“Sólo podremos atendernos en el IPS (Instituto de Previsión Social). Monopolio obligatorio estatal”.
Ese fue el tuit que escribió el economista Bernardo Fontaine, y que desató la molestia del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Una de las grandes críticas a la reforma previsional es que hace desaparecer el sistema de administración de fondos de pensiones, para traspasar todas esas funciones a una entidad estatal única.
Según anunció el Presidente Gabriel Boric, dicha reforma contempla que la “atención para los afiliados, la recaudación, cartolas, las cobranzas y el pago, estarán a cargo de un Administrador de Pensiones Autónomo (APA), un ente de carácter público”.
En tanto, Alejandra Cox, presidenta de la Asociación de AFP, plantea “que no hay evidencia de ganancias posibles a partir de una centralización en un monopolio estatal”.
Cómo operan el IPS y las AFP
El actual sistema de pensiones tiene dos actores: el IPS y las AFP. El primero es estatal y entrega más de 2,6 millones de pensiones al mes por $558 mil millones (US$620 millones).
Dichas pensiones contemplan la Pensión Garantizada Universal (PGU), pensiones básicas, de invalidez, de ley especial y del sistema antiguo de reparto (ex cajas de previsión), que operó hasta 1980. En esta última categoría hay 550 mil personas.
Las AFP, en cambio, entregan alrededor de un millón de pensiones a quienes han cotizado bajo el actual sistema de capitalización individual. Además, gestionan 11,5 millones de cuentas de ahorro previsional, y han pagado mas de 15 millones de beneficios estatales.
A lo que se suman 118 millones de atenciones presenciales, US$200 millones de herencias pagadas, la gestión de 631 mil solicitudes de pago de deuda de pensión de alimentos, y de 31 millones de solicitudes de los tres retiros de los fondos previsionales.
La Superintendencia de Pensiones ha aplicado dos multas al IPS en 10 años
Ambas entidades, las AFP y el IPS, están sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones. En el caso del IPS, está afecto a la fiscalización desde 2008 cuando la Presidenta Michelle Bachelet creó la Pensión Básica Solidaria.
Según la información publicada por la superintendencia, en 2013 el Instituto de Previsión Social recibió dos sanciones por 600 y 300 UF. Ese fue el último año que recibió una sanción. Es decir, suma nueve años sin ningún proceso sancionatorio.
Las causas fueron “incumplir reiteradamente las instrucciones impartidas por esta superintendencia para regularizar los problemas detectados en sus procesos de cobranza”. Así como infringir las normas del sistema de pensiones respecto del procedimiento de reevaluación de beneficiarios de pensiones básicas solidarias de invalidez.
Superintendencia no inició proceso de sanción por demora del IPS en el pago de 400 mil PGU
En agosto hubo una fuerte polémica por el atraso del IPS en el pago de la PGU a más de 400 mil beneficiarios.
La denuncia la realizaron la alcaldesa Evelyn Mathhei, la exministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, además del jefe comunal de Puente Alto, Germán Codina y la exsubsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Balladares, junto a adultos mayores.
Sobre esa denuncia no hay registros en la superintendencia de iniciar algún proceso de investigación o fiscalización.
216 sanciones a las AFP
Pero si la Super de Pensiones con el IPS ha tenido “mano blanda”, con las AFP ha sido todo lo contrario.
Ello, ya que desde 2013 les ha aplicado 216 multas por más de 115 mil UF. En promedio, al año son más de 20. Eso significa 214 sanciones más que al IPS.
Las causas son variadas: irregularidades en la acreditación de las cotizaciones, incumplir la obligación de informar a la superintendencia los contratos de distribución, o “falta de diligencia y cuidado” en el uso de los datos personales.
Así como no fiscalizar a empresas contratistas, efectuar labores de comercialización sin personal autorizado y tener dilaciones injustificadas en dar respuesta y cumplimiento de las instrucciones impartidas por esta Superintendencia.
Especialista en previsión: “Sorprende la asimetría de sanciones”
A Alejandro Charme, especialista en previsión social, le «sorprende la asimetría de sanciones entre las AFP y el IPS, considerando que resultan ser más eficientes las administradoras privadas para la entrega de las prestaciones que el organismo público, tomando como ejemplo la última PGU, donde hubo retraso en el pago de las pensiones.».
A su vez, señaló que es «entendible que en 2008 no estuviera la cultura de que un organismo público fiscalice y sancione a otro organismo, pero hoy debiera estar en el ADN del fiscalizador. Más aún si se pretende establecer un sistema predominantemente público en la reforma de pensiones».
Charme agrega que «la asimetría es evidente en las sanciones que cursó la superintendencia a dos AFP por 3.500 UF y 2.000 UF en el proceso de retiros previsionales, que ha sido ampliamente reconocido como eficiente por todos los sectores, versus un IPS que no ha pagado la PGU en forma y que ni siquiera se le ha formulado cargos».