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Publicado el 08 de octubre, 2018

Carnet de la patria, el “mecanismo de apartheid” de Maduro que aumenta la ola migratoria

Autor:

Emily Avendaño

La discriminación que se produce como resultado del uso de este mecanismo, hace que más venezolanos deban salir de su nación. Para quienes no tienen el documento se hace virtualmente imposible el acceso a alimentos y medicinas subsidiados, transferencias directas de bonos gubernamentales, y poder contar con servicios públicos y programas sociales.
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Emily Avendaño

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En diciembre de 2016, el Presidente Venezuela Nicolás Maduro anunció la implementación del carnet de la patria. En ese entonces los alcances y objetivos de este mecanismo no estaban bien delimitados. Pero a medida que se avanzaba en su puesta en marcha se fue sabiendo que ese documento de identidad, con código QR incluido, lo abarca prácticamente todo: desde la entrega de las cajas de alimento subsidiado –conocidas como CLAP–, el acceso a pensiones de vejez; hasta la compra de gasolina barata.

Ahora, de acuerdo con las cifras oficiales, 17.056.736 venezolanos están carnetizados en este sistema, en un país que tiene 31,5 millones de habitantes. Sin él es virtualmente imposible el acceso a alimentos y medicinas subsidiados, transferencias directas de bonos gubernamentales, y poder contar con servicios públicos y programas sociales. En la práctica, en medio de una economía hiperinflacionaria -la inflación acumulada hasta agosto era de 34.680,7%, mientras que la anualizada entre agosto 2017 y agosto 2018 se registró en 200.005%- no tenerlo, dicen quienes conocen el sistema, es “una sentencia de muerte” en un país donde el Estado es el único importador de bienes y proveedor de servicios.

Alejandro González es un abogado chileno que vive en Venezuela hace casi 40 años. Es especialista en Derecho Constitucional y forma parte del Bloque Constitucional, una organización formada por jueces y magistrados eméritos del Poder Judicial, profesores universitarios en cátedras de derecho, Presidentes de Colegios de Abogados, así como otros profesionales del Derecho. González denuncia que el carnet de la patria es una herramienta que utiliza el gobierno de ese país como una “herramienta de apartheid” que cumple una doble función: control electoral y control socioeconómico.

“En los últimos tres procesos electorales realizados en Venezuela, se instalaron ilegalmente unos toldos rojos. La gente una vez que votaba debía dirigirse a esos puntos y presentar el carnet, allí eran escaneados y el gobierno sabía, en tiempo real, cuánta gente había votado y en dónde. Eso le permitía organizar su maquinaria y, mediante estrategias de coacción, movilizar a quienes aún no habían salido a sufragar”, explica el abogado.

Por otro lado, la dominación social la ejercería a través de los consejos comunales, organizaciones que González compara con los Comités de Defensa de la Revolución que se fundaron en Cuba en la década del sesenta. “Estos grupos hacen funciones de inteligencia social, ellos son quienes controlan la entrega de las cajas de comida. Identifican a los no titulares y si no tienes carnet te señalan como enemigo. Ese tipo de presión en los sectores populares potencia y explica la migración forzosa. El carnet de la patria es una herramienta digna del más perfecto régimen autoritario”, asegura.

Para registrarse en este programa, hay que responder preguntas como: sector donde vive, teléfono celular y fijo, nivel de instrucción, ¿tiene mascota?, ¿le falta alguna pieza dental?, ¿es discapacitado?, ¿está desempleado?, ¿conoce el nombre de su consejo comunal?, ¿ha acudido a un CDI? (centro de diagnóstico integral de la Misión Barrio Adentro), ¿recibe bolsa de comida?, o si se es beneficiario de la Misión Vivienda. Y desde que empezó formalmente su implementación, en febrero de 2017 se han entregado a sus portadores bonificaciones tales como: Niño Simón (por el Día del Niño, en alusión a Simón Bolívar), Independencia, Victoria de Carabobo o de Lealtad a la Revolución.

El último anuncio alusivo al carnet tenía que ver con que ahora la gasolina pasará a cobrarse a precios internacionales, salvo para los portadores del instrumento. En Venezuela el combustible está fuertemente subsidiado. El observatorio Global Petrol Prices afirma que en el país caribeño es donde se vende la gasolina más barata del mundo. El valor de un litro de bencina del más alto octanaje no alcanza siquiera el centavo de dólar y con lo que cuesta un litro en Colombia, en Venezuela se podría llenar el tanque de 700 vehículos medianos.

“La gasolina y los hidrocarburos deben colocarse en precios internacionales para que se acabe el contrabando hacia Colombia. He aprobado el subsidio directo a todos los dueños de vehículos privados y públicos”, alegó Maduro en un mensaje televisado. “Aquellos que no estén inscritos deberán pagar el combustible a precio internacional”, agregó.

El sistema fue denunciado ante la OEA

El instrumento fue denunciado durante el 169 período de sesiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de Estados Americanos. En la sesión del 4 de octubre Eduardo Trujillo, representante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), dijo que existe un “uso discriminatorio del instrumento llamado carnet de la patria”, que en la práctica vulnera los derechos a la seguridad social, alimentación, trabajo, salud, educación, derechos políticos, entre otros.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social también cuestionó esta herramienta, al denunciar la agudización de la crisis humanitaria. Marco Antonio Ponce, coordinador de la organización no gubernamental, precisó además que a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), las Redes de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS) y el carnet de la patria, el gobierno ha consolidado y perfeccionado su sistema de represión, intimidación, discriminación, persecución y control político a la población. “La inacción, intransigencia e indolencia del Estado están destruyendo la calidad de vida y el futuro de todos los venezolanos”, expresó.

Finalmente, las organizaciones de la sociedad civil que participaron en la audiencia exigieron al Estado el cese la exigencia del carnet de la patria como requisito para cobrar la pensión o acceder a cualquier otro derecho, por ser un mecanismo de exclusión y discriminación.

Ante estas críticas, el representante del Estado venezolano Larry Davoe respondió: “El carnet de la patria es para unificar todos los programas de beneficios sociales. Es como ocurre en todos los países, es necesario registrarse para obtener el beneficio”.

“Niños sin patria”

El viernes en la CIDH se abordó el tema Derechos de personas migrantes y refugiadas venezolanas en la región. El éxodo forzado sería una de las consecuencias de la aplicación del carnet, según el Bloque Constitucional de Venezuela.

Durante la audiencia, la abogada colombiana Laura Pedraza, parte de una coalición de universidades que trabajan el tema de la crisis migratoria, advirtió que hay 15.709 niños venezolanos con riesgo de quedar en situación de apatridia. “Nacieron en Colombia, sus padres son venezolanos, pero no son residentes colombianos legales. Según la Constitución colombiana estos niños no adquieren la nacionalidad colombiana si sus padres no son residentes legales de ese país. Se cree que en un año podrán ser 500 mil niños que pudieran quedar en situación”, relato el abogado Julio Henríquez, coordinador legal internacional del Foro Penal, que estuvo presente en el encuentro.

La falta de documentos de niños y adolescentes en Brasil también es compleja. Sin pasaporte, los padres no pueden solicitar una residencia temporal y deben procesarlos por refugio, peticiones que son más complicadas de aprobar. Esto ha hecho, que muchos venezolanos sigan su recorrido hacia el sur, en países como Ecuador, Perú y Chile es más sencillo formalizar su situación migratoria.

En Chile, nada más 2017, según los datos oficiales de la PDI, entraron y se quedaron 117.098 venezolanos. Según Acnur, 5.000 personas abandonan cada día Venezuela y la ONU cifra en 2,6 millones la cifra de venezolanos en el exterior del país.

“Lo central fue el interés de parte de la comisión de que se tomen acciones conjuntas, que el tema sea tratado de manera regional y no que cada país tome sus decisiones por cuenta propia. Reconocimiento de la vulnerabilidad, en particular de los niños y el aumento de las cifras de personas en manos de redes de trata de blanca”, dijo Henríquez.

Las organizaciones de la sociedad civil recalcaron que desde hace siete años la CIDH pide visitar Venezuela y ahora que el Estado se abrió a la visita de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, solicitaron que se abran las puertas a una comisión de esta instancia. A eso el Estado respondió que Venezuela está en proceso de abandonar la OEA por lo que han privilegiado la relación con la ONU.

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