Publicado el 16 octubre, 2020

Defensa de Mañalich: “Creemos que evidentemente hay un uso político respecto de la causa penal”

Autor:

Sofía Del Río

César Ramos, abogado penalista, miembro del estudio Albagli Zaliasnik y parte del equipo jurídico que representa al ex ministro Jaime Mañalich señala que están “muy satisfechos con el fallo de la Corte Suprema”. Y señala que el rechazo del libelo en la Cámara puede ser un precedente para el caso: “El mérito de la decisión que rechaza la acusación constitucional fundada en los antecedentes que se revisaron por la comisión creemos que son categóricos y concluyentes para la investigación”.

 

 

Autor:

Sofía Del Río

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El día de ayer, la Segunda Sala de la Corte Suprema resolvió acceder parcialmente a la petición de la Fiscalía Centro Norte, por lo que el Ministerio de Salud no tendrá que entregar la totalidad de los correos electrónicos. Esto, en el contexto de la indagatoria por supuestas deficiencias detectadas en la manera de contabilizar el número de personas fallecidas durante la pandemia, tras una querella presentada por el senador Alejandro Navarro.

Luego del pronunciamiento de la Corte Suprema, tanto el gobierno, a través del ministro de Salud, Enrique Paris, como la defensa del ex titular de la cartera, Jaime Mañalich, liderada por el abogado Gabriel Zaliasnik, se mostraron conformes con la decisión y la valoraron como “positiva”.

El abogado penalista, César Ramos, miembro del estudio jurídico Albagli Zaliasnik y parte del equipo de la defensa de Mañalich, sostiene: “Creemos que, evidentemente, hay un uso político de la causa penal”. 

-Como parte de la defensa del ex ministro Mañalich, ¿cómo evalúan el fallo de la Corte Suprema?

-Nos parece un muy buen fallo. Estamos muy satisfechos, desde el punto de vista de la representación de la defensa de Jaime Mañalich . Más allá de la discusión sobre el carácter secreto de la información por afectar la seguridad nacional, el punto nuestro, como abogados defensores de Jaime Mañalich, era que la solicitud del Ministerio Público era indiscriminada, extensa, demasiado abierta porque abarcaba todo. Ese abarcar todo, que no es una petición voluntaria, no hubo requerimiento de información, estimábamos que no era una medida indispensable. La ley exige que haya sido una medida, una solicitud indispensable y nosotros considerábamos que no.  Observar que en la resolución los correos electrónicos no solamente excluyen a quienes les afecta la seguridad nacional, sino que expresamente se establece que deben estar vinculados a los hechos investigados, nos parece una resolución correcta y nos pone muy contentos.

Lo que nosotros cuestionamos es que decidieron directamente solicitar la incautación, eso es lo extraño. Lo normal que uno ve en las investigaciones es que el Ministerio Público acude a otra disposición legal, que es el artículo 19 y efectúa requerimientos de información, hace peticiones concretas respecto a lo que necesita”.

-Como defensa, ¿cuáles son los puntos más importantes en este fallo?

-Hay dos intereses que acá eran importantes que la Corte Suprema se pronunciara. Uno es si el Ministerio Público podía acceder a información que afecta la seguridad nacional, y el segundo era evaluar si la solicitud del Ministerio Público se ajustaba a la ley. La Corte Suprema tomó postura de las dos cosas. Reprochó una solicitud extensa, sin vinculación a la investigación de todos los correos y también protegió que esa información se vincule a la seguridad nacional estableciendo todos los límites.

-¿Usted cree que este caso va a marcar un precedente en el ámbito investigativo hacia las autoridades?

-Es un importante precedente porque este debate entre Ministerio Público y autoridades, es algo que no se ve mucho, en términos de una controversia que se eleva hasta la Corte Suprema, pero el criterio que fija la Corte Suprema muy importante. Acá no se puede, como se discutió, “salir a pescar”. Acá las solicitudes de entrega de información deben ser para los hechos investigados, deben estar vinculados al objeto de la investigación y, por lo tanto, esta petición de entregar todo por periodos extensos de tiempo es una práctica que debería ser corregida. Lo que nosotros cuestionamos es que decidieron directamente solicitar la incautación, eso es lo extraño. Lo normal que uno ve en las investigaciones es que el Ministerio Público acude a otra disposición legal, que es el artículo 19 y efectúa requerimientos de información, hace peticiones concretas respecto a lo que necesita. Lo anómalo es que el Ministerio Público frente a una autoridad haya procedido con una entrada, registro e incautación sin conocimiento del afectado, saltándose los plazos de anticipación de advertencia de la diligencia, eso es lo extraño.

-Entendiendo que esta querella se da en el contexto de una pandemia, además, con un país polarizado, ¿cree que hay una mirada más política en este asunto?

-Nos llama poderosamente la atención la coincidencia de los tiempos. Es decir, observamos que correlativamente a la discusión de una acusación constitucional, donde aparecen antecedentes filtrados de la carpeta investigativa en los medios de prensa que coincidentemente van alineados con lo que sostienen los acusadores en el Congreso. Estamos también frente a una investigación de hechos que no son constitutivos de delito. Esas coincidencias no pueden ser azarosas, creemos que evidentemente hay un uso político de la causa penal y desde ese punto de vista lo hemos hecho valer, lo hemos declarado. Esta discusión de los correos electrónicos, si se elimina el factor político, es una discusión respecto a información que afecta la seguridad nacional. Entonces, dar un salto que no tiene ningún fundamento entre “los correos que afectan la seguridad nacional no pueden ser revelados” a “están ocultando la información que esconden”, es un salto político que no tienen ningún fundamento ni razonabilidad.

El mérito de la decisión que rechaza la acusación constitucional fundada en los antecedentes que se revisaron por la comisión creemos que son categóricos y concluyentes para la investigación”.

-¿Cuánto tiempo debiera demorarse este proceso?

-Pedimos expresamente la declaración del propio ministro Mañalich y en atención a que estos hechos debieran ser aclarados y desmentidos rápidamente, esperamos que esto no se extienda por largo tiempo. Creemos que la extensión del tiempo no es más que una demostración de la instrumentalización política del caso. Mientras más tiempo está es porque más políticamente se puede usar.

-¿Cómo será la selección de los correos electrónicos? ¿Quién llevará a cabo ese filtro?

-El fiscal en su solicitud tiene una relación de hechos que deberían servir de base para la identificación de correos electrónicos pertinentes. Acá la clave es la pertinencia de la información para los hechos que se están investigando. La actitud de nuestra defensa es colaborativa, en otras palabras, si se cumple la pertinencia de la información que nos solicitan no hay problema en entregarla.

-¿Como defensa creen que el rechazo de la acusación constitucional es un precedente para este juicio penal?

-Para nosotros sí, es un precedente. Creemos que los testimonios que fueron recogidos en la Comisión y los antecedentes son importantes. Sobre todo, la información al inicio de la pandemia, de los sistemas de registro del Ministerio de Salud. Creemos que son antecedentes que debe el Ministerio Público considerar. El mérito de la decisión que rechaza la acusación constitucional fundada en los antecedentes que se revisaron por la comisión creemos que son categóricos y concluyentes para la investigación.

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