Si una iniciativa popular de norma, que ya tiene tiempo en fila esperando para ser subida a la web de la Convención Constitucional es publicada hoy, por ejemplo, entonces tendría que sumar más de 700 firmas al día para poder juntar las 15.000 que necesita con el objetivo de tener su pase para ser discutida en el pleno y, de ser aprobada, formar parte del borrador de texto de una nueva Constitución que será votado a favor o en contra en las urnas.

Esos son los tiempos, que día tras día se hacen más cortos, a los que estarán sometidos las propuestas ciudadanas que están en «cola virtual» en la Convención: primero deben pasar por la Secretaría de Participación Ciudadana, que es la instancia donde se revisa su admisibilidad y pertinencia; y luego por la Comisión de Participación Popular, que es donde se aprueba o rechaza esa revisión.

Es tal la congestión de proyectos que a la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, le tocó salir a admitir que recién hace cinco días empezaron a tratar de solucionar el problema: «Las dificultados que ha habido es que no teníamos suficientes abogados y abogadas para hacer eso. Lo resolvimos el día viernes con el aumento de los convenios para poder pedir a las universidades regionales y de Santiago, porque la Convención no tiene un presupuesto muy oneroso. Tuvimos que acudir a la figura de la comisión de servicio o a la buena voluntad y ahora se ha aumentado el número de abogados».

Esa fue la explicación que dio Quinteros a 21 días para que los proyectos que sean puestos en línea reúnan las 15.000 firmas que se necesitan. El plazo vence el próximo 1 de febrero. Cada ciudadano que cuenta con clave única puede votar por un máximo de 7 proyectos. Claro está, requiere el tiempo para poder revisar los textos.

«Ahora ya esta semana tenemos un compromiso con fechas para que las iniciativas populares pasen todas las partes del flujograma, para que sean prontamente publicadas en la página», aseveró la presidenta de la Convención que recién asumió este cargo hace apenas una semana.

Sobre los dichos de Quinteros, el convencional de la UDI, Felipe Mena, señala: «No tengo información de parte de la Mesa o de la coordinación de cuántos abogados se han integrado. Sin embargo, entiendo que esto es una necesidad para evitar este taco o cuello de botella que se ha generado. También en conjunto con otros convencionales hemos puesto a disposición abogados que teníamos como pasantes para poder aportar en el proceso».

 

 

Cretton: «No puede ser que el costo a pagar sea que tengamos una participación de mentira»

A lo que no han dado respuesta desde la Convención es a la solicitud de que la posibilidad de reunir las firmas se extienda a más allá del 1 de febrero. Así lo advirtió el convencional Eduardo Cretton (UDI).

«Hemos presentado varios oficios para que se le otorgue más plazo a las personas que han publicado sus iniciativas y que no han tenido el tiempo de poder juntar las firmas porque no se han publicado», señala a El Líbero.

Cretton es enfático: «Hay falta de capacidad técnica para poder cumplir con la cantidad de normas que están ingresando. El vicepresidente Gaspar Domingo señaló en un medio que para lograr sacar la Convención a tiempo vamos a tener que pagar costos. No puede ser que el costo a pagar sea que tengamos una participación de mentira o que le quitemos tiempo a la sociedad civil de poder presentar sus iniciativas».

El convencional firmó -junto a sus pares Constanza Hube, Katerine Montealegre y Ricardo Neumann– un oficio fechado el pasado 4 de enero y dirigido a la presidencia de la Convención, en el que se solicita informar las razones del retraso en la publicación de iniciativas populares de norma, la transparencia del cumplimiento de los requisitos para el patrocinio de las propuestas, y la pronta solución de este entorpecimiento.

«Del total de las 7.691 iniciativas, a la fecha (4 de enero) solo constan 576 iniciativas populares publicadas en la Plataforma Digital de la Convención Constitucional, existiendo 6.744 en borrador, 76 rechazadas, y 295 iniciativas en revisión1, significando el estado de éstas últimas un impedimento para la ciudadanía de poder tomar conocimiento y apoyar dichas propuestas», denunciaron los convencionales en el oficio presentado a comienzos de enero.

Sobre este punto, agrega Mena: «Es injusto que haya personas que hayan creado su iniciativa popular de norma y no se haya revisado en un tiempo prudente de 48 a 72 horas, porque se le resta el tiempo que ellos tienen para poder reunir las 15.000 firmas».

Y subraya: «Para mí la participación es muy importante en este proceso, le da cierta legitimidad y por lo mismo no puede ser una fachada, tiene que ser de forma impecable y además incidente en la deliberación que tengamos en las distintas temáticas».

Esta semana la Convención rindió cuentas sobre las iniciativas populares

Al lunes de esta semana a las 7:30 de la mañana había un total de 3.008 iniciativas populares de norma que habían sido presentadas ante la Convención y que no estaban publicadas en la página del órgano constituyente. De las 3.876 que habían sido presentadas, solo 868 estaban en línea. La información la dio a conocer la Convención Constitucional a través de un balance que publicó a través de su cuenta en Twitter.

Esto se traduce en que del total de las propuestas populares que habían sido ingresadas en la Plataforma Digital de Participación Popular a esa fecha, solo 22,39% figuraban en el referido portal web.

De acuerdo con el desglose presentado por el órgano constituyente, de las 3.876 iniciativas populares que habían sido presentadas a la fecha, 3.557 ya habían sido revisadas. Sin embargo, de ese total, el 40,7% (1.448) estaban sugeridas como inadmisibles o no pertinentes, por tratarse de proyectos duplicados o desistidos por la Secretaría de Participación a la espera de confirmación de la comisión.

En el caso de la iniciativa popular de norma para asegurar la libertad de emprender y el apoyo a las mipymes que introdujo la Multigremial Nacional, por ejemplo, el texto fue ingresado el pasado 31 de diciembre y figuró en el portal de la Convención 11 días después, el 7 de enero.

¿Será posible disminuir el número de firmas requeridas?

Para el director del Centro de Justicia Constitucional, José Manuel Díaz de Valdés, lo que ocurre es preocupante debido al poco tiempo que quedará para las iniciativas que se publiquen en estos últimos días para poder conseguir las firmas.

«Hay una propuesta de la Comisión de Participación al pleno para bajar el número de firmas, porque muy pocas iniciativas lo van a lograr», señala el constitucionalista.

Advierte: «Hay un tema de expectativas porque las personas pueden pensar que las iniciativas populares obligan a la Convención y no es así, solo obligan a que el pleno las discuta y las vote si logran 15.000 firmas en 4 regiones».

A juicio de la abogada constitucionalista Marisol Peña, quien fue presidenta del Tribunal Constitucional, es preocupante «la cantidad de expectativas  que el proceso de participación popular ha despertado (…), lo que hace suponer que el tiempo límite de un año no alcanzará».

«A menos que los convencionales se conviertan en súper héroes, no se aprecia cómo lograrán sistematizar todas las manifestaciones ciudadanas que, a mi juicio, debieran ser al menos sopesadas, aun cuando no alcancen la barrera de las 15.000 firmas de patrocinantes distribuidas en cuatro regiones distintas», así lo advirtió en la columna titulada ‘Segundo tiempo con jugadores desgastados’, que publicó en El Líbero.

Hasta el lunes eran siete los proyectos que habían alcanzado las firmas necesarias para pasar a ser deliberadas. «Con mi plata no, defiende tus ahorros previsionales», contaba con 31.165 firmas; «Será ley, iniciativa popular de apoyo al aborto», tenía 23.635 apoyos; «Texto sobre la libertad religiosa y de conciencia en la nueva Constitución», sumaba 20.601 rúbricas; «Derecho a la vida» ya había reunido 18.588 firmas; «Derecho a la educación, derecho y deber preferente de los padres y libertad de enseñanza», contaba con 17.330 apoyos; «Banco Central autónomo», sumaba 17.153 firmas, y la «Iniciativa popular por una educación libre y diversa», tenía 17.088 apoyos.

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