“Los cambios materiales, políticos y sociales que Chile y el mundo están enfrentando han sido y seguirán siendo vertiginosos. Como gobierno hemos asumido estas nuevas realidades y demandas. Por ello es que en base a la diversidad política y generacional de las distintas trayectorias de esta coalición de gobierno, hemos ido construyendo una síntesis: un proyecto que defiende y profundiza la democracia, le da estabilidad y certidumbre al país, abriendo camino hacia una sociedad más justa e igualitaria. Esta es la esencia de mi gobierno, la que nos va adaptando a los nuevos escenarios que enfrentamos”, dijo el Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública de 2024.
Sin embargo, aquella profundización de la democracia no se ha visto reflejada en los hechos. Eso al menos refleja el estudio de la Fundación Ciudadanía Inteligente, que hizo un balance del cumplimiento de las promesas legislativas del programa de gobierno, el cual arrojó un nulo avance en el ítem Democracia.
El 0% de avance se repitió en otros ejes programáticos con los que este gobierno llegó al Poder: tampoco hay avances en Cultura ni en lo relativo a Pueblos Originarios. Defensa tampoco tiene movimiento. En total, son 105 promesas legislativas sin desarrollo, por lo que el avance, en general, llega a 38%.
“Nos preocupa que a escasos meses de terminar el gobierno no se cuente con avances concretos en áreas críticas, como los Pueblos Originarios, la Defensa y la Democracia, que fueron puntos fuertes durante su campaña electoral», dice a El Líbero Josefina Correa, coordinadora de incidencia de Ciudadanía Inteligente.
Democracia: cinco promesas sin progreso
En el ítem Democracia, la fundación identificó cinco proyectos del gobierno que no sólo no han visto la luz, sino que tampoco han comenzado a desarrollarse.
Uno es la ley de participación integral de niños, niñas y adolescentes, que fue parte de la promesa del Programa de Gobierno de Apruebo Dignidad, sin embargo, no se ha presentado un proyecto de ley para crear esa norma.
Según el documento, esa iniciativa estaba enmarcada en el objetivo de “superar nuestra democracia de baja intensidad y avanzar hacia una democracia plena, con pleno respeto de los derechos civiles y políticos de todas las personas, incluyendo plenamente a grupos sociales históricamente invisibilizados y a los que no se les reconoce su ciudadanía de forma efectiva”.
Otro proyecto sin avance fue el prometido refuerzo a la legislación sobre participación ciudadana, “especialmente la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Primero, reforzaremos la obligatoriedad de la constitución y el buen funcionamiento de los Consejos de la Sociedad Civil (Cosoc). Además, extenderemos su alcance a los gobiernos regionales y a los demás poderes del Estado”. La tercera iniciativa era mejorar la ley de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias (19.418), “para empoderarlas y así aumentar su incidencia en los asuntos públicos de sus territorios”. Nada ha sucedido al respecto,
La profundización de los lineamientos de educación cívica (ley 20.911) para fortalecer la cultura participativa en el país, especialmente para dirigencias sociales y la ciudadanía, tampoco ha visto movimiento legislativo, así como tampoco la ampliación de los derechos políticos de chilenos residentes en el extranjero, “resguardando la protección frente a vulneraciones de sus derechos sociales y civiles, fortaleciendo su vinculación con consulados y otros servicios del Estado y creando condiciones para que puedan retornar al país, cuando así lo deseen”.
Al respecto, Correa opina que «este año el gobierno tiene la oportunidad de remediar su ausencia en el debate e impulsar con fuerza una agenda que fortalezca y potencie a la sociedad civil, particularmente a través de una reforma a la ley 20.500, que fue uno de los principales compromisos asumidos por el Ejecutivo en tiempos de campaña».
Pueblos Indígenas: cuatro promesas paralizadas
En este tema, que incluso fue intenso en el marco de la Convención Constitucional en 2021, el gobierno no ha avanzado nada. Había cuatro promesas y ninguna de ellas se ha siquiera empezado.
Eran la creación de una nueva institucionalidad de participación y consulta indígena (que iba de la mano a implementar lo que acordara una nueva constitución); incorporar las iniciativas autónomas de salud intercultural en el Sistema Nacional de Salud, adecuar la legislación sectorial minera en materia de aguas y la que regula las concesiones de energía geotérmica (Ley 19.657), “para garantizar los derechos de agua de las comunidades indígenas aledañas a las faenas mineras y geotérmicas”; e impulsar la plurinacionalidad. “Un elemento trascendente de nuestro Plan de Gobierno es el reconocimiento de la plurinacionalidad en todo el territorio, lo que incluye la perspectiva intercultural que nos permite comprometernos con la autodeterminación, la integridad, la cultura y la lengua de todos los pueblos como un derecho, en un marco de respeto mutuo”, decía el programa.
Cultura: sin luces del 1% del presupuesto
Las tres principales propuestas de campaña relativas a la cultura fueron muy aplaudidas por el sector, que principalmente apoyó la candidatura de Gabriel Boric. Sin embargo, a un año de dejar La Moneda, ninguna ha comenzado su camino en el Congreso.
La más importante planteaba “aumentar el presupuesto del ministerio al 1% del presupuesto de la nación en el próximo gobierno, y la reestructuración de los fondos de cultura como único mecanismo de financiamiento. Buscamos asegurar las condiciones necesarias para que el ecosistema cultural se desarrolle de forma orgánica. Proponemos modificar leyes sectoriales para contar con nuevos, mejores y más pertinentes mecanismos de financiamiento, que permitan la estabilidad y planificación de la gestión, abandonando la lógica concursable e integrando la realidad actual de cada uno de los sectores”. No obstante, el avance en este ítem es 0%.
Lo mismo sucede con el envío de la ley de artes visuales y una nueva ley de archivos.
Se comprometieron siete iniciativas para Defensa, pero ninguna tiene avance
Defensa acumuló siete promesas, donde hay cero completadas, cero en proceso y siete sin progreso.
Las iniciativas eran “fortalecer el control civil sobre el financiamiento y ejecución presupuestaria de las Fuerzas Armadas, otorgando mayores atribuciones de auditoría, supervisión y fiscalización al Ministerio de Defensa, al Congreso Nacional y a la Contraloría General de la República”, sin embargo, según la fundación, no hay ningún proyecto de ley del Ejecutivo en esa línea.
También quedaron en estatus de promesa el crear una agencia civil de compras y adquisiciones militares, terminar con el secreto de las juntas de selección y apelación de las FFAA; y reformar la gestión documental de la información, que es diferenciado en relación con el resto de la administración del Estado. La idea era resguardar “solo documentos calificados como secretos, siendo la generalidad de ellos traspasados al Archivo Nacional”.