Al momento de escribir estas líneas, las elecciones que se desarrollaron el fin de semana aún no tenían lugar, lo que implicaba dosis no menores de incertidumbre, en términos de los niveles de participación en este segundo hito del proceso constituyente y de la correlación de fuerzas que exhibirá la Convención Constitucional. Si bien la realización paralela de otras elecciones inevitablemente contribuirá a que se pierda el foco en la de convencionales -a pesar de que ésta sea, por lejos, la más trascendente- más temprano que tarde el país aquilatará la importancia de la misma. 

El primer indicio de los efectos de la elección que comentamos será la forma en que la Convención acometa su primera gran tarea, la elaboración de su Reglamento. En efecto, si quienes resultaron electos están dispuestos a trabar un diálogo constructivo con sus adversarios, ello se traducirá en un tono y disposición acordes con el desafío que enfrentan. Si, por el contrario, los convencionales exhiben intransigencia y estridencia en la defensa de sus convicciones, ello redundará en una muy trabada discusión del referido Reglamento.

Sin perjuicio de la envergadura del desafío, el proceso constituyente cuenta con dos poderosos aliados que contribuirán a que se logre avanzar, a pesar de los obstáculos mencionados. El primero de ellos es el repudio que cuatro de cada cinco electores expresaron respecto de la Constitución de 1980 en el plebiscito de octubre pasado, hecho político que elevó a niveles exorbitantes el precio de un eventual fracaso de la Convención (puesto que un escenario así dejaría al país en el peor de los mundos, con una carta repudiada por la ciudadanía, y con los representantes mandatados para sustituirla habiendo fracasado en concordar otra). 

El segundo aliado del proceso constituyente ha sido la dramática disfuncionalidad que han exhibido varias de nuestras instituciones políticas en el último tiempo. En efecto, la verdadera anomia que ha caracterizado a algunos de los más importantes entes constitucionales del país ha transformado al proceso constituyente en una de las últimas opciones para superar un estado de cosas insostenible.

Establecido lo anterior, para que el proceso llegue a puerto será crucial que los convencionales no sólo aboguen por sus ideas, sino que entiendan que su trabajo incluye el advertir cuándo cabe ceder para llegar a acuerdos. Para que ello ocurra, se hace necesario rehabilitar el valor y la importancia de los acuerdos en una democracia. Esto, porque la propia idea de los acuerdos en el ámbito político se encuentra sumamente desprestigiada en Chile. Todo indica que el fuerte rechazo que predomina en vastos segmentos de la ciudadanía respecto a los acuerdos se remonta a los inicios de la transición, cuando se acuñó la expresión ‘democracia de los acuerdos’ para justificar una forma asimétrica -y, por tanto, distorsionada- de llegar a los mismos, puesto que, si ellos no ocurrían, la regla por defecto era la favorecida por los herederos políticos de la dictadura militar. Como ese escenario es radicalmente diferente al que enfrentarán los convencionales constituyentes (donde habrá simetría puesto que, a falta de acuerdo, no regirá por defecto ninguna norma), están dadas las condiciones para hacer finalmente las paces con la importancia de los acuerdos en democracia.

Deja un comentario

Cancelar la respuesta