“Tipo de novedad: visita de autoridad, asesor ministra de Justicia”. Así comienza el “informe de novedades” emitido por Gendarmería para reportar la visita del abogado Juan Pablo Ciudad Pérez a Celestino Córdova, en el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Vilcún. 

Ciudad acudió al establecimiento penitenciario el 4 de abril de 2022 a las 17:00 horas. Se reunió con el machi condenado a 18 años de cárcel por el delito de incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, y también con su vocera Cristina Romo Peralta y con su esposa Luisa Marilaf Millaleo.

El documento que resume lo sucedido, figura entre los anexos entregados junto a la acusación constitucional presentada contra la exministra de Justicia Marcela Ríos que, además de la responsabilidad en el otorgamiento de los indultos concedidos en la víspera de Año Nuevo, se fundamenta en el otorgamiento de beneficios penitenciarios y traslados por parte de Gendarmería de Chile a ciertos presos de la Macrozona Sur contra lo que establece el ordenamiento jurídico vigente. 

En la descripción del evento, se indica que “a la hora señalada se constituye en dependencias del Centro de Educación y Trabajo de Vilcún, el jefe de asesores de la ministra de Justicia, profesional Juan Pablo Ciudad Pérez. Dicha autoridad arriba a la unidad especial a bordo del vehículo fiscal PPU HBRZ-33”. 

Continúa el escrito relatando que “minutos más tarde ingresa la vocera del interno condenado Córdova Tránsito, señora Cristina Romo Peralta y la señora Luisa Marilaf Millaleo. Todos ellos se entrevistan con el señor Director Regional Coronel Renato Montecinos Lavín, quien se encontraba en visita inspectiva en la unidad especial y el Jefe de Unidad, Teniente Primero Jorge Rojas Herrera. Posterior a ello la comitiva se dirige al interior de la zona interna, particularmente a cabaña Nº 1 en donde se encontraría el condenado Córdova Tránsito siendo entrevistado por profesionales pertenecientes al INDH”.

Y concluye la descripción: “Las autoridades tanto del Ministerio de Justicia y del INDH mantienen reunión con el penado y las voceras en el interior de la cabaña Nº 1”. 

Los polémicos dichos de Ríos sobre Córdova

El encuentro de Ciudad con Córdava ocurrió en la previa del Consejo Técnico del 29 de abril de 2022 en el que se aprobaron los permisos de salida dominical y trimestral para el machi. 

“Debe advertirse que la exministra de Justicia y Derechos Humanos tenía bastante claro lo que estaba ocurriendo con Celestino Córdova, como queda en evidencia en el Informe de Novedades evento Nº2206893 del Teniente Primero de Gendarmería de Chile”, dice la acusación constitucional presentada por diputados de Chile Vamos el 9 de enero y que está previsto que se vote en la Cámara el próximo miércoles 25 de enero.

La reunión también se dio un mes antes de la entrevista concedida por la exministra Marcela Ríos a El Mercurio el 8 de mayo de 2022, en la que al ser consultada sobre si consideraba a Córdova como un «preso político» o un «homicida», Ríos respondió: «No me compete pronunciarme respecto de la calificación específica que tengan los casos. Creo que como Estado tenemos un conflicto con el pueblo mapuche que genera conflictividad y que genera protestas». E insiste: “No me compete estar calificando el estatus de cierto preso”.

Tales dichos generaron una oleada de críticas y al día siguiente, en el Senado, Ríos tuvo que salir a aclarar: “Respecto del caso de Celestino Córdova, tanto para este ministerio como para esta ministra, se trata de un preso común, que está condenado por un homicidio».

«Se me preguntaba sobre una dicotomía, una falsa dicotomía, la respuesta iba en línea con plantear el respeto a los fallos judiciales. Pero en ningún caso, y quisiera reiterar eso, en desconocer la condena de 18 años de esta persona por homicidio e incendio», dijo entonces la socióloga.

Juan Pablo Ciudad, el asesor del subsecretario de Justicia

Por la visita de Juan Pablo Ciudad al CET de Vilcún la ministra debió responder ante el Congreso. 

Ríos fue citada por la Comisión Especial Investigadora sobre Funciones de Resguardo de la Seguridad y Orden Público Interno y Persecución de la Delincuencia el 13 de septiembre. Y allí el diputado Diego Shalper (RN) le preguntó por “el rol que desempeña el señor Juan Pablo Ciudad, asesor de su gabinete y que visita condenados mapuches que ejercen huelgas de hambre y otras medidas de presión en cárceles del Biobío y de La Araucanía, qué rol juega y si actúa por mandato suyo o no”.

Ríos afirmó que Juan Pablo Ciudad no era asesor suyo, sino del subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, quien tiene a su cargo el servicio de Gendarmería. “El señor Juan Pablo Ciudad tiene bajo su responsabilidad la interconexión con Gendarmería de Chile y, por lo tanto, se reúne con distintas personas privadas de libertad y visita todos los centros penitenciarios del país”, explicó la exministra. 

En el portal de Transparencia, Ciudad aparece con el cargo de asesor del gabinete del subsecretario de Justicia desde el 11 de marzo de 2022, con una remuneración bruta de $5.099.778. 

Ciudad contra la “militarización del Wallmapu”

Al igual que el subsecretario Gajardo, que es militante del Partido Comunista, Ciudad también está vinculado a esa colectividad. Fue candidato a diputado por el PC en las elecciones parlamentarias de 2021, compitiendo en el Distrito 8 (Región Metropolitana). 

Entrevistado por El Desconcierto, al ser consultado sobre los puntos fuertes que defendería de ser electo diputado, Ciudad contestó: “Lo primero: liberación inmediata a los presos de la revuelta, a través de la aprobación de la Ley de Indulto”.

Sobre la situación de La Araucanía el abogado también tiene sus opiniones. Estaba en contra del estado de excepción en esa región, pues consideraba la medida como la “militarización del Wallmapu”, según se puede ver en un tuit que publicó el 3 de noviembre de 2021, a propósito de la muerte de una persona tras un enfrentamiento entre comuneros y personal de la Armada.

El estado de excepción en la Macrozona Sur fue dispuesto por el expresidente Sebastián  Piñera el 13 de octubre del año 2021 y renovado en 9 ocasiones por el Congreso Nacional hasta el 26 de marzo del año 2022. El Presidente Gabriel Boric lo retomó el 17 de mayo de 2022 y se ha mantenido vigente hasta la actualidad. Actualmente se encuentra aprobado hasta el 28 de enero de 2023. Y ha sido renovado en 16 ocasiones. 

Con respecto al “wallmapu”, el gobierno también tuvo que evitar continuar usando la expresión. Tras la molestia de políticos argentinos, la exministra del Interior Izkia Siches debió disculparse por su uso. 

Los cuestionados beneficios intrapenitenciarios

Además de los indultos informados el 30 de diciembre y concedidos a 13 personas: el exfrentista Jorge Mateluna, que ya había sido indultado antes y otros 12 condenados por delitos como saqueos, incendio y homicidio frustrado; entre los que se incluye a Luis Castillo, con 26 causas judiciales y cinco condenas; Ríos es acusada constitucionalmente por su falta de control jerárquico en el otorgamiento de beneficios penitenciarios. De acuerdo con el libelo la exministra no ejerció las funciones y atribuciones que le entrega el ordenamiento jurídico “para corregir los actos ilegales de Gendarmería de Chile”. 

“Ilegalidades” que habrían quedado de manifiesto, ejemplifica el texto, en beneficios concedidos al propio Celestino Córdova y a los otros condenados por el asesinato de los Luchsinger Mackay: José Tralcal Quidel y Luis Tralcal Coche. También de Víctor Llanquileo, condenado a 21 años de cárcel y trasladado a un CET aunque no cumplía con la fecha mínima de postulación, que corresponde al 27 de octubre del 2023. Además de que una vez en el CET amenazó de muerte a un sargento a cargo de la custodia.

El documento también recuerda el traslado a un CET de dos presos en la cárcel de Angol; luego de que hubiese un atentado incendiario en el que dejaron un lienzo con amenazas al alcaide del CDP de Angol y tras la firma de un acuerdo entre un representante del lonco de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, y el entonces director regional de Gendarmería, Juan Navarrete.

La decisión de los Consejos Técnicos de Gendarmería

Dice la acusación que Gendarmería, al ser un órgano dependiente y centralizado, se encuentra sometido al control jerárquico de la ministra de Justicia –ahora el ministro Luis Cordero–. El abogado Pablo Urquízar, a cargo del texto, en su presentación ante la Comisión de la Acusación Constitucional a la exministra Ríos, apuntó que pese a la irregularidades advertidas Ríos no hizo “nada” y en cambio “actuó como si fuera la ministra de Bienes Nacionales con respecto a Gendarmería”. 

La decisión de los traslados a los CET de los condenados postulantes depende de su disposición al trabajo, capacidad de reinserción social, motivación al cambio y antecedentes psicológicos, sociales y de conducta, dichas características son ponderadas por un Consejo Técnico que se reúne –puede ser una o dos veces al mes o ser convocados de forma extraordinaria– en cada centro penitenciario y se toma la decisión. 

Consejos Técnicos que suelen tener cinco integrantes todos relacionados con Gendarmería. Allí participa el jefe de la unidad penal, el jefe operativo, los encargados de las áreas laboral y educacional y el jefe del área técnica que es el encargado de entregar los antecedentes del área psicosocial.

Éste jefe técnico es quien responde si los detenidos tienen una conducta tendiente al delito, si tiene conciencia de que cometió un crimen y si hay riesgo de reincidencia. En el caso de Córdova y de los Tralcal su opinión fue “desfavorable”. 

Fuentes ligadas a Gendarmería explican que la evaluación de los Consejos Técnicos se hace en tres dimensiones: trabajo, escuela y conducta psicosocial. Pero en el caso de los internos de origen mapuche las dos primeras dimensiones son difíciles de aplicar puesto que existen normativas internacionales que determinan que si las opciones de educación y trabajo disponibles en las unidades penitenciarias no se ajustan a su cosmovisión no se les puede obligar a participar de estas actividades. 

Mientras que en el aspecto técnico, explican, por lo general no hay un reconocimiento del delito puesto que lo observan desde una lógica política y ellos mismo se catalogan como “presos políticos”.

Sin conciencia del delito

El Consejo Técnico que aprobó las salidas dominicales y trimestrales de Córdova se reunió el 29 de abril de 2022. Para ambas solicitudes la única opinión desfavorable fue la del jefe técnico, quien señala que Córdova “no reconoce participación del delito por el cual cumple condena; no presenta problematización al no reconocer participación, respecto de conciencia del mal causado. Dada la naturaleza, gravedad del delito y la connotación nacional del caso por el cual cumple condena el Sr. Córdova, la temática de conciencia del delito y del mal causado, es imprescindible”. 

Algo similar ocurre con José Tralcal Coche, quien “no exhibe un reconocimiento del delito y su participación en el mismo”, de acuerdo con el encargado técnico que analizó sus solicitudes de salida dominical y trimestral en el Consejo Técnico del 22 de marzo de 2022. Y sobre Luis Tralcal Quidel el encargado técnico argumentó que su factor de actitud pro criminal se mantiene en un riesgo medio, y respecto a la conciencia del daño causado, “refiere reconocimiento del mal ocasionado a los hijos de la familia afectada, aun cuando, no presenta reconocimiento de su participación en los hechos por los cuales se le condena”. En ambos casos la recomendación fue “desfavorable” para otorgar los beneficios. Al igual que con Córdova, el encargado técnico fue el único en contra. 

La “influencia” del Ministerio de Justicia

Al ser consultadas personas relacionadas a Gendarmería sobre cuál es el rol del Ministerio de Justicia en estas decisiones, prefieren responder fuera de micrófono, pero aseguran que la injerencia existe. 

“Si me pregunta si estos Consejos Técnicos tienen algún tipo de influencia del Ministerio de Justicia sin duda que sí, porque no se pudiesen dar (los beneficios) si no se tiene el piso político para tomar una decisión que se sabe va a ser altamente cuestionada”, afirman.

Explican que “el jefe de la unidad o el director regional no puede decir ‘saquen a este sujeto con beneficio’, eso no, porque los Consejos Técnicos son entes multidisciplinarios de carácter autónomo… pero en la práctica aquellos delitos de alta connotación, de internos que tengan un precedente que signifique que lo que vaya a definir ese Consejo Técnico pueda generar una atención mediática y pueda generarse un problema comunicacional, esos casos se hacen obviamente con la venia de Justicia”.

Otra fuente coincide en que esa injerencia de las autoridades ocurre “más de lo normal, más de lo común”.

Agregan que “un caso emblemático es el de Angol, cuando los internos salieron con beneficio de la unidad de Angol al CET de Angol todos supimos que la llamada fue del Ministerio de Justicia ordenando al coronel Navarrete, que en ese entonces firmó un acuerdo con los comuneros… Nunca el coronel Navarrete pudo ser citado en la comisión de la Cámara de Diputados porque si él hubiese ido a la comisión hubiese tenido que declarar que la instrucción que se le dio fue directamente del ministerio. Evidentemente, el llamado siempre va a ser del ministerio hacia Gendarmería porque los organismos técnicos normalmente hacen los informes en consecuencia a la aceptación del interno de su culpabilidad y eso muy rara vez ocurre”.

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