Consejos Regionales contra el Crimen Organizado: ninguna región cumple con requisito de reuniones mensuales

El proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad fue despachado esta semana y debería comenzar a operar a mitad del próximo año. Su principal función será coordinar un nuevo Sistema de Seguridad y alinear a las instituciones del Estado en torno a una Estrategia de Seguridad. Sin embargo, ya existe un organismo creado durante este gobierno que coordina las acciones de las entidades encargadas de la seguridad.

Tras varias críticas por el manejo de la seguridad del país, en diciembre de 2022 el gobierno del Presidente Gabriel Boric lanzó la Política Nacional Contra el Crimen Organizado, cuyo objetivo era reducir la actividad delictiva de las organizaciones criminales mediante una acción coordinada de las instituciones del Estado.

Entre los principales componentes de esta política se encuentran los «Consejos Regionales contra el Crimen Organizado«, creados en septiembre de ese año mediante la resolución exenta N° 3.743. Estos organismos están encargados de implementar el Plan Nacional en sus respectivas regiones y coordinar las acciones de diversas instituciones contra las bandas criminales. Según quedó estipulado, estos consejos debían reunirse mensualmente.

A dos años de la implementación de la política, El Líbero investigó la labor de estos consejos regionales. Al consultar a las delegaciones presidenciales a través de la Ley de Transparencia, se pudo constatar que ninguna de las regiones que respondieron cumplió con la periodicidad de las reuniones establecida por la resolución exenta del Ejecutivo.

¿Qué son los Consejos Regionales contra el Crimen Organizado?  

Según la resolución exenta N°3.743, los Consejos Regionales contra el Crimen Organizado son una instancia de coordinación cuya misión es “proponer medidas de coordinación intersectorial a nivel regional, entre distintas instituciones participantes, respecto a acciones de prevención, control y persecución del crimen organizado a ejecutarse dentro de sus respectivos territorios, facilitando el intercambio de información y promoviendo acciones conjuntas contra este tipo de criminalidad”.   

En el documento también se detalla que las reuniones serán presididas por el subsecretario del Interior, aunque en su ausencia podrá ejercer esa función el delegado presidencial de la región. También participan de estas instancias las más altas autoridades regionales de Carabineros, PDI, Servicio Nacional de Aduanas, Gendarmería, Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y el Ministerio Público. Puede también participar de forma permanente el Gobernador Regional. También se puede convocar a organismos como el SII, CONAF, SAG, DGAC y el Registro Civil.

Sobre la periodicidad, en el artículo quinto se establece que “los Consejos Regionales se reunirán mensualmente, sin perjuicio de la facultad del Subsecretario de Interior de convocar a sesión del Consejo Regional cuando estime conveniente”.

Regiones donde menos se ha reunido el Consejo 

De las 16 regiones del país, 11 respondieron de forma oportuna a las solicitudes de información respecto a los Consejos Regionales contra el Crimen Organizado. De estas, en tres regiones aún no se ha iniciado la conformación de estos consejos. En tanto, en las ocho restantes no se ha cumplido con la obligación de realizar reuniones mensuales.

A más de dos años desde su implementación, Antofagasta lidera con 19 reuniones, mientras que La Araucanía se encuentra en el extremo opuesto con solo cinco encuentros.

En La Araucanía, según información proporcionada el 11 de noviembre a este diario, la primera reunión se realizó el 30 de marzo de 2023. Las siguientes fueron el 31 de mayo y el 4 de julio de ese año. Luego el 4 de abril y el 10 de octubre de 2024.

En O’Higgins la situación es similar: Hasta información entregada el 11 de noviembre en dos años sólo se registraron seis reuniones. La primera tuvo lugar el 21 de noviembre de 2022, seguida por el 28 de diciembre, el 3 de mayo de 2023, el 30 de enero de 2024, el 7 de marzo y el 26 de junio.

Por su parte, Los Lagos ha convocado siete reuniones desde el inicio de los consejos. La primera fue el 2 de junio de 2023, seguida por el 6 de julio, el 10 de agosto, el 4 de diciembre, el 26 de marzo de 2024, el 12 de junio y, finalmente, el 14 de octubre de este año.

El Líbero consultó a las delegaciones presidenciales por los problemas en la periodicidad de las reuniones, sobre lo cual respondieron desde la delegación de O’Higgins reconociendo que no se ha cumplido la periodicidad establecida en la normativa, afirmando que “esta situación responde a eventos extraordinarios que han demandado atención prioritaria, como inundaciones y emergencias forestales que afectaron significativamente la región. Estas contingencias han limitado nuestra capacidad operativa para mantener la regularidad de las reuniones. No obstante, lo anterior, la mesa técnica ha mantenido una coordinación permanente, permitiendo abordar las materias relacionadas con los acuerdos del Consejo y garantizar el seguimiento de las acciones definidas. Asimismo, estamos implementando un plan de reorganización interna para asegurar la continuidad y frecuencia mensual en un contexto más estable”. 

Regiones donde más se convocó al Consejo 

Entre las regiones que más han convocado los Consejos Regionales, Antofagasta lidera con 19 sesiones realizadas entre 2022 y el 30 de septiembre de 2024.

Le sigue Tarapacá (con 18 reuniones), Biobío (15 sesiones), Coquimbo (14 reuniones), Arica (13 sesiones) y Valparaíso (11 sesiones).

Regiones en donde no se ha convocado el Consejo Regional  

En Aysén, Magallanes y el Maule, en tanto, no se han realizado reuniones pues son regiones que están en la «tercera etapa» de implementación de esta medida.

Si bien desde la Región Metropolitana respondieron a la solicitud, no enviaron el número de sesiones realizadas por el consejo, sino que solo la fecha de la primera y última reunión. 

Por último, desde Los Ríos, Ñuble y Atacama se negaron a entregar información señalando que “no es posible entregar la información ya que mantiene el carácter de secreto al configurarse a su respecto la causal de reserva del artículo 21 No 3, de la Ley No 20.285, esto es: ‘cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública’”.