“A nadie le van a quitar la propiedad sobre su vivienda, a nadie le van a quitar sus fondos de pensiones. La propiedad está muy bien protegida en la Nueva Constitución”.
Así concluye el video promocional del borrador de nueva Constitución que hizo la abogada Constanza Salgado Muñoz; académica y asesora del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia (Segpres).
El video, de un minuto y medio, fue publicado en la cuenta de Twitter @apruebaxchile, con el siguiente mensaje.
“La doctora en derecho, especialista en derecho constitucional y de propiedad, Constanza Salgado; nos explica cómo la propiedad está muy bien protegida en la Nueva Constitución. ¡Infórmate y comparte!”
Asesora de Segpres: “La nueva Constitución protege la propiedad en términos amplios y robustos”
“La nueva constitución, al igual que la constitución vigente; protege la propiedad de todas las personas en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Con excepción de los bienes comunes inapropiables como el agua, el aire, las playas”, sostiene la asesora de Segpres en la pieza audiovisual.
A su vez, Salgado asegura que “comparativamente; la nueva constitución protege la propiedad en similares términos a la constitución alemana o francesa. Es decir, en términos amplios y robustos”.
La abogada también niega una serie de “mitos” sobre el texto redactado por la Convención Constituyente.
“No es cierto que se expropiarán los fondos de pensiones. A nadie le quitarán sus fondos de pensiones. De hecho, la Convención rechazó la iniciativa que pretendía nacionalizar los fondos de pensiones”, asegura.
La académica explica que si el Estado quiere expropiar los fondos de los trabajadores tendría que pagar el mismo monto; “lo que no tiene mucho sentido”.
Otro supuesto “mito” que aborda es que no habría derecho a la casa propia. «Falso. La Constitución protege la propiedad de todas las personas. Las personas que tienen vivienda propia se verán protegidas por el derecho a propiedad. La nueva constitución, además, consagra el derecho a la vivienda; que es un derecho social que no está reconocido en la constitución vigente”.
Las funciones de la asesora Segpres que gana $1,8 millones
Tan pronto asumió el gobierno de Boric en marzo, Constanza Salgado fue contratada como “asesora especializada” en la División de Estudios de la Segpres.
Su contrato tiene vigencia por todo el año, y su sueldo es de $1,8 millones. Sus funciones consisten en “elaborar informes técnicos sobre aspectos de la discusión constitucional; que pudiesen impactar en la eventual implementación del texto de nueva Constitución”.
También le corresponde “diseñar y elaborar estudios sobre políticas públicas, propuestas normativas y otros aspectos específicos de la realidad nacional; que pudiesen impactar en el programa de gobierno y de los demás análisis de la realidad nacional que le sean requeridos”.
Además de esa función pública, Constanza Salgado, doctora en derecho de la Universidad de Edimburgo, es profesora de derecho constitucional en la Universidad Adolfo Ibáñez.
El instructivo de Contraloría sobre el plebiscito
La postura del Presidente Boric y del gabinete de apoyar públicamente la opción Apruebo llevó a la Contraloría a emitir en mayo pasado un instructivo.
El documento, de carácter obligatorio, establece las directrices para los funcionarios públicos sobre el plebiscito del 4 de septiembre.
Tanto el Presidente como las ministras de Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, y la vocera, Camila Vallejo; habían señalado que el Gobierno “no es neutral” respecto del proceso constituyente.
Pero la Contraloría es concluyente en que “las autoridades y servidores públicos no pueden valerse de sus empleos para favorecer o perjudicar alguna de las alternativas consultadas en esta oportunidad. Ya sea directamente, o a través de las tendencias o partidos políticos que las apoyan”.
“El Ejecutivo no puede asumir, en el ejercicio de la función pública; una posición sobre la materia que será objeto de consulta en este nuevo proceso eleccionario”, sostiene la entidad.
“Atendido todo lo expuesto, los cargos públicos que sirven autoridades, jefaturas y funcionarios deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad; sin emplear los medios institucionales para favorecer o perjudicar alguna de las posiciones plebiscitadas”, estableció la entidad fiscalizadora. Ademas, indicó que las campañas deben ejecutarse «con la debida imparcialidad”.
Coautora con Fernando Atria
Salgado bien podría calificarse como una “discípula” del abogado constitucionalista Fernando Atria, quien además es constituyente.
En su cuenta de Twitter le ha dedicado más de 100 tuits a difundir el pensamiento de Atria. Además, ambos son coautores junto a Javier Wilenmann del libro “Origen, desarrollo y solución de la crisis constitucional”.
El texto señala que “hoy la política democrática no sólo está neutralizada para modificar parte del modelo de la dictadura; sino que se encuentra neutralizada para actuar en general”.
Por lo que los autores “entienden que esta tiene como fin, no como medio, alcanzar amplios acuerdos con todos los sectores políticos, lo que ha llegado al punto de afectar la capacidad de agencia básica del Estado”.
“La Constitución tramposa prohíbe al Estado declarar que es parte de su función realizar derechos fundamentales; incluido el derecho a la seguridad social. Por ello, la infraestructura estatal, que existe para eso; será utilizada sin cobrar a los ciudadanos por ese servicio”, dicen los abogados.
Atria y Salgado, además, son coautores de diversas columnas de opinión en El Mostrador, donde critican el Tribunal Constitucional; y las “trampas” de la Constitución actual.
Constituyentes responden a la asesora de Segpres
El constitucionalista Bernardo Fontaine le replicó a la asesora de Segpres que “mientras los funcionarios de gobierno hacen una campaña institucional por el apruebo; la ciudadanía espontáneamente se la juega por el rechazo”.
Fontaine agrega que, “para defender lo indefendible, la asesora dice que la Convención rechazó nacionalizar los ahorros previsionales. Pero eso nunca se votó. Lo que se rechazó es que la constitución nueva garantice que los trabajadores sean dueños de sus ahorros”.
Su colega constitucionalista, Roberto Vega, también criticó a la funcionaria de Segpres.
«Se pierde la prescindencia política que debe mantener el gobierno; y se desconocen una serie de temas y discusiones que se dieron en la Convención», afirma Vega.
Como ejemplo, señala que el texto «protege la propiedad, pero hace desaparecer el derecho de aprovechamiento de agua a miles de agricultores; sin pago de ningún tipo de indemnización».
Roberto Vega explica que el borrador tampoco asegura que habrá mejores pensiones, ni establece la propiedad sobre los ahorros de los fondos de pensiones.
«No se mejora la salud; sino que se limita el acceso a la clase media a prestadores privados al existir un sistema público de cotización obligatoria. Ello, porque traspasa a todos los chilenos al sector público de salud», concluye el constitucionalista.