Publicado el 29 junio, 2021

[Columna Constituyente] Emilio Pfeffer: Estado de Derecho y Reglamento, la importancia de la primera señal

Profesor de Derecho Constitucional, miembro de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y Director de Diario Constitucional. Emilio Pfeffer U.

Un sentido de responsabilidad histórica exige que la propia Convención explicite desde el momento mismo de su instalación que fue convocada con un único y excluyente fin: redactar una nueva Constitución Política.

Emilio Pfeffer U. Profesor de Derecho Constitucional, miembro de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y Director de Diario Constitucional.
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Se dice que en Chile las reglas se cumplen, que impera un Estado de Derecho, que los órganos del Estado, sus titulares o integrantes someten su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y que existen mecanismos institucionales para hacer efectiva la responsabilidad y sancionar a quienes transgredan el orden jurídico.

¿Es cierta hoy esta afirmación, que ayer nadie discutía?

La interrogante parece pertinente no solo por la apreciación generalizada de que el Estado está ausente en parte del territorio nacional al comprobar que su acción ha resultado totalmente ineficaz para enfrentar la insurrección en La Araucanía. También porque asistimos -de un tiempo a esta a esta parte- a un desfonde institucional donde el Congreso Nacional y la Presidencia de la República no han sabido -del todo- encauzar su acción dentro del marco constitucional.

Ya no llama la atención la permanente intromisión de los parlamentarios en la esfera legislativa exclusiva del Presidente de la República, no sólo para establecer tributos (impuesto patrimonial a los “súper ricos”, a la minería bajo una nueva fórmula de royalty para gravar la extracción de cobre y litio), o para a través de regulaciones transitorias -bajo el resquicio de una inconstitucional reforma constitucional- autorizar el retiro de los fondos previsionales y, lo que es más grave, bajo el eufemismo del “adelanto de rentas vitalicias” imponer una carga manifiestamente inconstitucional a las compañías de seguro y, con total desprecio del valor del contrato, privarlas de parte de su patrimonio, lo que nunca antes se había visto en nuestra historia constitucional. Cuando se nacionalizó la gran minería del cobre el constituyente de 1971 se preocupó especialmente de establecer que el Estado indemnizará a las transnacionales afectadas, lo que en esta oportunidad ignoró absolutamente confiscando patrimonios ajenos con grave afectación del valor de la certeza o seguridad jurídica.

Por cierto, una regla contenida en el texto primitivo de la Constitución de 1980, derogada por la negociada reforma constitucional de 1989 habría impedido tan indeseada práctica institucional, desde que establecía que cesará en el cargo de diputado o senador el parlamentario que, ejerciendo la función de presidente de la respectiva corporación o comisión, haya admitido a votación una moción o indicación que sea declarada manifiestamente contraria a la Constitución Política por el Tribunal Constitucional, y que extendía igual sanción a los autores de la moción o indicación respectiva.

A su turno, el Presidente de la República no ha tenido la convicción suficiente para defender sus prerrogativas frente a la indebida intromisión parlamentaria en sus facultades legislativas limitándose solo a anunciar requerimientos ante el Tribunal Constitucional o a formalizar otros de un modo fallido. Incluso más, la recurrente designación de parlamentarios como ministros de Estado, unido a interpelaciones y acusaciones constitucionales acordadas en la Cámara de Diputados -las más de las veces improcedentes- ha contribuido a desnaturalizar el régimen presidencial que, en el hecho, ha mutado hacia un parlamentarismo de facto.

En el contexto referido -donde se aprecia un quebranto progresivo del Estado de Derecho y una acción de los órganos colegisladores alejada del marco institucional en materias relevantes-, no debiera llamar la atención que algunos convencionales electos -en número no menor, bien organizados y que se arrogan la “Vocería de los Pueblos”-, pretendan autoproclamarse soberanos y desconocer que fueron convocados para un único y trascendente cometido –redactar una nueva Constitución-, reclamen la liberación de los presos de la revuelta y mapuches que sin fundamento alguno califican como “presos políticos”, llamen a desmilitarizar La Araucanía, a suspender las expulsiones supuestamente ilegales de inmigrantes, junto a un extenso pliego de peticiones que exceden, con mucho, el trascendente, pero único encargo recibido. Claramente la de aquellos no es una acción que denote solo ignorancia del rol para el cual fueron elegidos.

Es cierto que tan extrema posición ha sido transversalmente criticada, con excepción de la izquierda radical, pero tales declaraciones no bastan frente a la grave amenaza que conllevan para la institucionalidad, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Un sentido de responsabilidad histórica exige que la propia Convención explicite desde el momento mismo de su instalación que fue convocada con un único y excluyente fin: redactar una nueva Constitución Política y que en ejercicio del poder constituyente derivado o instituido respetará las reglas y los límites que la rigen, lo que no solo deberá quedar consignado en el reglamento que, con el quórum de 2/3 habrá de dictar, sino también a partir del juramento, promesa o declaración individual de cada uno de sus integrantes que revele explícitamente el claro compromiso que en tal sentido asumen.

De otro modo surgirá de inmediato un halo de sospecha, un clima de desconfianza sobre el rol que cumplirá la Convención lo que le restará legitimidad a su actuar, pero, además, una ambigüedad tal contribuirá a debilitar aún más nuestro alicaído Estado de Derecho y el valor de la seguridad jurídica. De allí la importancia de la primera señal.

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