especial para Sierra Leona, el Tribunal Especial para el Líbano, la Misión de la Unión Europea para el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX) y las Salas Especiales de Delitos Graves de Timor Oriental (UNTAET), así como ante la Corte Internacional de Justicia”, indica la ONG.

Sus credenciales son amplias, al punto que llevó causas internacionales complejas en Asia, Europa y África central, oriental, central y occidental. “Es Recorder (magistrado a tiempo parcial) del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, y anteriormente prestó servicios como Fiscal Principal de la Corona en Londres y en la Comisión de Derecho de Inglaterra y Gales. Khan fue Presidente de la Asociación de Abogados de la Corte Penal Internacional (ICCBA) durante el período comprendido entre junio de 2017 y junio de 2018. Al concluir su mandato como Presidente de la ICCBA, Karim fue nombrado primer Presidente Honorario de la ICCBA durante la reunión de la Asamblea General de la ICCBA celebrada en 2018. En julio de 2018 obtuvo el reconocimiento de “Embajador Mundial del Colegio de Abogados de África”, agrega Acceso a la Justicia.

Para Cárdenas el triunfo de Khan golpeó a los aliados de Maduro en España. “Toda esta derrota es contundente de la diplomacia española”, asevera. Se fundamenta en los vínculos de Garzón con el chavismo, quien asesoró al ex jefe de inteligencia del Gobierno de Chávez, Hugo “El Pollo” Carvajal, que estuvo detenido en Madrid y solicitado por Estados Unidos por narcotráfico; y por actualmente defender al colombiano Alex Saab, arrestado en Cabo Verde y acusado de ser testaferro de Maduro.

Pero la diplomacia del chavismo no se reduce a la península ibérica. Haifa el Aissami, enviada por Chávez en 2010 como embajadora de Venezuela en los Países Bajos, realiza lobby constante ante la Corte Penal Internacional y, en ocasiones, se reúne con la actual fiscal Bensouda.

La diplomática chavista es hermana de Tarek el Aissami, acusado de supuestos vínculos con el tráfico de drogas y hasta denunciado por presuntas alianzas con terroristas. “De una manera impropia fue designada también como embajadora de la Corte Penal Internacional. Esta señora ha desplegado unas relaciones muy curiosas de acercamiento, de aproximación tanto con Moreno Ocampo como con Fatou Bensouda”, indica Cárdenas.

Los meses cruciales de Bensouda

Muchos detractores del régimen venezolano observan en la actual fiscal Bensouda una figura “poco fiable”. Aunque abandonará el cargo en junio, algunos expertos en el caso venezolano en la CPI sienten preocupación por su actuación en los próximos meses. El abogado venezolano Cárdenas, radicado en España, considera que su actuación dilató el proceso contra Maduro y además estableció contacto con personeros del gobierno autoritario.

La gambiana es cercana al ex fiscal argentino Ocampo, un simpatizante del kirchnerismo y que rechazó denuncias sobre el chavismo durante su gestión, según conocedores de la figura. “Bensouda tiene conocimiento de lo que pasa en Venezuela desde 2004, desde que era vicefiscal de la CPI, y todavía pide tiempo para tomar decisiones, algo insólito”, explica Cárdenas.

El ex fiscal venezolano Zair Mundaray, quien está en el exilio, recuerda que el tribunal evalúa dos casos respecto al país: Venezuela I y Venezuela II, los cuales no están admitidos. El primero, Venezuela I, señala al gobierno de Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad y ya lleva varios años en la Corte; mientras que el segundo expediente fue introducido por el propio régimen para acusar a Estados Unidos de ocasionar daños al país a través de las sanciones económicas.

Según el abogado, la evaluación de ambos casos provoca que sea más compleja la dinámica ante la CPI. “Venezuela I está en examen preliminar desde 2018 por la comisión de varios delitos del Estatuto de Roma, pero que extrañamente en el informe 2020 pareciera limitarse a las ejecuciones extrajudiciales. No hace mención a las torturas, desapariciones, al delito de persecución, como venía siendo la dinámica desde el informe anteriores (2018 y 2019)”, dice.

Cada final de año la CPI rinde una suerte de Memoria y Cuenta. En 2019, la Fiscalía de la CPI indica, en su informe anual, que se analizaría la admisibilidad de Venezuela. Esto se haría en el primer semestre de 2020, pero posteriormente se pospuso, recuerda Mundaray. “Bensouda debía hacer ese examen en primer semestre de 2020, pero en un informe lo difiere para diciembre, y el informe de 2020, dice que se han cometido crímenes en Venezuela”.

El ex fiscal venezolano, quien fue encargado del área de Actuación Procesal del Ministerio Público de Caracas, proyecta varios escenarios para los próximos meses. “Es preocupante porque muchas voces bien autorizadas acusan a Fatou Bensouda de no haber sido objetiva en la instrucción del caso venezolano, y sigue teniendo en sus manos hasta junio la Fiscalía. Eso hay que visualizarlo. Hay que entender que todos los días que pasan en manos de la actual fiscal es absolutamente impredecible, porque la decisión de ella pareciera no estar remitida a estándares propiamente jurídicos”, detalla.

El abogado observa como probable escenario que la fiscal lleve el caso de Venezuela I a la Sala de Cuestiones Previas, al juez, donde se podría decidir dos asuntos: “Que sí debe admitirse y dar continuidad, momento que estaríamos entrando en una fase de verdadero juicio, o decir que por complementariedad o principio de interés de la justicia no vale seguir el caso y cerrar”.

Considera que la jugada del régimen es adelantar Venezuela II y que se estanque Venezuela I en la Corte Penal Internacional. Para Mundaray la “esperanza” está puesta en el rol del nuevo fiscal, y apuesta porque Bensouda “no tome ninguna decisión” en estos meses. “Ya en este momento se pudieran dictar órdenes de captura, congelación de bienes, entre otras medidas, en contra del régimen. Esto tiene unas implicaciones importantes y estamos muy cerca de ese paso si tenemos un fiscal objetivo y pudiéramos estar muy lejos si tenemos un fiscal que no se aboque a hacerlo como lo ocurrido recientemente, porque ya tenemos un incumplimiento de los mismos términos que se han fijado en la Corte”, relata.

Cárdenas cree que la fiscal saliente pudiera “dejar las cosas como están” y que el caso quede en manos del inglés. “Pero como estamos seguro que está sometida a grandes presiones, y sobre todo ahora que hay un nuevo fiscal, que es independiente e imparcial, no nos extrañaría que tratara de abrir una investigación en falso, culpando a los crímenes de lesa humanidad a subalternos de la FAES (Fuerza de Acciones Especiales), de los cuerpos de policías y seguridad venezolanos, para tratar de sustraer de sus responsabilidades penales a los verdaderos responsables: Maduro, todo su gabinete y camarilla de criminales. Pero eso sería una torpeza porque estos delitos son imprescriptibles y al abrir una investigación va a dar lugar a que nosotros intervengamos, por supuesto, para que se establezcan los correctivos que correspondan. Otro camino podría ser que ella cierre la investigación”, concluye.

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