Al momento de iniciarse en la Convención Constituyente la discusión del texto de la futura Constitución, todo parece indicar que ella no será una Constitución para todos sino, únicamente, para un sector político.
Múltiples señales lo indican. Una y muy decidora, es el contenido de los reglamentos aprobados para el funcionamiento de la Convención. No se trata de textos neutros, adecuados para regular la discusión y aprobación de las normas constitucionales, sino de reglamentos con una fuerte carga ideológica, manifestada, por poner un par de ejemplos, con el carácter plurinacional del Estado como principio constitucional básico, y con el listado de derechos a tener en cuenta por la Comisión sobre Derechos Fundamentales para elaborar su propuesta al Pleno.
Declarar el carácter plurinacional del Estado de Chile es una de las materias constitucionales más delicadas y relevantes, pero no es una decisión que tenga que adoptar y ni siquiera figurar como orientación en el reglamento de la Convención. Y lo mismo ocurre con los derechos fundamentales. Incluir o excluir un derecho entre los que la Constitución reconozca y proteja, no es materia del reglamento. No corresponde al mismo indicar qué derechos deben ser tenidos en cuenta por la Comisión sobre Derechos Fundamentales y menos, negarse expresamente a incluir alguno, como ha ocurrido con la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos. Es cierto que esta exclusión de una libertad y un derecho tan importantes, no impide, aunque dificulta, su aparición en el texto constitucional, pero es indicativa de la ideología estatista que guía a la mayoría de los convencionales.
Otra señal a tener en cuenta para temer el carácter excluyente de la Constitución es el pensamiento de los convencionales que lideran los grupos que conforman la mayoría de la Convención. No es un misterio conocerlo pues sus ideas en materias constitucionales aparecen en libros de su autoría publicados hace años, como es el caso de Fernando Atria o Jaime Bassa, y en el caso de otros convencionales, figuran en tantas declaraciones a la prensa o intervenciones dentro de la Convención.
No se trata, por consiguiente, de suponer antojadizamente intenciones en la mayoría de los convencionales, sino de aceptar que serán coherentes con las ideas de ellos conocidas y que, hasta ahora, guían su trabajo en la Convención, cuando llegue el momento de aprobar el texto de la futura Constitución.
La nueva Carta Fundamental, temo, no será la Constitución de todos, sino de algunos, razón por la cual es ilusorio esperar que la inmensa mayoría de los ciudadanos la sientan como algo propio. Será, además, apta para que gobiernen los sectores políticos que hoy se empeñan en su aprobación, pero inadecuada para la labor de gobierno de quienes no comparten la ideología que la inspira. Y esto es algo muy grave para una democracia pluralista en la cual la alternancia en el poder debe producirse en un marco constitucional que permita a unos y otros gobernar.