Rocío Cantuarias Rubio. Mamá de 2 hijos y casada. Abogada de profesión y, pese a que toda su vida ha ejercido en el mundo privado y en la academia, decidió aceptar el desafío de ser candidata a convencional luego que un amigo vinculado a la política se lo propusiera. ¿El resultado? obtuvo la segunda mayoría en el distrito 20 que incluye Concepción, ciudad donde vive junto a su familia.

Al momento de conceder la entrevista a El Líbero viene de votar el cronograma en la Convención. No le tiembla la voz, es segura y clara en sus conceptos. “Decidimos acudir a la justicia por el actuar arbitrario de la Mesa Directiva al coartar nuestra libertad de expresión y no permitirnos defender las más de mil indicaciones en la votación de los Reglamentos”, señala.

-¿Qué le parece la resolución de la Corte Suprema de revocar el fallo de la Corte de Apelaciones? Carlos Peña acusó «politización» por parte de la Corte Suprema en su columna del domingo pasado en El Mercurio.

-Carlos Peña puntalmente se pone en una posición que no tiene que ver con el objetivo del recurso de protección, ni el contexto específico de lo que nosotros buscamos con este recurso. No obstante, sí me gustó la refutación que hace Juan Ignacio Correa en una carta de opinión en El Mercurio, ya que la encontré más cercana a la realidad. Ahora bien, cuando llega la revocación del recurso de protección, me puse muy contenta aunque no se aboca al fondo del asunto. Tengo claro que no se pronuncia si existió o no violación a la libertad de expresión, no se pronuncia sobre si las indicaciones tenían que ser con debate o no en la Convención, y no se pronuncia nada sobre el fondo. Sí es una muy buena señal para el Estado de Derecho. Nosotros tenemos normas que hoy nos rigen como la Constitución de 1980 que no está en un estado de congelamiento mientras la Convención trabaje.

-¿A qué se refiere con una buena señal? ¿Es porque el pronunciamiento de la Corte Suprema ocurre justo en el momento que se empiezan a trabajar en los contenidos de la nueva Constitución?

-100%. Es un parelé y que hagamos todo conforme a las normas. Esta resolución yo la veo como una tarjeta amarilla para la Mesa Directiva y su soberbia. Lo interpreto como «señores de la mesa tengan cuidado con las decisiones que vayan a adoptar porque si algún convencional siente que existe una violación del derecho fundamental, nosotros, el Poder Judicial sí lo vamos a admitir a tramitación”. Por lo mismo, cada vez que la Mesa Directiva tome decisiones que a mí parecer o de los convencionales que interpusimos el recurso, son arbitraria e ilegales, el Poder Judicial va a estar atento. Veo una mínima luz de esperanza para que las cosas se hagan bien.

-Esta soberbia que alude por parte de la Mesa, ¿en qué se refleja?

-En querer hacer caso omiso a las normas permanentemente. Lo vimos en querer saltarse los 2/3, la aprobación de los Plebiscitos Dirimentes, incluso con nosotros mismos, la propia Convención. En el Reglamento provisorio que aprobamos dos semanas antes de violarlo y que dice «se aprueban las indicaciones con debate». Y una semana después se argumenta que no hay tiempo y, «como queremos partir el 18 de octubre con la discusión de fondo, mejor no damos el tiempo». Existe una cultura de «echémosle para adelante, después lo arreglamos…». Pues bien, el trabajo de la Convención se tiene que enmarcar en el orden jurídico como lo es para todos los chilenos. Por eso, el recurso sirve para decir «respiren convencionales de izquierda» luego que han pasado la aplanadora durante cuatro meses con las normas vigentes.

-¿En qué se basaron para presentar este recurso y qué es lo que se viene en cuanto a tiempos de respuesta luego que la Corte de Apelaciones notifique a la Mesa Directiva?

-Nuestro recurso está argumentado en base a normas. En nuestro artículo 19, número 12 de la Constitución vigente que fue violado y que apela a la libertad de expresión. Asimismo, al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Fundamentales que consagra la libertad de expresión, fue violado. Y, finalmente, el artículo 8 transitorio que nosotros, los propios convencionales establecimos, donde tiene que existir debate de indicaciones, también fue coartado. En cuanto a los tiempos, no hay un plazo establecido en el autoacordado que regula el recurso de protección ni en la ley. Lo que tiene que pasar ahora es que la Corte Apelaciones le pide un informe a la Mesa. Ahí se da un plazo para que se emita el informe. Y luego devuelven el informe a la Corte y se abre la opción de que existan alegatos. Como mínimo, estimo que esto será en 20 días más.

El trabajo de la Convención se tiene que enmarcar en el orden jurídico como lo es para todos los chilenos».

-En esos alegatos, aparece Rocío Cantuarias, como la representante de los 6 convencionales que firmaron el recurso, ¿Qué significa para usted?

-Me lo tomo con mucha responsabilidad y humildad porque no puedo defraudar a las personas con quienes interpuse el recurso. El alegato tiene que ser muy sólido desde el punto de vista técnico, independiente de los resultados, a pesar de que tengo la convicción de que tenemos la razón.

-¿Por qué fueron tan pocos los que adhirieron si son 37 los convencionales de derecha?  

-No lo sé, Martín Arrau le envió el recurso a los 37 convencionales de derecha para que se sumaran los que quisieran. Desde mi experiencia, puedo decir que algunos incluso me hicieron bullying porque me dijeron que era una “aberración jurídica”. A ver, hay un recurso de reclamación, el 136, que dice que se requieren 39 firmas de la Convención en ejercicio para normas de procedimiento o reclamos. Sin embargo, en la misma Constitución, un poquito más adelante, está el recurso de protección. Entonces, por qué esta “interpretación” de que solo hay uno vigente. ¿Cómo la única forma para hacer valer mis derechos fundamentales va a ser a través de firmas? No. Yo quiero que quien interprete el derecho, sea el Poder Judicial, como lo hace siempre.

-La aceptación de este recurso pareciera ser el único triunfo para la derecha en la Convención al no contar con los votos. ¿Lo cree así? 

-Absolutamente es el único. Y no es un triunfo por temas políticos, sino que técnico por habernos amparado en un derecho que nos da la Constitución vigente. Ahora la invitación es hacer las cosas bien, porque veo un riesgo muy alto que la propuesta de Constitución no quede bien para las ideas de libertad.

-En una carta de Claudio Alvarado del IES en El Mercurio le da el punto a Carlos Peña y advierte sobre el “el protagonismo político de ciertos jueces que dictan sus sentencias contraviniendo expresamente el Derecho vigente”. ¿Qué piensa al respecto y si lo de la Corte Suprema va en esa línea?

-No estoy de acuerdo con que en este caso concreto, los ministros de la Corte Suprema hayan dictado su resolución contraviniendo el Derecho vigente, al contrario, comparto la interpretación  de la Suprema.

-¿Y cree que pueda estar el «peligro» de judicializar la Convención y, en consecuencia, más adelante que alguien acuda a la Corte Suprema para que se hagan efectivos los derechos que se consagrarán en el nuevo texto?

-Hacer exigibles los derechos sociales ante los Tribunales de Justicia, en que el sujeto pasivo de esa obligación sería el Estado, los jueces se verían facultados para exigir de éste prestaciones directas a favor de los demandantes y, por lo tanto, los jueces sí tendrían un rol político preponderante. Esto podría traducirse en una enorme presión para el Fisco, por parte del Poder Judicial e implicaría un profundo cambio en el diseño institucional. Por otro lado, no estoy de acuerdo en judicializar los derechos sociales porque sacamos las aspiraciones sociales del foro político (Congreso y Ejecutivo) entregándoselo a los jueces, quienes van a resolver caso a caso sin tener las competencias técnicas.

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