Violencia, tráfico de droga, robo madera, robo de vehículos, secuestro y ataques incendiarios son algunos de los delitos que predominan en la Macrozona Sur del país. Sin embargo, los detenidos son pocos y los condenados muchos menos.
Entre las principales víctimas se encuentran los contratistas forestales; que han visto cómo en los últimos cinco años han aumentado en número e intensidad los atentados en su contra: en 2014 sufrieron cinco ataques; en 2020 las agresiones fueron 80 y proyectan que para 2021 las acometidas ascenderán a 90.
«Este año tenemos 7 atentados mensuales y, en promedio, en el periodo 2014-2020 fueron aproximadamente 3,5 atentados mensuales. No es soportable que salgas en la mañana a trabajar y no sepas si vuelves con vida o con un perdigón o una bala en el cuerpo», lamenta René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales AG (Acoforag), en entrevista con Mirada Líbero en Agricultura.
El representante de los trabajadores destaca que estos hechos ocurren «cada vez más con mas violencia». «La verdad es que nosotros no nos explicamos la inacción el Gobierno. El nivel de violencia que se ve acá y la poca acción del Estado para enfrentar este problema, llama mucho la atención».
Muñoz recuerda que hace poco hubo un atentando en Carahue donde resultaron baleados tres conductores forestales: «Los balearon por detrás y hoy tenemos a un trabajador que tiene 140 perdigones en su espalda».
Para continuar mostrando la gravedad de los hechos, Muñoz ejemplifica con el caso del agricultor Hernán Allende (48) y su esposa Delia Flores (49), quienes junto a su hijo fueron víctimas del incendio intencional de su vivienda ubicada en Carahue, durante la madrugada del 19 de septiembre. Un grupo de encapuchados pretendía quemar viva a la pareja, y las causas del suceso fueron asociadas al robo de madera. Producto de las lesiones, Allende falleció el pasado 3 de octubre, mientras Flores permanece con riesgo vital en el Hospital Regional de Temuco. Con esto, Allende se convirtió en el noveno fallecido este año a causa del conflicto que se vive en la zona sur.
«Acá, en el sur, se quemó a un matrimonio vivo. Es la segunda vez que queman viva a una pareja en una casa. Eso es de tal gravedad y de tal magnitud que yo no sé cómo se cuantifica en el Gobierno una acción de esta manera», y agrega: «Nosotros le hemos pedido dos veces audiencia al ministro (del Interior) Rodrigo Delgado y las dos veces se nos ha negado. Somos el gremio mas afectado en términos de este conflicto y no tenemos acceso a conversar con las autoridades».
[LA MIRADA LÍBERO ] René Muñoz sobre violencia en la Macrozona Sur: «Aquí la única forma que se solucione este problema es que primero se implante el orden y el gobierno tiene herramientas para hacerlo». Lo dijo en #LAMIRADALIBERO pic.twitter.com/4R9nfT676N
— El Líbero (@elliberocl) October 6, 2021
«Desde que comenzó esto el año 2000 a la fecha, han habido 32 fallecidos relacionados al conflicto, y vamos en aumento. Este año son nueve y aún así, aquí no hay detenidos», reclama el gerente de Acoforag. «Algo esta mal», y subraya que es grave que no haya mayor colaboración por parte del Poder Legislativo quienes, dice, «están mas preocupados de amnistiar a los detenidos del 18 de octubre, pero nadie se preocupa de los derechos de las víctimas».
Muñoz explica que en la zona «operan en la más absoluta impunidad» agrupaciones como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y la Weichan Auka Mapu (WAM). «Todo el mundo lo sabe, se cometen acciones terroristas, hay comunicados, son adjudicados, hay 4 o 5 grupos, u organismos de resistencia territoriales, y nadie les hace nada, por lo tanto el campo está abierto y, además de los atentados, tenemos el tráfico de drogas, de armas, el robo de vehículos, el secuestro, quemas de casas. Esto es lo que hemos caracterizado como el círculo virtuoso del delito».
Contraloría y el rechazo al decreto del Ejecutivo
La semana pasada, la Contraloría General de la República rechazó el decreto 249, que buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas a cumplir labores de prevención y control de orden público en la Macrozona Sur, una vez terminado el periodo de Excepción Constitucional. De acuerdo con el ente Contralor, en La Araucanía y el Biobío, «el Ejecutivo decidió utilizar un mecanismo que no estaba previsto en el ordenamiento jurídico vigente», ya que las labores de prevención y control de orden público están a cargo exclusivamente de Carabineros y la Policía de Investigaciones.
Para la autoridad de la Asociación de Contratistas Forestales, es indignante la situación, ya que «el decreto fue rechazado por un funcionario administrativo, una persona que está cómodamente sentada en su escritorio, por eso le queremos decir al señor Contralor que venga a visitar un día la Provincia de Arauco, de Malleco o Cautín; que recorra el camino entre Cañete y Tirúa para ver cuáles son las condiciones por las cuales él se niega a entregar alguna potestad para que se hagan patrullajes mixtos».
Muñoz asevera que «es invivible el ambiente que enfrentan los trabajadores en la zona» y por eso concluye: «Nosotros creemos que la única forma para que se solucione este problema es que se implante el orden y que el Gobierno tenga el coraje, la valentía y la voluntad política de hacerlo».