La reciente elección presidencial y de parlamentarios ha puesto a la Convención ante los límites constitucionales que enmarcan su funcionamiento, algunos de los cuales ella ha procurado eludir. Me refiero, especialmente, al quórum de dos tercios para aprobar las normas de la nueva Constitución, y al plazo que tiene para cumplir su tarea.
Es sabido que en el reglamento aprobado por la propia Convención y que regula el procedimiento a seguir por las Comisiones y el Pleno en la elaboración del texto constitucional, se incluyó una fórmula que busca eludir la exigencia de aprobar todas las normas de la nueva Constitución por los dos tercios de los miembros de la Convención.
Esa fórmula, conocida como la de los plebiscitos dirimentes, permitiría someter a la votación de la ciudadanía los artículos que no alcanzaron dos tercios de aprobación entre los convencionales, sino únicamente tres quintos. Y si fueran aprobados en tal plebiscito se incluirían en el texto de la nueva Constitución.
Pero, como lo saben los integrantes de la Convención y sus directivos lo tienen muy presente, esa fórmula de los plebiscitos dirimentes exige una reforma al artículo 133 de la Constitución, artículo incluido en el capítulo XV de la Constitución vigente y que como todas las reformas a este capítulo requiere ser aprobada por los dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio.
Y a la luz de esta exigencia cobra todo su relieve el resultado de la reciente elección que ha renovado en su totalidad la Cámara de Diputados y parcialmente el Senado. Ni en una ni en otra cámara del Congreso Nacional los sectores políticos que dominan la Convención, tienen al presente y menos lo tendrán a partir del 11 de marzo en que asumirán los nuevos parlamentarios, los votos para aprobar una reforma constitucional que introduzca los plebiscitos dirimentes que anhela la mayoría de la Convención, ni tampoco alargar el plazo de funcionamiento de la misma más allá de un año.
No es extraño, entonces, que el lenguaje y la actitud de los convencionales después de la elección del 21 de noviembre haya cambiado. Una muestra son las declaraciones de Jaime Bassa, el vicepresidente de la Convención. Se señala, ahora, que es necesaria una actitud de mayor apertura y diálogo entre los convencionales, sin la cual no podrá alcanzarse la mayoría de dos tercios de los miembros de la Convención para que una norma sea incluida en el texto que se presentará a la aprobación de la ciudadanía en el plebiscito de salida.
El nuevo escenario del Senado y de la Cámara de Diputados debiera, entonces, resultar beneficioso para la tarea, ardua, de alcanzar acuerdos dentro de la Convención Constituyente. La mayoría de esta sabe ya que a partir del 11 de marzo de 2022 no contará en el Congreso Nacional con una mayoría de dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio que le habría permitido alterar las reglas de funcionamiento de la Convención. Ni plebiscitos dirimentes, ni rebaja en el quórum de aprobación de las normas de la futura Constitución, ni un aumento en el plazo de funcionamiento de la Convención, serán ya posibles. Lograr acuerdos es ahora la tarea.