Estado Intermedio” es el “conejo del sombrero” que sacó hace algunas semanas la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, para intentar enfrentar el terrorismo y los fuertes hechos de violencia que sacuden a la Macrozona Sur.

El concepto, inexistente en la actual legislación, buscaba hacer calzar la intransable negativa del gobierno del Presidente Gabriel Boric a utilizar el Estado de Excepción Constitucional, con la necesidad de desplegar las Fuerzas Armadas en las regiones de la Araucanía y el Biobío para apoyar a Carabineros en el resguardo del orden público.

Desde que asumió el actual gobierno y dejó de renovar el Estado de Excepción en la zona, los hechos de violencia en general se han disparado en 171%, las usurpaciones en 400% y los atentados se extendieron de 22 a 36 comunas, según un documento preparado por la Multigremial de la Aracanía. A eso se suman las amenazas de grupos terroristas como la CAM contra el Estado de Chile.

El vuelco en 180 grados del gobierno

Pero anoche, en un verdadero baño de realidad, el gobierno dio un vuelco en 180 grados en su estrategia inicial y decidió aplicar el mecanismo de Estado de Excepción Constitucional de Emergencia contemplado en la Constitución.

La propia Izkia Siches, flanqueada por la titular de Defensa, Maya Fernández, el líder de Segpres, Giorgio Jackson, y figuras del oficialismo como el timonel del Partido Comunista, Guillermo Teillier, hizo el anuncio.

«Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas, decretando Estado de Emergencia para el resguardo de la rutas de la provincia de Arauco y Biobío en la Región de la Araucanía (sic), para permitir el libre tránsito de las personas, el abastecimiento y la ejecución de las políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos territorios», dijo Siches.

De esa forma, ella misma le puso una lápida al proyecto de “Estado Intermedio”, iniciativa que había ideado hace semanas; haciéndole pagar un alto costo político al Gobierno y al Presidente Boric.

Ello, porque los entonces diputados Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Camila Vallejo, junto al Frente Amplio y el Partido Comunista; fueron férreos opositores a la presencia de las FFAA en la Macro Zona Sur.

En cada una de las nueve veces que el Gobierno del Presidente Piñera solicitó al Congreso la prórroga del Estado de Excepción, los ex parlamentarios la rechazaron.

Incluso, Vallejo llegó a advertir que desplegar las FFAA en la Araucanía «es permitir la guerra y el derramamiento de sangre”. Más tarde, ya como ministra designada, el 8 de marzo aseguró que «no vamos a extender el Estado de Excepción en el Wallmapu. El gobierno de Gabriel Boric quiere una solución distinta y no repetir la misma receta que apunta a la militarización de la Araucanía«.

Vallejo preparó el «deceso» del proyecto de Siches

Si bien la propia ministra del Interior había reconocido hace días que su proyecto no solucionaba “los problemas de fondo”; y que sólo era para “asegurar las rutas y contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas”, la que dio las primeras luces de que el gobierno terminaría desechando la iniciativa fue la vocera Camila Vallejo.

Reconociendo el escenario adverso que enfrentaba el proyecto de “Estado Intermedio” en el Congreso, donde no contaba ni siquiera con los votos del oficialismo; ayer al mediodía señaló que no descartaban usar “las herramientas que tenemos actualmente vigentes en la Constitución».

Ello, en referencia al Estado de Excepción que durante casi medio año aplicó el gobierno del Presidente Piñera en Biobío y la Araucanía; y que permitió que se redujeran en un 45% los hechos de violencia, un 8% los atentados incendiarios y en un 73% las usurpaciones, según los reportes del entonces gobierno.

Y es que el proyecto que impulsaba la ministra Siches ya estaba agonizando desde sus inicios, al menos por tres razones.

Las insalvables diferencias políticas en el oficialismo

La primera. Para ser aprobado en el Congreso, el proyecto de reforma constitucional necesitaba 93 votos en la Cámara de Diputados y 30 en el Senado, con los que el gobierno no contaba. De hecho, las dos coaliciones que conforman el oficialismo estaban en posiciones antagónicas.

Guillermo Teilier dijo ayer que “no nos parece que es el momento para que las FFAA de nuevo se inmiscuyan en este conflicto político. Nosotros creemos que los militares no debieran salir, si es que se acordara traspasarse al territorio del pueblo mapuche”.

Desde la DC, en tanto, el senador Matías Walker afirmó que “la inacción no es opcion. Es una señal de debilidad ante las amenazas de la CAM”.

Mientras, el senador Fidel Espinoza (PS) sostuvo que «llegamos a un punto de no retorno, donde si no tomamos acciones y comenzamos a caminar por una senda de estado intermedio; con límites poco definidos, no vamos a parar la delincuencia».

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) emplazó al gobierno: «Es importante dar señales más integrales, que no sea sólo más o menos militares o sólo para custodiar carreteras”.

En la centroderecha, en tanto, la visión predominante era que el Ejecutivo tenía que utilizar las herramientas vigentes y no seguir dilatando la decisión. “El gobierno no se atreve a hacer cumplir la ley. Tiene el instrumento constitucional a mano y con efecto inmediato pero sus propios socios del PC gobernante no lo permiten”, decía el senador Luciano Cruz-Coke.

Las discrepancias que instaló Siches en el mismo gobierno

La segunda razón es el rechazo que el proyecto de Siches generó al interior de sectores amplios del Ejecutivo. Fuentes de gobierno sostienen que era inviable política y técnicamente, que era muy difícil de aprobar y más complejo aún, de implementar. Además, no tendría impacto alguno, porque sería sacar militares “sin dientes” a custodiar algunas rutas principales, como la 5 Sur, y no los caminos por donde ocurren más actos de violencia.

Incluso, dicen estas fuentes, el «Estado Intermedio» podría haber sido aprovechada por los grupos más extremos que no dudarían en buscar provocar a las FFAA; con el fin de generar incidentes con heridos e incluso muertos.

Fuentes del gobierno aseguran a El Líbero que en Palacio había mucha crítica a la sobre exposición innecesaria del Ejecutivo por temor al PC; firme detractor al Estado de Excepción. A lo que se suman «desgastes para conseguir votos que nunca estuvieron». Advierten que anoche se anunció algo que «pudo haberse hecho hace tres semanas mitigando los costos políticos. Otro lamentable error político de la ministra Siches».

El rechazo en las FFAA al “Estado Intermedio” de Siches

La tercera razón es que en los altos mandos de las FFAA había unanimidad en que el proyecto era “deficiente y ambiguo”; pues confundía los roles de las FFAA con las policías.

Esta postura era compartida con la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, quien habría transmitido esos resquemores a La Moneda.

Entre las principales falencias que detallan estas fuentes a El Líbero está que los mandos militares quedaban en manos de un “civil”, tarea que le debería competer a un oficial, como comandante, coronel, general o almirante, en el caso de la Armada.

Ello haría lenta e ineficiente la toma de decisiones, e ineficaz el rol de los militares en la zona, a costo público netamente militar; porque ante la imposibilidad de actuar, las FFAA quedarían como ineficientes.

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